El jurista Santiago Vélez ha presentado una solicitud formal ante la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (Ofac) con el fin de que se realice una auditoría sobre el posible uso de recursos públicos colombianos. La preocupación radica en si estos fondos estatales han sido destinados a la representación jurídica internacional del mandatario Gustavo Petro, luego de que se hiciera público un contrato entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y una consultora legal extranjera.
La petición se ha fundamentado como un reporte informativo para que las autoridades estadounidenses evalúen posibles infracciones dentro del marco del régimen de sanciones financieras de dicho país. Según el documento entregado a la Ofac, la solicitud se basa en datos oficiales relacionados con el Contrato No. 001-2026, sumado a una investigación que ya cursa en la Procuraduría General de la Nación.
El abogado Vélez sostiene que este convenio es costeado íntegramente por el presupuesto nacional y que su finalidad específica está ligada a servicios legales especializados en el área de sanciones económicas internacionales.
En la comunicación escrita, se destaca que el pasado 15 de enero de 2026, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar sobre el Contrato No. 001-2026. El texto remitido a la Ofac resalta un punto crítico:
“la resolución confirma que el contrato está financiado exclusivamente con recursos del presupuesto nacional colombiano y expresa preocupaciones en el sentido de que, de comprobarse, el uso de recursos públicos podría estar orientado principalmente a intereses personales del presidente de la República y no a un interés institucional o colectivo del Estado”
.
Asimismo, el demandante menciona que, de acuerdo con las observaciones del ente de control disciplinario, estas acciones
“podrían constituir una desviación de poder, el uso indebido de recursos públicos para fines no institucionales y un detrimento patrimonial para el Estado”
.
Los detalles técnicos del contrato revelan que fue firmado el 9 de enero de 2026 mediante la modalidad de contratación directa, con un tiempo de ejecución que finaliza el 30 de abril del mismo año. El valor total de la transacción es de $10.000 millones y la empresa contratista responsable es Amadeus Consultancy Limited, con sede en el Reino Unido. Los pagos correspondientes están estipulados para efectuarse en divisa extranjera.
Marco regulatorio de sanciones y el rol de la Ofac
La carta enviada por Santiago Vélez profundiza en las leyes de Estados Unidos respecto a las sanciones económicas. Citando la normativa vigente, el documento explica que
“las regulaciones de sanciones de Estados Unidos prohíben las transacciones que impliquen la transferencia de fondos o la prestación de servicios a, o en beneficio de, una persona bloqueada, salvo que exista una autorización expresa de la Ofac”
. De igual manera, se enfatiza que cualquier intento por evadir o sortear estas prohibiciones está terminantemente restringido.
Aunque el marco legal permite ciertos servicios de defensa jurídica bajo condiciones estrictas, el abogado aclaró que
“estas autorizaciones no se extienden automáticamente a pagos financiados por terceros o por entidades soberanas, sin una licencia general o específica válida de la Ofac, en particular cuando el individuo designado es el beneficiario material”
.
Bajo este argumento jurídico, se ha solicitado que la Ofac investigue si entidades bancarias o firmas legales —especialmente aquellas con vínculos en Estados Unidos— están gestionando o facilitando el traslado de recursos públicos del Estado colombiano. El objetivo final es determinar si estos dineros están siendo empleados para la defensa de una persona que consta en la Lista Clinton, y si las instituciones involucradas están respetando las directrices de seguridad financiera de la nación norteamericana.
Respuesta de la Presidencia ante los cuestionamientos
Ante el revuelo causado por la millonaria contratación, el Dapre emitió un comunicado oficial defendiendo la legalidad del proceso. La entidad aseguró que el contrato no tiene como objetivo el beneficio personal de Gustavo Petro, quien fue sancionado por Estados Unidos junto a su esposa, su hijo y el actual ministro del Interior.
Desde el Gobierno afirmaron que este procedimiento
“no constituye un hecho excepcional ni responde a intereses personales”
, añadiendo que la esencia del contrato
“no es la defensa personal del presidente de la República ni de ningún funcionario en particular”
. El Dapre argumentó que, tras una revisión de antecedentes, se verificó que este tipo de asesorías legales internacionales han sido una práctica constante en el Estado.
Como prueba de ello, la entidad citó los registros de la base de datos FARA del Departamento de Justicia de EE. UU., indicando que desde 1938 el país ha recurrido de forma transparente a firmas especializadas durante diferentes periodos presidenciales. Finalmente, el Dapre subrayó que procesos similares ocurrieron bajo las administraciones de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, validando que el contrato actual se mantiene dentro de dicha tradición institucional.
Fuente: Infobae