El Gobierno de Irán ha lanzado una respuesta oficial cargada de acusaciones directas contra Estados Unidos y el denominado “régimen sionista”. Según las autoridades de la república islámica, agentes calificados como terroristas, presuntamente financiados y equipados desde el exterior, habrían infiltrado manifestaciones que inicialmente eran pacíficas para convertirlas en focos de violencia extrema. La administración de Teherán sostiene que una parte sustancial de los disturbios registrados tiene un origen externo, argumento que utiliza para contrarrestar las advertencias del G7 sobre la imposición de nuevas sanciones internacionales.
El Ministerio de Exteriores de Irán manifestó este viernes su rechazo absoluto a la declaración de los cancilleres de las potencias del G7, calificando su postura como intervencionista. La diplomacia persa se opone a cualquier tipo de injerencia en sus asuntos internos, respondiendo así a las amenazas del bloque sobre medidas restrictivas adicionales si persiste lo que Occidente describe como una represión masiva. No obstante, organismos de derechos humanos han reportado cifras alarmantes de violencia, estimando más de 3.400 fallecidos y miles de heridos en un periodo de poco más de dos semanas.
Mediante un comunicado difundido en plataformas oficiales, el Ejecutivo iraní enfatizó que su Constitución garantiza la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, incluyendo el derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, recalcaron la obligación del Estado de salvaguardar la integridad territorial y la seguridad nacional frente a lo que consideran agresiones externas. Las autoridades acusaron a los miembros del G7 de actuar bajo la influencia de funcionarios estadounidenses, calificando la preocupación occidental por los derechos humanos como un enfoque “fraudulento” que solo incita al desorden.
Cuestionamientos a la autoridad moral de Occidente
El documento emitido por la Cancillería también lanzó duras críticas contra el historial internacional de naciones como Alemania, Reino Unido y Canadá. Irán argumenta que estos países han respaldado acciones militares en su contra y carecen de credibilidad en materia humanitaria. El texto oficial señala lo siguiente:
“Los Estados miembros del G7, cada uno con un vergonzoso historial de graves violaciones de derechos humanos en sus propios países y en la región de Asia Occidental, carecen de credibilidad y autoridad moral para juzgar a otros”.
Adicionalmente, el Gobierno iraní responsabiliza a estas potencias de apoyar una supuesta agresión militar sionista que, según su versión, habría provocado la muerte de cientos de ciudadanos iraníes durante el verano de 2025.
En el mismo pronunciamiento, se hizo un llamado directo a los miembros del grupo para que pongan fin a lo que describen como políticas de hostigamiento económico. La comunicación ministerial concluyó exigiendo lo siguiente:
“En lugar de emitir declaraciones engañosas e intervencionistas, los estados miembros del G7 deberían detener su interferencia ilegal en los asuntos internos de Irán, poner fin a las sanciones crueles e ilegítimas contra la nación iraní y abstenerse de abusar de los elevados conceptos de los derechos humanos como cobertura para su mala intención”.
Preocupación internacional y denuncias de HRW
Esta reacción se produce tras la advertencia emitida por el G7 el pasado miércoles, donde se instó a las autoridades locales a ejercer la máxima moderación y detener el uso de la fuerza. El grupo de potencias condenó el incremento de la represión y elogió la valentía de la sociedad civil que, desde finales de diciembre de 2025, demanda mejores condiciones de vida y mayores libertades.
Por su parte, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han advertido sobre la existencia de pruebas que sugieren masacres en diversas regiones del país. HRW ha solicitado formalmente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la realización de una sesión especial, alertando que la magnitud de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad no tiene precedentes.
De acuerdo con los datos de HRW, la violencia se intensificó drásticamente a partir del 8 de enero, coincidiendo con el pico de las manifestaciones nacionales. La ONG denunció que el uso de armas de fuego ha sido recurrente, basándose en el análisis de materiales audiovisuales donde se observan heridas fatales en la cabeza y el torso de los manifestantes. Además, criticaron las restricciones de comunicación impuestas por el Gobierno, lo que dificulta conocer con precisión la escala de la tragedia.
Finalmente, HRW recordó que los Principios Básicos de las Naciones Unidas establecen que la fuerza policial solo debe ser un último recurso bajo estricta necesidad. La organización subrayó que las armas de fuego no son una herramienta para el control de masas ni deben ser utilizadas para disolver concentraciones de ciudadanos, marcando un contraste total con el relato de soberanía y orden interno que sostiene Teherán.
Fuente: Infobae