La administración provisional de Bangladesh, bajo el liderazgo de Muhammad Yunus, ha ratificado este jueves un nuevo marco legal diseñado para otorgar inmunidad a los ciudadanos que participaron en las intensas movilizaciones antigubernamentales del verano de 2024. Esta ola de protestas culminó con el colapso del mandato de la ex primera ministra Sheij Hasina.
Durante una comparecencia ante los medios de comunicación posterior a la sesión del Gabinete, el asesor jurídico gubernamental, Asif Nazrul, informó que la normativa será oficializada en el Boletín Oficial de Bangladesh en un periodo estimado de cinco a siete días. Según reportes de la agencia BSS, el funcionario aclaró los alcances inmediatos de esta decisión legislativa.
Nazrul puntualizó que cualquier proceso judicial de carácter penal que haya sido interpuesto contra los activistas previo a la validación de esta ley será desestimado de forma definitiva.
«A partir de ahora no se podrán presentar nuevos procesos por las acciones llevadas a cabo durante julio y agosto como parte de la llamada ‘resistencia política organizada'»
, subrayó el asesor jurídico.
No obstante, el Ejecutivo ha establecido límites claros para esta amnistía. La medida no ampara delitos de extrema gravedad ejecutados bajo el pretexto de la lucha política. Nazrul fue enfático al señalar que los responsables de tales actos no evadirán la justicia penal ordinaria.
Respecto a las restricciones de la ley, el funcionario explicó ante la prensa local:
«La ley no se ha promulgado para otorgar inmunidad a los asesinatos cometidos por codicia, venganza o intereses personales o ajenos al objetivo de derrocar al Gobierno fascista y restaurar la democracia»
. Con esto se busca diferenciar la movilización social legítima de actos delictivos aislados.
Contexto de la represión y caída de Hasina
Cabe recordar que Sheij Hasina fue condenada a la pena capital en ausencia por su responsabilidad en crímenes contra la humanidad durante la represión estatal de mediados de 2024. De acuerdo con informes de la ONU, la violencia de esos meses resultó en el fallecimiento de aproximadamente 1.400 personas, lo que forzó su salida del cargo y su posterior asilo en India tras una hegemonía de quince años.
En la actualidad, las autoridades de Bangladesh han solicitado formalmente a India la extradición de la exmandataria. Hasina es señalada como culpable de la muerte de seis manifestantes que se encontraban desarmados en la ciudad de Daca en agosto de 2024, tras haber ordenado presuntamente a los cuerpos policiales el uso de armamento letal contra la población civil.
Previo a estos eventos, la exlíder ya acumulaba una sentencia de seis meses de prisión por desacato. Las movilizaciones originales se originaron por el rechazo a un polémico sistema de cuotas que destinaba más del 50% de las vacantes en el sector público a los descendientes de los veteranos de la guerra de independencia, un esquema que detonó el descontento social masivo en todo el país.
Fuente: Infobae