La Fiscalía General de la Nación ha confirmado que el próximo 11 de febrero de 2026 se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El proceso judicial se fundamenta en presuntas negligencias relacionadas con la seguridad del senador y anterior aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado en Bogotá durante el año 2025.
Según el organismo acusador, se han recopilado diversas comunicaciones, requerimientos y documentos que servirían como prueba de que Rodríguez hizo caso omiso a las constantes solicitudes para robustecer el esquema de protección del parlamentario meses antes de que se produjera el ataque mortal.
El ente investigador imputará los delitos de tentativa de homicidio y prevaricato por omisión. Este procedimiento judicial marca un precedente histórico en Colombia, al ser la primera vez que un alto cargo de la administración del presidente Gustavo Petro debe rendir cuentas ante los estrados judiciales por el magnicidio de un representante de la oposición.
Advertencias ignoradas y contexto del atentado
La evidencia central del caso incluye múltiples oficios y cartas donde Miguel Uribe Turbay solicitaba de manera formal la ampliación de su equipo de escoltas, con especial énfasis en sus recorridos políticos dentro y fuera de la capital. Fuentes vinculadas a la investigación han precisado que el equipo del legislador pidió el fortalecimiento de su seguridad a la UNP en al menos 12 ocasiones antes del suceso del 7 de junio de 2025, ocurrido en el parque El Golfito de la capital colombiana.
Por su parte, el jurista Víctor Mosquera, quien actúa en defensa de la familia Uribe, ratificó ante organismos de carácter internacional que las alertas se presentaron de forma oportuna.
“Las autoridades conocían el riesgo y aún así no se tomaron medidas suficientes”
, manifestó el abogado.
Este proceso no solo tiene implicaciones legales, sino también un alto peso político. Augusto Rodríguez es identificado como una de las figuras de mayor confianza del presidente Gustavo Petro y tiene bajo su responsabilidad la integridad de dignatarios, exmandatarios, congresistas y defensores de derechos humanos en situación de vulnerabilidad.
La situación jurídica de Rodríguez genera fuertes cuestionamientos sobre cómo el actual Gobierno gestiona la protección de los líderes opositores, impactando la percepción de seguridad en el país.
La defensa de la UNP y las sospechas de filtraciones
En su defensa, Augusto Rodríguez ha sostenido que sus actuaciones fueron correctas. El funcionario alegó que las peticiones de refuerzo de Uribe Turbay se enfocaban únicamente en traslados fuera de Bogotá y aseguró que las decisiones se tomaron siguiendo rigurosamente los manuales internos, negando cualquier tipo de omisión punible.
No obstante, la Fiscalía argumenta poseer elementos materiales probatorios que contradicen dicha versión oficial. Un dato relevante es que el ente acusador decidió desvincular a la UNP y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del equipo que investiga el asesinato. Esta medida busca evitar posibles irregularidades o la filtración de datos sensibles desde el interior de dichas instituciones.
Respaldo de la parte civil al proceso judicial
La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa los intereses de la familia de Miguel Uribe Turbay, recibió de manera positiva el avance de la justicia y emitió un pronunciamiento reafirmando su búsqueda de la verdad.
“Este avance constituye un paso relevante en el esclarecimiento de las responsabilidades por el incumplimiento de los deberes de protección del Estado”
, señaló el bufete de abogados. Para la parte civil, resulta fundamental que estos hechos sean evaluados por jueces competentes para fortalecer las garantías constitucionales en la nación.
Fuente: Infobae
