En territorio venezolano, decenas de ciudadanos considerados presos políticos han obtenido su salida de centros de reclusión durante los últimos días, aunque bajo la imposición de rigurosas medidas cautelares que limitan significativamente su libertad personal. Según reportes de la organización Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), estas restricciones incluyen el impedimento de abandonar el país y la prohibición absoluta de emitir declaraciones públicas sobre las vivencias sufridas durante su cautiverio.
De acuerdo con el monitoreo realizado por el Foro Penal, hasta el cierre del pasado miércoles se habían contabilizado formalmente 84 excarcelaciones. Es importante destacar que, en ninguno de estos casos, se ha otorgado el beneficio de libertad plena a los involucrados.
Este proceso de liberaciones, que fue anunciado inicialmente por la presidenta de transición, Delcy Rodríguez, se ha visto empañado por la inexistencia de listados oficiales y una marcada falta de transparencia. Esta situación ha generado un clima de profunda incertidumbre tanto en los núcleos familiares de los detenidos como en las instituciones defensoras de los derechos fundamentales.
Mientras Delcy Rodríguez sostiene que desde el pasado mes de diciembre se ha procedido a la liberación de un total de 406 ciudadanos, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha señalado una discrepancia significativa en las cifras, logrando verificar únicamente 102 casos. Esta inconsistencia entre los datos gubernamentales y los registros de entes independientes alimenta las dudas sobre el alcance real de la medida.
Restricciones judiciales y control mediático
Los beneficiarios de estas medidas enfrentan un escenario judicial complejo. Gonzalo Himiob, quien se desempeña como vicepresidente del Foro Penal, detalló que los excarcelados tienen la obligación ineludible de comparecer de manera periódica ante las instancias tribunales y se les ha coartado el derecho a declarar ante cualquier medio de comunicación.
Por su parte, el CLIPP emitió un pronunciamiento contundente a través de la red social X, donde manifestó su rechazo a que estas acciones sean empleadas como una estrategia de propaganda política. La organización exigió un respeto genuino por el padecimiento de las víctimas y denunció que los detenidos no deben ser instrumentalizados como
“objetos o herramientas de propaganda”
.
Las estadísticas manejadas por el Ministerio para el Servicio Penitenciario indican que se registraron 99 excarcelaciones el 25 de diciembre, 88 durante el Año Nuevo y 116 el pasado lunes. No obstante, las autoridades no han difundido listas detalladas que precisen la identidad de los beneficiarios, fechas exactas, recintos de reclusión, ni el estatus jurídico actual de cada individuo.
Adicionalmente, el CLIPP ha puesto de relieve que en Venezuela se han registrado más de mil detenciones arbitrarias fundamentadas en motivaciones políticas. Dentro de estas denuncias, se resalta que una parte considerable de los afectados ha sido víctima de torturas y tratos crueles durante su permanencia en custodia del Estado.
Exigencias de libertad plena
La postura de los comités de defensa es clara: la única resolución jurídica admisible es la liberación inmediata, incondicional y plena de todos los prisioneros políticos, sumado a la anulación total de los procesos judiciales que califican como “manifiestamente espurios”. Esta solicitud cuenta con el respaldo de familiares, activistas de derechos humanos y diversas agrupaciones políticas.
Desde el Palacio de Miraflores, Delcy Rodríguez reiteró que el mecanismo de excarcelaciones permanece activo. Según la funcionaria, la meta es
“abrir un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política”
, en un trabajo conjunto con el aparato judicial del país.
En el mismo sentido, se informó que Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, puso a disposición los listados correspondientes, aunque hasta el momento estos documentos no han sido de acceso público, lo que intensifica las demandas de mayor claridad en la gestión de estos casos.
En una línea crítica similar, la ONG Provea ha señalado la existencia de abusos de autoridad y dilaciones indebidas que entorpecen la ejecución efectiva de las liberaciones. Estos señalamientos refuerzan la tesis de las organizaciones no gubernamentales sobre la persistencia de mecanismos arbitrarios en el sistema de justicia.
Este contexto de liberaciones se produce bajo un escenario de intensa presión internacional. Dichos movimientos ocurrieron tras las acciones ejecutadas por Estados Unidos en suelo venezolano, operativos que derivaron en la detención del exdictador Nicolás Maduro y su cónyuge, Cilia Flores.
Fuente: Infobae