La Fiscalía General del Estado ha iniciado formalmente una indagación fiscal contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y cinco integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La investigación surge a raíz de una denuncia presentada el 22 de diciembre de 2025 por los juristas Jorge Moreno Ordóñez y Juan Francisco Morales Suárez, quienes alegan la existencia de una red delictiva en la cúpula judicial.
Puntos clave de la investigación:
- Delitos investigados: La Fiscalía rastrea indicios de delincuencia organizada, fraude procesal, tráfico de influencias e intimidación.
- Implicados: Además de Mario Godoy, la denuncia señala a su esposa, Dolores Vintimilla, a su socio Francisco Rosero, y a los consejeros del CPCCS Andrés Fantoni (presidente), Jazmín Enríquez, David Rosero y Johanna Verdezoto.
- La tesis acusatoria: Los denunciantes sostienen que Godoy llegó al cargo mediante «múltiples irregularidades» y que habría estructurado una organización para obtener beneficios económicos personales desde la función pública.
- Diligencias inmediatas: El próximo martes 20 de enero de 2026, a las 11:00, los denunciantes acudirán a la Fiscalía en Quito para el reconocimiento de firmas y la ampliación de sus versiones.
Contexto y medidas solicitadas:
La denuncia solicita medidas cautelares severas, incluyendo la prisión preventiva para los investigados y la revisión de la nómina de funcionarios de la Judicatura que tengan vínculos previos con los estudios jurídicos de Godoy.
La denuncia solicita medidas cautelares severas, incluyendo la prisión preventiva para los investigados y la revisión de la nómina de funcionarios de la Judicatura que tengan vínculos previos con los estudios jurídicos de Godoy.
Este proceso se suma a la presión política sobre el titular de la Judicatura, quien debió comparecer ante la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero para explicar denuncias sobre presuntas injerencias en casos de lavado de activos y amenazas contra jueces anticorrupción. Según el abogado Jorge Moreno, este paso fiscal deja el escenario listo para un eventual juicio penal contra los altos funcionarios.