La justicia colombiana ha dado un paso significativo tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación de imputar cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Esta medida legal surge a raíz de las presuntas fallas y omisiones en la implementación del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático que perdió la vida tras un atentado perpetrado el 7 de junio de 2025.
Ante este panorama judicial, el concejal de Bogotá, Andrés Barrios, quien acompañaba al congresista durante el fatídico ataque, no tardó en pronunciarse con firmeza. Barrios, reconocido integrante de la bancada del Centro Democrático y amigo íntimo de la víctima, recordó que durante meses denunció las carencias en la protección del líder político.
“Desde junio de 2025 hice pública la negligencia, falta de garantías de seguridad, demoras, irregularidades y presiones por parte de la Unidad Nacional de Protección”
, enfatizó el cabildante a través de sus redes sociales oficiales.
El político capitalino subrayó que la inacción institucional por parte de la UNP fue un factor determinante que se evidenció mucho antes de que se cometiera el crimen. Según las declaraciones de Andrés Barrios, la vulnerabilidad en la que se encontraba el legislador fue expuesta en repetidas ocasiones ante la opinión pública y las autoridades competentes. Tras la noticia de la imputación, el concejal fue tajante al señalar que “ahora, su director tendrá que responder por omisiones en el esquema de seguridad de nuestro líder y amigo, Miguel Uribe Turbay”.
Barrios ha relatado con detalles los sucesos de aquel día, indicando que se encontraba junto al senador en el parque El Golfito, ubicado en el sector de Modelia. Fue en ese punto donde un menor de edad armado atacó por la espalda al parlamentario. En medio del caos, el concejal asistió a su amigo, acompañándolo inicialmente en la ambulancia hacia Medicentro Fontibón y, posteriormente, a la Fundación Santa Fe, donde se intentó salvar su vida sin éxito tras una batalla médica de más de dos meses.
Fundamentos de la Fiscalía para el proceso judicial
La base de la investigación penal contra Augusto Rodríguez se centra en la presunta comisión del delito de prevaricato por omisión. El ente acusador sostiene que el director de la entidad estatal habría ignorado al menos 23 solicitudes formales que buscaban reforzar la seguridad de Uribe entre los años 2024 y 2025. Todo esto ocurrió a pesar de que el congresista poseía una calificación técnica de nivel de riesgo extraordinario, lo que obligaba a una respuesta inmediata y robusta por parte de la entidad.
Durante las audiencias, la Fiscalía fue enfática al precisar que
“no se clasificó correctamente el nivel de riesgo de Uribe ni se cumplieron los protocolos adecuados, a pesar de su nivel extraordinario”
. Además del frente penal, el funcionario enfrenta procesos en el ámbito disciplinario por otras presuntas fallas en la protección de personas amenazadas y señalamientos de irregularidades contractuales dentro de la UNP. Por su parte, Rodríguez ha mantenido su postura de defensa, asegurando que su administración no ha incurrido en negligencias deliberadas.
Para el concejal Andrés Barrios, la pérdida de Miguel Uribe Turbay representa un golpe personal profundo, pues lo consideraba su mentor y un “hermano de corazón”. Este suceso no solo dejó un vacío político, sino que afectó la salud del cabildante, quien reveló padecer estrés postraumático derivado de la violencia presenciada. Debido a constantes amenazas recibidas tras el incidente, Barrios ha tenido que solicitar que se fortalezcan sus propias medidas de protección, ante el temor de nuevas represalias.
Cronología del atentado y avances en la investigación
El trágico evento se desencadenó mientras el senador participaba en una actividad pública enfocada en la salud mental. En el momento en que se dirigía a los ciudadanos, un adolescente de 15 años accionó un arma de fuego a corta distancia. El político recibió dos impactos en la región craneal y un tercero en su pierna izquierda. Varios de los asistentes lograron capturar parte del suceso en video, lo que facilitó que la policía detuviera al atacante minutos después de los disparos.
Tras el ataque, Miguel Uribe Turbay permaneció en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe hasta el 11 de agosto de 2025, día en que se confirmó su fallecimiento. Las líneas de investigación apuntan actualmente a la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc, como el grupo que ordenó el magnicidio bajo directrices de alias Iván Márquez. En el mes de octubre, se logró la captura de Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias de “El Viejo”, quien es señalado como el nexo logístico entre los determinadores y los sicarios.
Hasta el momento, cinco de los nueve procesados por este crimen están buscando acuerdos de colaboración con la Fiscalía para obtener beneficios judiciales. Sin embargo, la atención pública se centra ahora en la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios del Estado. En vísperas de un nuevo ciclo electoral, Andrés Barrios ha reiterado que la sociedad colombiana demanda garantías reales para el ejercicio de la política y el liderazgo social en el territorio nacional.
Fuente: Infobae
