La organización global Amnistía Internacional ha emitido un reclamo urgente este lunes solicitando la “libertad inmediata” de cada uno de los ciudadanos que se encuentran en prisiones de Cuba por razones políticas. Este pronunciamiento surge al cumplirse un año del inicio de un plan de excarcelaciones promovido por el gobierno de la isla, el cual, de acuerdo con los registros oficiales, benefició a un total de 553 personas. No obstante, la entidad defensora de derechos humanos recalcó que dicho proceso no garantizó libertades fundamentales ni significó un giro real en los mecanismos de represión estatal.
A través de un reporte oficial, la ONG puntualizó que las liberaciones ejecutadas estuvieron marcadas por una profunda opacidad, la carencia de información hacia la ciudadanía y el empleo de criterios poco claros. De igual manera, se denunció la imposición de condiciones arbitrarias que han generado un daño psicológico significativo tanto en los excarcelados como en su entorno familiar. Según Amnistía Internacional, estas personas viven bajo el temor constante de nuevas detenciones o bajo restricciones que anulan el ejercicio de sus derechos básicos.
Dicho proceso fue el resultado de un acercamiento diplomático entre las administraciones de La Habana y el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, contando con la mediación estratégica del Vaticano. A pesar de la relevancia internacional del pacto, diversas plataformas de derechos humanos han cuestionado la veracidad de la medida, señalando que un grupo considerable de los beneficiarios eran en realidad delincuentes comunes y no detenidos de conciencia.
Hostigamiento y exilio forzado
La organización subrayó con preocupación que varios de los ciudadanos liberados durante el transcurso del 2025 fueron obligados a abandonar el país mediante el exilio forzoso. Otros, por el contrario, sufrieron la revocatoria de su libertad y regresaron a los centros penitenciarios, lo que para la ONG confirma la falta de garantías para la disidencia. Entre los casos más críticos se citó al líder opositor José Daniel Ferrer, quien terminó exiliado en suelo estadounidense tras una nueva captura, y a Félix Navarro, cuya excarcelación fue invalidada por los tribunales cubanos, manteniéndolo en prisión hasta la fecha.
La directora regional para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, fue enfática al declarar que el Estado cubano tiene la responsabilidad ineludible de otorgar la libertad total y sin condiciones a los presos de conciencia. En su intervención, Piquer destacó nombres de figuras clave del activismo cubano que siguen privados de libertad, entre ellos:
- Sayli Navarro Álvarez
- Félix Navarro
- Loreto Hernández García
- Donaida Pérez Paseiro
- Roberto Pérez Fonseca
- Maykel Castillo Pérez (conocido como Maykel Osorbo)
- Luis Manuel Otero Alcántara
Propuestas para una transición democrática
Este reclamo coincidió con una movilización del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), considerada la coalición opositora de mayor alcance en la nación. El consejo hizo un llamado a la cohesión de la sociedad civil para impulsar una amnistía general de cara al año 2026. La plataforma aboga por la construcción de un
“pacto nacional por la libertad y la reconciliación”
, el cual consideran un requisito indispensable para iniciar cualquier proceso de apertura democrática en la isla.
En su análisis, el CTDC señaló que el reto principal radica en la capacidad de los sectores críticos para articular una alternativa política operativa. Con este fin, se propuso la instauración de un foro dedicado a estructurar un instrumento jurídico de amnistía que permita la despenalización del disenso y la creación de un frente unido ante los organismos internacionales pertinentes.
Finalmente, cifras recientes proporcionadas por la organización Prisoners Defenders, con base en Madrid, revelan que al cierre del año 2025, Cuba mantenía a 1.197 personas encarceladas por causas políticas. Estas estadísticas refuerzan las denuncias sobre la insuficiencia de los planes de excarcelación previos y la persistente situación de vulnerabilidad de los derechos humanos en el país.
Fuente: Infobae