El mandatario nacional, Gustavo Petro, se encuentra en el centro de una controversia política tras la firma de un millonario contrato de servicios legales extranjeros para su representación y la de su esposa, la primera dama Verónica Alcocer. El monto de la negociación asciende a aproximadamente $10.000 millones de pesos, un gasto que ha desatado intensos cuestionamientos sobre el uso de los fondos del Estado para asuntos de índole personal.
El acuerdo legal, que se formalizó a inicios de enero de 2026, tiene como objetivo principal recibir asesoría jurídica de la firma internacional Amadeus Consultancy Limited. Dicha consultoría se enfoca en gestionar la situación de la pareja presidencial ante su posible vinculación en la denominada “Lista Clinton”.
La periodista Salud Hernández-Mora fue una de las primeras en denunciar públicamente el costo del contrato el pasado 17 de enero. Según la comunicadora, el desembolso equivale a unos 2,6 millones de dólares por un periodo de apenas cuatro meses, calificándolo como una gestión inapropiada de los recursos públicos:
“Petro firmó contrato con abogados gringos para pagarles ¡10 mil millones! para asesoría para él y Verónica por la Lista Clinton. En solo 4 meses: de enero a abril. Este gobierno es abusivo y corrupto”
.
Como respuesta a los señalamientos, el presidente Petro atribuyó el alto costo a las supuestas acciones de sus adversarios políticos en el extranjero. A través de su cuenta oficial, el jefe de Estado argumentó que la oposición ha presionado a organismos internacionales y que esto ha tenido repercusiones directas:
“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff, querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”
.
Reacciones de la oposición colombiana
Las declaraciones del mandatario no tardaron en generar réplicas de diversos líderes políticos. El precandidato a la presidencia, Daniel Palacios, criticó duramente que el presidente asuma problemas personales como si fueran asuntos institucionales:
“No señor, en la OFAC está Gustavo Petro como persona natural, no la presidencia de Colombia. Entonces ese ‘nos costó’ somos muchos, sus problemas personales con la justicia americana no son un problema de Colombia. Su defensa es personal no institucional, no sea abusivo”
.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal manifestó que el presidente deberá enfrentar las consecuencias legales de sus actos de manera individual y no a costa del erario.
“¿Eso nos costó? No Petro, usted deberá responder ante la justicia. Los colombianos no tenemos porqué pagar su pésimo actuar, favoreciendo criminales con diálogos de paz y sin persecución al narco”
. La legisladora enfatizó que, tarde o temprano, el mandatario deberá reintegrar los 2,6 millones de dólares que se están utilizando para su beneficio familiar.
El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, también sumó su voz al descontento, contrastando el gasto en abogados con las crisis sociales que atraviesa el país. Ruiz señaló que es inaceptable priorizar esta defensa privada mientras la ciudadanía sufre carencias básicas:
“Petro está muy equivocado si cree que los colombianos debemos pagarle los 2,6 millones de dólares que vale su defensa y la de su familia para que lo saquen de la lista Clinton. Mientras la gente se muere por falta de salud y medicamentos, no hay plata para vivienda, no hay presupuesto para seguridad, Petro gastando la plata de los colombianos”
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Intervención de la Procuraduría y detalles legales
La situación ha escalado al terreno legal tras la intervención de la Procuraduría General de la Nación. El ente de control inició una indagación previa dirigida al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), motivada por una denuncia de la representante a la Cámara Katherine Miranda. La congresista fue enfática al señalar que el dinero público debe ser respetado:
“Los impuestos de los colombianos no pueden usarse para defender problemas personales del presidente ni de su esposa. Los recursos públicos son recursos sagrados y se tienen que respetar”
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El contrato bajo la lupa, identificado con el número 001 de 2026, comprende el periodo entre el 9 de enero y el 30 de abril. La Procuraduría ha advertido sobre posibles irregularidades, destacando que no se exigieron garantías de cumplimiento, lo que representa un riesgo fiscal para el Estado colombiano. Ante esto, se ha solicitado formalmente al Dapre la entrega de antecedentes del proceso, copias de documentos y los fundamentos legales que permitieron esta contratación directa para determinar responsabilidades administrativas.
Fuente: Infobae