El expresidente Ollanta Humala ha solicitado formalmente su liberación inmediata después de que se dictara el archivo definitivo del proceso denominado “Cócteles”. Esta investigación, centrada en un presunto lavado de activos, involucraba directamente a Keiko Fujimori y a diversos miembros del partido Fuerza Popular. La resolución emitida por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que establece que los aportes financieros a las campañas electorales no representan un hecho delictivo, ha generado un precedente legal que impacta directamente en la situación jurídica de Humala.
A través de un mensaje enviado desde el recinto penitenciario donde se encuentra recluido, el exjefe de Estado puso en duda la validez de su actual encierro. Humala enfatizó la aparente contradicción del sistema de justicia al mantenerlo detenido por hechos similares a los que permitieron la absolución de Fujimori. En sus declaraciones, el mandatario señaló:
“El 15 de enero del 2026 cumpliré nueve meses en prisión por un hecho que hoy el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han señalado que no es delito. Entonces, ¿por qué sigo en prisión, por qué mi familia tuvo que irse si no cometimos delito?”
El exgobernante recordó que tanto él como su círculo cercano han estado bajo la lupa de la justicia por un periodo superior a diez años. Durante esta década, se les han impuesto múltiples medidas cautelares y restricciones severas, a pesar de que su equipo de defensa sostiene que no existen elementos probatorios ni testimonios que sustenten las acusaciones de la fiscalía.
En su denuncia pública, Ollanta Humala calificó la sentencia en su contra como prevaricadora y criticó la falta de sustento en el juicio de lavado de activos. “Llevamos diez años en un proceso por presunto lavado de activos, a través del cual se nos ha impuesto todas las reglas de conducta posibles y una sentencia prevaricadora. Sin pruebas, sin testigos”, manifestó con firmeza, exigiendo además el fin de lo que considera un acoso judicial motivado por su ideología nacionalista.
La defensa técnica sostiene que es un “detenido arbitrario”
El jurista César Nakazaki se sumó a los reclamos del exmandatario, señalando que los fallos del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han fijado una postura de cumplimiento obligatorio. Según el abogado, las normativas vigentes durante las campañas electorales de los años 2006 y 2011 no tipificaban las donaciones de campaña como actos criminales.
En una entrevista concedida a Canal N, Nakazaki afirmó que la continuidad de la prisión de Humala carece de base legal tras las nuevas disposiciones judiciales.
“Hoy día es imperativo que Ollanta Humala y el caso del Partido Nacionalista acabe, porque están presas personas por los mismos hechos por los que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ha dicho que no es delito. Entonces, Ollanta Humala hoy se convierte en un detenido arbitrario”.
Para el experto en derecho penal, el mantenimiento de estas medidas restrictivas contra los dirigentes del Partido Nacionalista vulnera el derecho fundamental a la igualdad ante la ley. Nakazaki aclaró que el criterio judicial actual impide que sigan abiertos procesos basados en hechos análogos, puntualizando que si los aportes del 2011 no fueron considerados delito, bajo la misma lógica, los del 2006 tampoco deberían serlo.
Finalmente, el abogado destacó la importancia de diferenciar claramente entre el financiamiento de actividades políticas y los delitos de corrupción, como el soborno o cohecho. Reiteró que, mientras los sobornos deben ser castigados con todo el rigor de la ley, las donaciones electorales bajo el marco legal de esos años no pueden ser procesadas como lavado de dinero.
Nakazaki advirtió que la interpretación equivocada de las normas por parte del Ministerio Público ha tenido efectos devastadores, asegurando que se produjo una persecución que terminó por debilitar profundamente la estructura de los partidos políticos en el país. “Lo que no vamos a poder recomponer es que hubo una persecución fiscal por algo que no era delito, que significó la destrucción del sistema de los partidos políticos”, concluyó el abogado.
Fuente: Infobae