La legisladora Ruth Luque comunicó este jueves que ha comenzado el proceso de recolección de firmas para presentar una moción de censura formal contra el presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi. El titular del Parlamento es señalado por presuntas acciones de coacción dirigidas a los jueces encargados del caso Cayara, una investigación sobre la ejecución extrajudicial de cerca de treinta campesinos ocurrida en el año 1988 a manos de efectivos del Ejército.
De acuerdo con el texto de la moción, se habría incurrido en una “injerencia indebida en la función jurisdiccional”. La acusación sostiene que Rospigliosi expuso públicamente a los magistrados responsables de dictaminar sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad vinculados a dicho año, acompañando estas menciones con amenazas de denuncias ante diversos órganos de control del sistema judicial.
El documento detalla que, el pasado 12 de enero, el parlamentario difundió una columna de opinión en el medio impreso Expreso. En dicho espacio, identificó directamente a los jueces Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata, a quienes calificó como magistrados que poseen “pésimos antecedentes”.
En su escrito, Fernando Rospigliosi advirtió que, en caso de no aplicar la Ley 32107 —normativa ratificada por el Congreso el año anterior para limitar los crímenes de lesa humanidad—, los jueces tendrían que ser procesados ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y por la vía penal.
El titular de la cámara legislativa fue más allá en sus declaraciones, manifestando que, ante la falta de aplicación de dicha normativa, los magistrados
“deberían ser detenidos en flagrancia y enviados a prisión”
. La moción impulsada por Ruth Luque interpreta que el hecho de que un funcionario de alta jerarquía emita estas advertencias y posteriormente participe de forma virtual en la audiencia judicial representa un acto de amedrentamiento que vulnera la neutralidad institucional indispensable para el cargo.
El petitorio de censura también fundamenta su postura en declaraciones posteriores del propio Rospigliosi, quien reiteró lo siguiente:
“si algún magistrado prevaricador, politizado y corrupto no aplica la ley deberá ser sancionado de inmediato por la JNJ y por la OCMA y será denunciado penalmente por haber prevaricado”
.
Impacto en el proceso judicial
Para los promotores de la iniciativa, estas afirmaciones constituyen una presión directa sobre el tribunal que aún debe resolver la prescripción de los cargos contra los exmilitares Gino Espejo Lamas y Alejandro Avendaño Dávila. Ambos se encuentran procesados por los hechos de violencia suscitados en la localidad de Cayara, región de Ayacucho.
Durante la diligencia judicial realizada el 12 de enero, se detectó la conexión digital del legislador. Según la moción, este conjunto de eventos ha despertado una profunda inquietud en instituciones del sector justicia, destacando entre ellas la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM).
Asimismo, el documento resalta que el proceder de Fernando Rospigliosi ignora el principio de neutralidad inherente a la presidencia del Congreso. También se recuerda que, en el pasado, antes de unirse a las filas del fujimorismo, el hoy congresista admitió que la masacre de Cayara fue parte de un esquema sistemático de transgresiones a los derechos humanos.
Como consecuencia de estos hechos, la iniciativa subraya que la Sala Penal que lidera la causa optó por aplazar su decisión final sobre la prescripción de los delitos, lo cual ha intensificado las sospechas sobre la efectividad de la presión política ejercida desde el Legislativo.
Contexto de la controversia legal
Es importante señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) instó formalmente al Estado peruano a no ratificar la Ley 32107, argumentando que la norma contraviene compromisos internacionales. Pese a las advertencias, la administración de la entonces mandataria Dina Boluarte procedió con la promulgación de la ley, la cual fue impulsada principalmente por agrupaciones políticas vinculadas a Alberto Fujimori y por antiguos miembros de las Fuerzas Armadas.
La vigencia de esta ley bloquea cualquier posibilidad de procesar a individuos por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad cometidos antes del año 2002. Esto deja fuera del alcance de la justicia los sucesos ocurridos durante el periodo del conflicto armado interno vivido entre 1980 y 2000, una etapa que, según registros oficiales, dejó un saldo trágico de más de 69.000 fallecidos.
Fuente: Infobae