La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, específicamente a través de su Cuarto Despacho, ha decidido intensificar las diligencias preliminares vinculadas a la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias. Este proceso involucra directamente al mandatario José Jerí y al ciudadano chino Zhihua Yang. Bajo la dirección de la fiscal provincial Diana Mayra Paico Guevara, se han ordenado diversas acciones tácticas para clarificar los pormenores de, al menos, dos encuentros realizados fuera de la sede oficial del Ejecutivo, hechos que han generado una notable crisis institucional.
El expediente fiscal se sustenta en revelaciones periodísticas que exponen reuniones clave: la primera tuvo lugar el 26 de diciembre de 2025 en un restaurante de comida china (chifa) en el distrito de San Borja; la segunda ocurrió el 6 de enero de 2026 en las instalaciones de Market Capón, un local perteneciente a Yang. Cabe destacar que este último recinto fue clausurado por la autoridad municipal el mismo día en que se produjo la visita del jefe de Estado, situando ambos eventos bajo la lupa de posibles gestiones irregulares.
Como parte de la estrategia para conseguir elementos de prueba tangibles, la fiscal Paico Guevara ha dispuesto la recolección urgente de grabaciones de seguridad. Estos requerimientos de material audiovisual han sido dirigidos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Distrital de San Borja y el propietario de un inmueble privado en el mismo distrito. El objetivo de este análisis es reconstruir la cronología de los hechos, identificar fehacientemente a los asistentes y determinar si hubo presencia de otros funcionarios o intermediarios vinculados al caso.
Las autoridades consideran que este material fílmico es vital para establecer si se concretaron pactos informales o coordinaciones que vulneren la ley. Asimismo, la fiscalía busca verificar si el ingreso de José Jerí a estos establecimientos se dio en horarios fuera de lo común o bajo un esquema de reserva que evitara los controles de transparencia que rigen la función pública.
Según información proveniente del Ministerio Público, el caso se mantiene bajo estricta reserva debido a la complejidad de las acusaciones. La apertura formal de esta investigación se registró el pasado 15 de enero, tras la difusión mediática de los encuentros que no figuraban en la agenda oficial de la Presidencia.
La situación se torna más compleja al conocerse la existencia de tres ingresos a Palacio de Gobierno por parte de Ji Wu Xiaodong, otro empresario de origen chino que es investigado actualmente por delitos de tala ilegal y crimen organizado. Este dato ha incrementado la presión sobre el Ejecutivo para dar explicaciones claras sobre quiénes acceden a la sede de gobierno.
En cuanto a las limitaciones legales, el Tribunal Constitucional establece un marco estricto para investigar a un presidente en funciones. La Fiscalía solo está facultada para ejecutar tres tipos de diligencias específicas:
- Tomar la declaración indagatoria del mandatario.
- Solicitar información oficial necesaria para el caso.
- Requererir la entrega de documentos pertinentes a la pesquisa.
Estas acciones deben ser ejecutadas con carácter de urgencia para no interferir con la labor presidencial. Una vez culminada esta fase recolectiva, el proceso penal deberá suspenderse hasta que concluya el mandato constitucional del investigado, momento en el que se evaluarían las responsabilidades penales definitivas.
José Jerí se pone a disposición de la justicia
En respuesta directa a la apertura de estas indagaciones, la Presidencia de la República remitió un oficio formal al despacho del fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas. En el documento, suscrito por el secretario general Benito Roberto Villanueva Haro, se manifiesta la
“plena voluntad de brindar las declaraciones y aclaraciones que resulten pertinentes”
por parte de José Jerí, asegurando una colaboración total con la justicia en el marco del respeto a la institucionalidad y al orden constitucional.
Fuente: Infobae