El máximo organismo electoral del país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, ha resuelto declarar la nulidad absoluta del decreto legislativo que pretendía obligar a un nuevo escrutinio de votos correspondiente a los comicios presidenciales del pasado 30 de noviembre. Según el ente electoral, dicha iniciativa carece de cualquier sustento constitucional y legal, lo que imposibilita la ejecución de medidas que contravengan la validez de la declaratoria oficial de resultados ya emitida.
Ana Paola Hall, quien preside el CNE, manifestó que la institución se encuentra bajo una imposibilidad jurídica para dar apertura a nuevos conteos una vez que los vencedores han sido proclamados oficialmente. La funcionaria enfatizó que no existe dentro del marco normativo ninguna facultad que permita al organismo reabrir los escrutinios tras la declaratoria final, ni acatar disposiciones del legislativo que busquen alterar actos electorales que ya tienen un carácter definitivo.
“No existe disposición constitucional ni legal que faculte al CNE para reabrir procesos de conteo una vez emitida la declaratoria oficial, ni a ejecutar instrucciones posteriores de naturaleza legislativa, que incidan sobre actos electorales firmes y definitivos”
Asimismo, Ana Paola Hall defendió la autonomía e independencia del CNE, señalando que el organismo no puede someterse a mandatos del Poder Legislativo sobre temas que ya han sido juzgados y resueltos. Indicó que cualquier reclamo o impugnación pendiente debe ser gestionado exclusivamente ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Origen de la controversia y vicios constitucionales
La disputa política tuvo su punto de partida el 9 de enero, fecha en la que un grupo de diputados pertenecientes al Partido Libertad y Refundación (Libre) dio luz verde a un decreto para realizar un conteo de la totalidad de los sufragios. Esta disposición, que recibió el respaldo de la presidenta Xiomara Castro y fue ratificada en el diario oficial La Gaceta, se produjo a pesar de que ya existía una declaratoria oficial que reconoció como ganador de la contienda a Nasry “Tito” Asfura.
Desde la perspectiva del CNE, el mencionado decreto posee un “vicio constitucional insubsanable”. El organismo argumenta que, debido a su naturaleza y alcance, la medida representa de facto una reforma de la Ley Electoral. Según la Constitución de Honduras, cualquier modificación de esta clase requiere obligatoriamente del voto de una mayoría calificada de dos tercios de los integrantes del Congreso Nacional, requisito que no se cumplió en este caso.
“Debe dejarse constancia de que el Decreto No. 58-2025 adolece de un vicio constitucional insubsanable, al tener un alcance material equivalente a una reforma de la Ley Electoral, por pretender alterar el régimen jurídico del escrutinio y la firmeza de la declaratoria electoral, sin haber sido aprobado con la mayoría calificada de 2/3 del total de los miembros del CN, exigida por la Constitución”
Posturas del Congreso y despliegue de seguridad
Por otro lado, el titular del Parlamento, Luis Redondo, quien fue el principal promotor de la iniciativa, lanzó una advertencia indicando que, si el CNE no procedía con el recuento “voto por voto”, el Legislativo asumiría la responsabilidad de intervenir de forma directa. Redondo sostuvo que el Congreso posee facultades para actuar, ignorando la autonomía que la Constitución le otorga expresamente al ente electoral.
En medio de este escenario, las Fuerzas Armadas de Honduras manifestaron su apoyo irrestricto a la declaratoria de resultados del 30 de noviembre. Además, la institución militar procedió a reforzar las medidas de seguridad en el Instituto Nacional de Formación Profesional, recinto donde se encuentra resguardado el material de la elección. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio, aseguró que el ejército actúa bajo el amparo de la Constitución de la República y se mantiene colaborando en el proceso que ahora supervisa el TJE.
Para garantizar el orden, se han desplegado más de 600 efectivos militares destinados a la vigilancia del Centro Logístico Electoral. Esta función castrense está fundamentada en el artículo 272 de la Carta Magna, el cual les asigna la protección y el transporte de los materiales electorales, manteniendo siempre una postura institucional, obediente y apolítica.
Hacia la transición presidencial
El calendario político establece que la presidenta Xiomara Castro finalizará sus funciones el próximo 27 de enero. En esa misma fecha, Nasry Asfura tomará posesión del cargo presidencial, siguiendo lo estipulado en la declaratoria oficial de resultados. De acuerdo con la legislación vigente en Honduras, el TJE es el único tribunal competente para dirimir cualquier recurso legal o impugnación que todavía se encuentre en trámite.
Finalmente, la cúpula militar reiteró que el proceso de transición presidencial se está llevando a cabo con absoluto respeto a la legalidad y la normativa constitucional. Aseguraron que no se han emitido órdenes que pongan en riesgo la neutralidad institucional, reafirmando así la validez y autonomía del proceso que culminó con la elección del nuevo mandatario.
Fuente: Infobae