Debido a la creciente ola de inseguridad vinculada a estructuras criminales y pandillas, el Gobierno de Guatemala ha formalizado la declaratoria de estado de sitio por un periodo de 30 días. Esta medida excepcional surge en un momento crítico donde el Ejecutivo asegura estar en un proceso de depuración institucional para arrebatar el control de las entidades públicas a grupos delictivos y restaurar el sistema judicial del país.
Desde el Ejecutivo se ha precisado que, si bien se trata de un endurecimiento del marco legal para neutralizar cualquier intento de desestabilización, la intención no es interrumpir la normalidad institucional ni las actividades cotidianas de los ciudadanos. No obstante, las autoridades enfatizaron la necesidad de estas facultades para combatir frontalmente a los grupos organizados.
En el marco de la implementación de este régimen, la administración gubernamental ha mantenido una postura de tolerancia cero.
“No negociamos con criminales, en el marco de la ley y la espada de la justicia los estamos poniendo de rodillas”
, señalaron fuentes oficiales tras el éxito de intervenciones recientes en centros carcelarios que permitieron la liberación de rehenes sin que se registraran pérdidas humanas. Asimismo, se instó a la población a confiar en las instituciones de seguridad bajo la consigna:
“Juntos somos más fuertes, juntos los estamos poniendo de rodillas”
.
Como muestra de respeto y solidaridad tras el asesinato de varios uniformados, la nación guardará tres días de luto nacional. Durante este tiempo, la bandera en el Palacio Nacional permanecerá a media asta. El Gobierno destacó el impacto social de estos crímenes al manifestar que
“hoy habrá familias que quedarán marcadas”
, reafirmando que la salvaguarda de la seguridad pública es la prioridad máxima del Estado frente a las amenazas de las mafias.
Bajo la normativa vigente en Guatemala, la activación del estado de sitio se justifica ante la presencia de actos de terrorismo, sedición, rebelión o ataques armados que pongan en riesgo el orden constitucional y la seguridad nacional. Con esta declaratoria, el Presidente de la República asume funciones como Comandante General del Ejército, aunque la operatividad directa de las acciones queda bajo la responsabilidad del Ministerio de la Defensa Nacional.
Este marco legal obliga a todas las dependencias del Estado a prestar colaboración inmediata a la autoridad militar encargada. Entre las facultades extraordinarias otorgadas, las fuerzas del orden podrán:
- Disolver organizaciones o agrupaciones, incluso aquellas que carezcan de personalidad jurídica.
- Realizar detenciones de individuos sospechosos de alterar el orden público o participar en conspiraciones sin necesidad de una orden judicial previa.
- Utilizar recursos “preventivos, defensivos u ofensivos” para asegurar el restablecimiento de la paz social y la legalidad nacional.
La administración central argumentó que este repunte de la violencia es una reacción directa de los grupos criminales ante la pérdida de beneficios y el avance de las reformas de seguridad que han golpeado sus estructuras de poder.
A pesar de la tensión, el Gobierno sostiene que su estrategia de seguridad está arrojando resultados positivos y reiteró que el funcionamiento institucional y las rutinas del país no deben verse interrumpidas por la aplicación de esta medida de excepción.
Un fin de semana marcado por el caos carcelario
La crisis se agudizó durante el último fin de semana, cuando diversas prisiones del territorio guatemalteco fueron escenario de motines y disturbios violentos. Simultáneamente, las organizaciones criminales dirigieron ataques directos contra los miembros de la Policía Nacional Civil.
Esta escalada de agresiones ha provocado un estado de alerta generalizada entre la población civil, forzando al Estado a desplegar un contingente masivo de fuerzas policiales y militares en los puntos penitenciarios considerados de alta peligrosidad.
Durante los operativos de rescate en los recintos carcelarios, se logró la liberación de más de 40 personas que permanecían como rehenes. En estas acciones también se incautaron armas de fuego y se coordinaron traslados sanitarios para los liberados con el apoyo de cuerpos de emergencia especializados.
La gravedad de la situación trascendió las fronteras, provocando que la embajada de Estados Unidos en el país emitiera una alerta de emergencia dirigida a sus ciudadanos residentes en territorio guatemalteco, instándolos a extremar precauciones.
Como consecuencia directa del conflicto, se han tomado medidas drásticas en la vida pública:
- Suspensión de las jornadas educativas a nivel nacional.
- Reducción significativa de las frecuencias del transporte público.
- Cancelación de eventos recreativos y masivos.
- Suspensión de servicios religiosos por parte de la Iglesia Católica.
Las cifras oficiales al cierre de este reporte confirman el fallecimiento de ocho agentes de la Policía y más de una decena de heridos, un balance trágico que mantiene a Guatemala en una situación de máxima incertidumbre y vigilancia.
Fuente: Infobae