Una grave denuncia formalizada el 20 de enero de 2025 puso al descubierto supuestas irregularidades y coacciones en la Superintendencia de Salud. Los señalamientos apuntan a maniobras administrativas diseñadas para forzar la contratación mediante compra directa en el Hospital de Maicao, ubicado en el departamento de La Guajira.
La principal señalada en este caso es Beatriz Gómez Consuegra, quien se desempeña como superintendente delegada para Prestadores de Servicios y es la cónyuge del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Según los testimonios recolectados, Gómez Consuegra habría liderado prácticas calificadas como coercitivas, lo que además sugiere un evidente conflicto de interés en la gestión de recursos públicos.
Los detalles de la denuncia anónima indican que representantes de diversos hospitales públicos fueron citados a una reunión donde se impuso un estricto control de seguridad. Se reportó que el acceso y la salida del lugar fueron bloqueados por personal de vigilancia, impidiendo que los asistentes se retiraran hasta que no suscribieran un pacto para realizar adquisiciones conjuntas. Un testigo directo de los hechos manifestó:
“Asignaron vigilancia permanente e impidieron que entrara o saliera alguien, hasta que todos firmáramos el acuerdo”
.
Restricciones a la libre competencia y licitaciones
Las directrices impartidas durante el encuentro habrían sido tajantes: la provisión de medicamentos e insumos médicos esenciales no debía someterse a procesos de licitación pública. En su lugar, se exigió que los contratos se canalizaran exclusivamente a través de la modalidad de compra individual y directa con el centro asistencial de Maicao, cerrando la puerta a la transparencia de una convocatoria abierta.
Al respecto, uno de los participantes afirmó lo siguiente:
“No nos dejaban hacer compras mediante licitación; debía ser individual y directa”
. Asimismo, se alertó sobre el hecho de que “las minutas contractuales estaban sesgadas”, presuntamente debido a acuerdos previos entre el hospital y proveedores específicos, lo que anulaba cualquier posibilidad de competencia real.
Este patrón de conducta no parece ser un evento aislado dentro de la entidad, ya que existen antecedentes que sugieren que este esquema se habría intentado implementar previamente en abril de 2025, según las quejas conocidas en ese momento.
Confrontación y ultimátum a funcionarios
La tensión escaló cuando un funcionario, identificado como Mario Castro, intentó explicar los impedimentos legales derivados de trámites presupuestales inconclusos. En un registro audiovisual que circula en plataformas digitales, se percibe cómo Gómez Consuegra interrumpe al trabajador para cuestionar su capacidad profesional de forma incisiva con estas palabras: “¿Usted qué profesión tiene? Pues parece que no. Si es abogado y supiera lo que tiene que hacer y su trabajo… no estaría a estas alturas diciendo que tiene que sacar…”.
En medio de la discusión, la superintendente delegada lanzó una advertencia directa a los presentes:
“No voy a permitir que ustedes sigan tomando del pelo al país”
. Ante la insistencia de Castro sobre la imposibilidad de proceder sin el debido respaldo documental, la orden fue perentoria: o se firmaba el compromiso en ese preciso momento, o los responsables debían presentar su renuncia inmediata.
Testigos de la jornada sostienen que el comportamiento de la esposa del ministro parece ignorar las directrices de la Presidencia de la República y actúa de manera independiente a las instrucciones de Bernardo Camacho, actual superintendente de Salud. Esta situación ha incrementado la sensación de arbitrariedad en la administración y marca un distanciamiento de los lineamientos trazados por el presidente Gustavo Petro para el sistema sanitario nacional.
Falta de garantías legales y presupuesto
El encuentro finalizó bajo un clima de intimidación total, donde la posibilidad de negociación fue inexistente. Gómez Consuegra habría reiterado con firmeza: “La instrucción es firmar ahora, no mañana”. Para los presentes, esta exigencia buscaba formalizar contratos que consolidan proveedores exclusivos, alimentando las sospechas sobre intereses personales y familiares vinculados al proceso.
Diversos empleados públicos recalcaron que era jurídicamente imposible estampar su firma sin contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), requisito ineludible para la contratación estatal. Ante este argumento técnico, la respuesta recibida fue: “Si usted es abogado y supiera su trabajo, no estaría todavía diciendo que necesita sacar un CDP”.
Finalmente, ante la declaración de un funcionario que sentenció: “Doctora, hoy es imposible que se firme ese contrato”, la delegada cerró la discusión con una amenaza definitiva:
“Con ustedes firmo ahora o me presentan la renuncia”
.
Fuente: Infobae