La firma Burford Capital, principal beneficiaria del fallo de primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF en el año 2012, ha solicitado formalmente que el país sea sancionado con un pago de USD 1 millón por día. La organización sostiene que la nación no ha acatado las disposiciones impartidas por la magistrada Loretta Preska, quien lidera este prolongado litigio en los tribunales de Nueva York.
La parte demandante califica el accionar del Estado argentino como una conducta voluntaria de mala fe. Para Burford, la implementación de esta multa diaria funcionaría como una medida de presión necesaria, bajo el argumento de que
“una multa de esta escala es la única forma de frenar una conducta reiterada de desprecio a la autoridad judicial estadounidense”
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Riesgos financieros y reputacionales para el país
Además de la penalidad económica, Burford ha solicitado que se apliquen sanciones civiles y se declare a la Argentina en desacato. Esta calificación jurídica no solo acarrearía mayores costos, sino que golpearía severamente la credibilidad internacional de la nación en un momento donde busca atraer capitales. Es relevante destacar que en marzo, período en el que Loretta Preska podría emitir su resolución sobre el desacato, el presidente Javier Milei tiene previsto un viaje a Nueva York para el Argentina Week. Este evento pretende seducir a inversores tras el éxito electoral de 2025, un objetivo que se vería comprometido si el tribunal con jurisdicción en Wall Street emite un fallo de esta naturaleza.
El requerimiento de esta nueva multa agrava una situación financiera ya crítica. Hace dos años, la justicia condenó al país a pagar USD 16.000 millones por la expropiación indebida de la petrolera. Debido a que la jueza estableció intereses anuales del 5,42%, la deuda actual se aproxima a los USD 18.000 millones. Actualmente, los intereses acumulados post-fallo generan un incremento diario de USD 3 millones, sumando un total aproximado de USD 3.000 millones solo por este concepto.
De ser aceptada la petición del bufete inglés —frecuentemente señalado como un “fondo buitre” por su táctica de adquirir derechos de litigio para financiarlos durante años—, la Argentina pasaría a enfrentar cargos por intereses y multas que alcanzarían los USD 4 millones cada 24 horas.
La batalla legal por el descubrimiento de pruebas
Aunque el caso principal fue apelado hace dos años y tuvo su primera audiencia en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en octubre pasado, el proceso continúa su curso. Los representantes legales del Estado esperan una resolución definitiva para la primera mitad de este año, pero la legislación estadounidense permite que las sentencias se ejecuten mientras se resuelve la apelación.
En este marco, Burford ha intentado diversas estrategias de cobro, incluyendo el embargo del 51% de las acciones estatales en YPF o intentar demostrar que el Estado y la empresa funcionan como una misma entidad (alter ego). Bajo esta premisa, la demandante exigió el acceso a comunicaciones privadas, como chats de WhatsApp, de exfuncionarios y funcionarios actuales como Sergio Massa y Luis Caputo. Ante la supuesta falta de entrega de esta información, Burford presentó las siguientes demandas concretas:
- “El Tribunal debe emitir una orden de preclusión que prohíba a la República impugnar el estatus de alter ego de las entidades estatales”. El objetivo es que instituciones como el BCRA, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas sean consideradas responsables de la deuda.
- Declaración oficial de desacato. Burford alega que existe una prueba “clara y convincente” del incumplimiento y afirma que
“el tribunal otorgó múltiples oportunidades y prórrogas para que se cumpliera con la Orden Off-Channell, de las cuales la República a su vez abusó con meses de posiciones siempre cambiantes y demoras»
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Adicionalmente, los demandantes pretenden que la Argentina asuma la totalidad de los honorarios legales y costos vinculados a este nuevo reclamo. Argumentan que el país ha mantenido una “obstaculización sistemática” en la entrega de documentos críticos y la identificación de testigos, utilizando excusas legales que ya fueron desestimadas anteriormente por el tribunal.
Como medida alternativa, han solicitado que, de persistir la negativa, se realice una audiencia probatoria presencial donde los funcionarios responsables expliquen ante la jueza la inexistencia de los documentos requeridos.
La respuesta de la Procuración del Tesoro
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), organismo encargado de la defensa soberana, aseguran que Burford actúa desde una posición de debilidad. Indican que tras la audiencia de octubre, las acciones del fondo cayeron más del 20% y subrayan que el país tiene el apoyo de naciones como Estados Unidos e Israel, además de haber logrado que la justicia de Irlanda no reconozca la sentencia.
La defensa argentina sostiene que se trata de una estrategia de hostigamiento para forzar una negociación desfavorable. Entre sus puntos de defensa destacan:
- La Argentina afirma haber entregado más de 113.000 páginas de documentación y facilitado testimonios de diversos funcionarios públicos.
- Señalan que la moción es un intento de Burford por
“poner arena en los engranajes”
del proceso de recuperación económica nacional, según palabras atribuidas al propio CEO del fondo.
- El Estado ratificó que seguirá cumpliendo con los procesos de discovery bajo el marco de la Constitución y las leyes argentinas, mientras se aguarda el fallo de la Cámara de Apelaciones.
El cronograma judicial establece que la Argentina presentará su respuesta oficial contra el pedido de Burford el próximo 19 de febrero, donde reafirmará su postura de colaboración con el tribunal de Nueva York y rechazará las acusaciones de desacato.
Fuente: Infobae