Un memorando confidencial emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con fecha del 23 de diciembre de 2025 y remitido al Consejo de Seguridad Nacional (NSC), determinó que el Ejecutivo estadounidense poseía la facultad legal para autorizar una intervención militar de alcance limitado con el fin de capturar a Nicolás Maduro en suelo venezolano. El análisis jurídico concluyó que dicha acción no quebrantaría la Constitución ni la normativa internacional, siempre que se ciñera a parámetros específicos.
El informe técnico, desarrollado por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) días antes de que se concretara la captura de Maduro el pasado 3 de enero, argumentó que el mandatario norteamericano tenía fundamentos jurídicos suficientes para disponer del uso medido de las fuerzas militares. Este despliegue funcionaría como soporte a una operación de aplicación de la ley destinada a arrestar al líder venezolano y conducirlo a territorio estadounidense para su procesamiento judicial. Según la OLC, este esquema táctico no representaba una campaña bélica formal y, por ende, no cruzaba el límite constitucional que define a una “guerra”.
De acuerdo con los folios del documento, el presidente no precisaba de una autorización previa del Congreso para proceder con este tipo de maniobra estratégica. El dictamen resalta que la medida sería jurídicamente válida si el jefe de Estado establecía que Maduro constituía una amenaza severa y frontal contra la seguridad nacional de Estados Unidos, manteniendo siempre criterios de proporcionalidad en la fuerza y una duración acotada de la misión.
Fundamentos de la Intervención y Soberanía
Uno de los ejes centrales del memorando aclara que el papel de las tropas debía limitarse estrictamente al apoyo en la aprehensión y el traslado posterior, descartando cualquier intención de invasión masiva o campaña militar de largo aliento. Se enfatizó que el operativo debía focalizarse exclusivamente en esos objetivos, prohibiendo la ocupación territorial o la permanencia prolongada de las unidades de combate.
El análisis legal rechaza de plano que esta incursión fuese interpretada como una violación injustificable a la soberanía de Venezuela, basándose en que el único fin era la detención de Maduro para someterlo a los tribunales federales en territorio estadounidense.
En lugar de recurrir a los canales tradicionales de extradición, el memorando plantea el mecanismo de la “rendición extraordinaria”. Este método viabiliza el traslado forzoso del dirigente sin necesidad de un proceso judicial en su país de origen. Se apoya jurídicamente en el denominado principio Ker-Frisbie, el cual faculta a las cortes federales para procesar a individuos capturados mediante el uso de la fuerza en el extranjero, a menos que existan convenios internacionales o leyes específicas que lo impidan de forma explícita.
Justificación por Seguridad Nacional
La postura de la OLC se sustenta en la supuesta peligrosidad de Maduro, a quien se le atribuyen cargos por narcotráfico y vínculos estrechos con agrupaciones armadas como las FARC y Hezbollah. Asimismo, el informe menciona el endurecimiento de las medidas represivas tras los comicios de 2024. Pese a la validación legal, el texto advierte sobre el peligro de generar una desestabilización en la región, tomando en cuenta la reticencia de Maduro a dejar el mando de forma voluntaria, según los reportes de inteligencia.
Respecto a la ejecución táctica, el plan analizado contemplaba un ataque directo al Fuerte Tiuna, el complejo militar en Caracas donde el mandatario solía refugiarse habitualmente. La estrategia incluía el uso de fuerzas especiales aerotransportadas en helicópteros, cobertura aérea para neutralizar sistemas de defensa antiaérea y acciones de sabotaje al suministro eléctrico para mermar la respuesta defensiva. La meta era garantizar el factor sorpresa y minimizar las bajas ante la previsible resistencia de los cuerpos de seguridad leales.
Análisis de Riesgos y Alcance Legal
Por otro lado, el texto reconoce diversos riesgos críticos: una posible escalada del conflicto militar, represalias por parte de los aliados internacionales de Maduro y consecuencias políticas negativas a nivel global. Igualmente, señala una marcada incertidumbre frente a cómo reaccionarían los altos mandos militares venezolanos y el impacto en la cohesión de los organismos multilaterales respecto a la legitimidad de tal operativo.
El texto enfatiza que su función es estrictamente jurídica y no contempla factores de política exterior, estabilidad interna en Venezuela ni impactos a largo plazo.
Finalmente, se menciona que la protección jurídica para los agentes estadounidenses implicados reside en que los tratados bilaterales vigentes no obligan a la entrega de ciudadanos de ese país, lo que reduce el riesgo legal inmediato, aunque cada caso podría acarrear consecuencias civiles o diplomáticas imprevistas. La conclusión de la OLC es que, mientras la incursión se mantenga bajo el diseño planteado —sin alcanzar los parámetros de una guerra—, la potestad presidencial es suficiente para validarla legalmente.
Fuente: Infobae