La Federación Nacional de Departamentos (FND) ha manifestado su firme intención de iniciar procesos legales contra el reciente decreto de emergencia económica promulgado por la administración del presidente Gustavo Petro. Esta normativa establece una serie de disposiciones tributarias que buscan financiar los egresos del Presupuesto General de la Nación, bajo el marco del estado de excepción declarado mediante el Decreto 1390 de 2025.
De acuerdo con la postura de los mandatarios regionales, la creación de estos nuevos gravámenes compromete seriamente la estabilidad financiera de las regiones colombianas. Adicionalmente, advierten que esta situación pone en peligro la continuidad de proyectos de inversión y el flujo de capitales destinados a sectores críticos como la salud, la educación y el deporte en los territorios.
A través de un manifiesto público, los líderes departamentales detallaron su postura tras una sesión de carácter extraordinario:
“Los gobernadores de Colombia, tras una reunión extraordinaria realizada en las instalaciones de la Federación Nacional de Departamentos (FND), expresan de manera unificada su preocupación frente a reciente situaciones que ponen en riesgo la gobernanza territorial, la autonomía fiscal de los departamentos y la garantía de los derechos fundamentales en las regiones del país”
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Como parte de su estrategia legal, el bloque de gobernadores ha solicitado formalmente participar en el proceso de revisión ante la Corte Constitucional. Para este fin, se ha constituido una delegación oficial integrada por las gobernadoras de Tolima, Adriana Magali Matiz, y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. El grupo también cuenta con la representación de los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón; Caquetá, Luis Francisco Ruiz; Nariño, Luis Alfonso Escobar; y el actual presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.
Ante esta postura de rechazo institucional, María Claudia Lacouture, quien lidera la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), utilizó sus plataformas digitales para expresar su respaldo a los 17 mandatarios que lideran esta iniciativa de resistencia administrativa. Para la dirigente gremial, las inquietudes planteadas por los departamentos son totalmente válidas y urge que la máxima autoridad constitucional del país se pronuncie con prontitud sobre la legalidad de la medida gubernamental.
En su cuenta de la red social X, Lacouture enfatizó:
“La preocupación de los gobernadores por las implicaciones fiscales de la emergencia económica en los departamentos es legítima y refuerza la necesidad de que la Corte Constitucional agilice el control de exequibilidad”
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El análisis de la directora de AmCham sugiere que las razones detrás de la declaración de emergencia no corresponden a eventos fortuitos o excepcionales, sino que son consecuencia de factores estructurales que el Estado colombiano pudo haber previsto con antelación. Además, advirtió que la imposición de nuevas cargas impositivas genera un escenario de incertidumbre que golpea directamente a la ciudadanía.
En palabras de Lacouture:
“La “emergencia económica” no evidenciaría un hecho sobreviniente y excepcional, sino una situación estructural y previsible. La incertidumbre por nuevos impuestos puede afectar la gobernabilidad regional y, en últimas, a los ciudadanos”
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Reacciones políticas y solicitudes de investigación
En la otra acera del debate, el congresista Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por la coalición Pacto Histórico, ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría que se inicien investigaciones penales y disciplinarias contra los 17 gobernadores que han decidido no aplicar el decreto presidencial.
En declaraciones ofrecidas a Caracol Radio, el legislador argumentó que los jefes departamentales que omitan el cumplimiento de esta norma “podrían configurar prevaricato por omisión, abuso de autoridad y faltas disciplinarias gravísimas”. Ocampo defendió la medida del Ejecutivo señalando que el objetivo es mitigar una profunda crisis fiscal que amenaza el financiamiento de áreas sensibles como la energía y la gestión de desastres, subrayando que bajo el estado de derecho vigente, “nadie está por encima de la ley”.
No obstante, la oposición también ha sentado su posición de apoyo a las regiones. La senadora María Fernanda Cabal manifestó su respaldo absoluto a los 20 mandatarios que están aplicando la excepción de inconstitucionalidad frente a lo que denominó como un “decretazo” del Gobierno central.
Cabal sostuvo que el artículo 362 de la Constitución Nacional prohíbe que se vulneren los recursos propios de los departamentos mediante este tipo de mecanismos ejecutivos. La senadora criticó la intención del presidente Petro de captar fondos territoriales, calificando la iniciativa de inconstitucional y contraria a la autonomía regional.
Fuente: Infobae