La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) ha emitido una denuncia formal ante el incremento sin precedentes de las agresiones contra los servicios de salud en zonas de conflicto armado. De acuerdo con el organismo, las partes beligerantes están optando por «eludir cada vez más» sus compromisos con el Derecho Internacional Humanitario, un escenario crítico que se presenta a pocos meses de conmemorarse el décimo aniversario de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a la protección de instalaciones y personal sanitario.
Balance trágico de víctimas y centros afectados
En el informe especializado titulado ‘La atención médica en el punto de mira’, se revela que durante el transcurso de 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) documentó 1.348 ataques directos contra infraestructuras médicas. Estas acciones violentas provocaron la muerte de 1.981 personas, una cifra que representa más del doble de los fallecimientos registrados en 2024, cuando el total fue de 944 víctimas.
El análisis geográfico sitúa a Sudán como la nación más golpeada por esta crisis, contabilizando 1.620 fallecidos entre personal médico, trabajadores humanitarios y pacientes. Otros países con saldos mortales significativos incluyen:
- Birmania: 148 fallecidos.
- Palestina: 125 fallecidos.
- Siria: 41 fallecidos.
- Ucrania: 19 fallecidos.
- Sudán del Sur: 16 fallecidos.
Estas ofensivas no solo han destruido infraestructura sanitaria vital, sino que han interrumpido tratamientos esenciales, privando a miles de ciudadanos del acceso a cuidados médicos básicos.
Transformación de la retórica bélica
El reporte advierte sobre un peligroso cambio en la narrativa de los actores en conflicto. Se ha pasado de justificar los incidentes como «ataques por error» a sostener una supuesta «pérdida de protección» de los hospitales y su personal bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario.
Erik Laan, experto en incidencia política de MSF, ha señalado que esta tendencia es visible tanto en las estadísticas como en los discursos de mandos militares y funcionarios. Según el experto:
«Este cambio refleja a menudo una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil»
.
Asimismo, Laan lamentó que, aunque en ciertos escenarios estos ataques deriven de interpretaciones erróneas de las normas que explotan vacíos legales, la responsabilidad de emitir advertencias previas y viables se está omitiendo de forma sistemática. Además, las facciones en guerra parecen rechazar la protección de combatientes que están fuera de combate, despojando a estos individuos y a los centros que los asisten de sus garantías legales.
Responsabilidad de los Estados en la violencia sanitaria
Estadísticas de la Coalición para la Protección de la Salud en Conflictos indican que en 2024 se registraron 3.623 ataques contra la salud, lo que implica un alza del 15% respecto a 2023 y un 62% en comparación con 2022. Un dato alarmante es que el 81% de estos actos violentos en 2024 se atribuyeron directamente a grupos estatales.
Al respecto, la coordinadora de MSF España, Raquel González, subrayó que el involucramiento de los Estados añade una capa de complejidad a la protección de la medicina en guerra. González puntualizó que la participación estatal:
«plantea retos específicos para la protección de la atención médica, ya que los grupos estatales son más propensos que los grupos armados no estatales a llevar a cabo ataques aéreos y utilizar explosivos, especialmente en zonas densamente pobladas»
.
El personal local es quien soporta la mayor carga de esta violencia, representando el 98% de los fallecidos, el 96% de los heridos y el 94% de los secuestrados en el sector humanitario. Entre 2021 y 2025, más de 1.240 trabajadores locales perdieron la vida, cerca de mil resultaron heridos y 600 fueron víctimas de secuestro a nivel global.
La urgencia de acabar con la impunidad
La publicación de este balance coincide con la víspera de la década de la resolución de la ONU, la cual nació tras el bombardeo ejecutado por Estados Unidos contra un hospital de MSF en Afganistán en 2015, donde murieron 42 personas. Aquella normativa buscaba poner fin a la impunidad en estos ataques.
Sobre esto, Erik Laan reflexionó:
«Esta resolución fue un rayo de esperanza, ya que era la primera vez que estas preocupaciones se abordaban en una decisión vinculante. Sin embargo, solo seis de los entonces 15 miembros que adoptaron la resolución habían ratificado todos los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, que refuerzan la protección de las víctimas de los conflictos armados»
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Finalmente, Médicos Sin Fronteras ha criticado que, diez años después del suceso en Kunduz, la asistencia médica es blanco de ataques más que nunca. Se hace un llamado urgente a que los Estados acepten misiones de investigación independientes y compartan resultados transparentes para frenar la cultura de impunidad que prevalece en los escenarios bélicos actuales.
Fuente: Infobae