El gobierno de Irán ha rechazado de manera categórica que el país atraviese una revolución contra las estructuras de la República Islámica. Según la postura oficial, las movilizaciones ciudadanas registradas recientemente son menos masivas que las ocurridas en 2022 tras el deceso de Mahsa Amini, la joven kurda que murió bajo custodia policial tras ser arrestada por la ‘policía de la moral’. No obstante, las autoridades advierten que el escenario actual es considerablemente más violento debido a la presunta infiltración de grupos internacionales.
Fuentes gubernamentales sostienen que, lejos de ser un levantamiento popular, lo que se vive en el territorio es un intento de golpe de Estado orquestado desde el exterior, señalando directamente la participación de Israel y Estados Unidos en la desestabilización del orden interno.
La tensión ha escalado luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump respaldara las manifestaciones con declaraciones donde afirmó que
«la ayuda va en camino»
. Aunque Washington no ha detallado la naturaleza de dicha asistencia, la administración iraní interpreta que la violencia en las calles tiene el distintivo de facciones extranjeras infiltradas. Según Teherán, estos grupos han repartido armamento entre sectores radicales para incrementar la cifra de víctimas y así fabricar un pretexto que justifique una ofensiva militar por parte de Estados Unidos.
En su argumentación, Irán vincula los sucesos actuales con ataques previos ejecutados por fuerzas estadounidenses contra centros de energía nuclear en Isfahán, Natanz y Fordo. Estos incidentes representaron el cierre de una campaña de agresiones liderada por Israel que se prolongó durante varios días contra infraestructuras estratégicas y áreas civiles, provocando en su momento la respuesta armada de Teherán.
Para el régimen, las protestas actuales son una continuación de esa misma crisis, utilizando factores internos como el descontento social por la crisis económica y la severa devaluación de la moneda para intentar forzar un cambio de régimen en la nación centroasiática.
Bajo esta premisa, la cúpula teocrática descarta cualquier posibilidad de desintegración del sistema gracias al apoyo que, aseguran, reciben de la población local. Sin embargo, mantienen la alerta ante la presión constante de Trump, quien mantiene al país en su punto de mira sin descartar una resolución por la vía militar.
Balanza de víctimas y cifras de detenciones
Respecto al saldo de víctimas, las autoridades de la República Islámica no han emitido un reporte global de fallecidos civiles, limitándose a informar que 150 miembros de las fuerzas de seguridad han sido asesinados por manifestantes violentos. La versión oficial indica que estos agresores emplean armas introducidas desde el extranjero para fomentar una crisis humanitaria que invite a la intervención externa. Además, se ha confirmado la captura de dos agentes de Inteligencia vinculados a terceros países cuya identidad no ha sido revelada.
Teherán reconoce que los niveles de agresividad en las calles no tienen precedentes en comparación con olas de protestas anteriores de las últimas décadas. Pese a ello, insisten en que la movilización ciudadana no alcanza la escala de las protestas masivas de 2022 vinculadas al caso de Mahsa Amini.
Según el discurso gubernamental, las marchas no gozan de una extensión nacional y se concentran únicamente en un grupo reducido de provincias y localidades. Incluso comparan la situación actual con el Movimiento Verde de 2009 —surgido tras la victoria electoral del ultraconservador Mahmud Ahmadineyad—, asegurando que el nivel de participación actual es inferior al de aquel entonces.
En contraste, organismos externos como Human Rights Activists (HRANA) ofrecen un panorama mucho más crítico. Esta organización denuncia que al menos 1.850 personas, entre ellas nueve menores de edad, han perdido la vida producto de la represión de los cuerpos de seguridad. Asimismo, la ONG contabiliza más de 16.700 personas detenidas en el contexto de estas movilizaciones.
Fuente: Infobae