La capital peruana se prepara para una jornada de paralización masiva en el servicio de transporte público de Lima y Callao. La medida, que está programada para iniciar a las 00:00 horas de este miércoles 14 de enero, sacará de circulación a una cifra estimada de más de 22 mil vehículos. La interrupción del servicio tendrá una duración de 24 horas, según lo detallado por Martín Ojeda, representante de la organización Transportes Unidos.
Desde las primeras horas de la madrugada de este miércoles, se anticipa una reducción drástica en la oferta de movilidad en toda la ciudad. Los dirigentes del sector han señalado que, para las 5 de la mañana, los paraderos con mayor afluencia de pasajeros deberían presentar una ausencia casi total de buses y custers. El motivo central de esta protesta, que llega tras diversas mesas de diálogo con el Gobierno, es la inseguridad desbordada y el fenómeno de la extorsión que victimiza diariamente a conductores y usuarios.
Frente a los rumores que circulaban en diversas plataformas digitales sobre una posible extensión de la protesta por 48 horas, Martín Ojeda fue enfático en señalar que la medida se limita a un solo día.
“La movilización va a ser solo durante el día. Lamentablemente es como si fuera un paro, porque los que no van a movilizarse van a estar dentro de sus locales”
, puntualizó el vocero para despejar dudas entre la ciudadanía que depende de estos servicios.
Impacto en 320 empresas y rutas críticas
Los gremios participantes han calculado que este paro involucra a cerca de 320 empresas de transporte. Esto implica que entre 20 mil y 22 mil unidades dejarán de operar en la zona metropolitana de Lima y el Callao, generando un impacto de gran magnitud para millones de personas. Las zonas que sentirán con mayor rigor esta medida incluyen la Panamericana Norte y Sur, así como los accesos principales a distritos de alta densidad como:
- San Juan de Lurigancho
- Santa Anita
- Puente Piedra
- San Juan de Miraflores
- Ventanilla
- Ancón
La elección estratégica del 14 de enero fue producto de una coordinación estrecha entre los colectivos Transportes Unidos y la Unidad Gremial. Inicialmente, se consideraron fechas como el 13 o el 15 de enero, pero se optó por unificar la protesta para evitar susceptibilidades y enfocarse en el objetivo principal: la lucha contra el crimen. Un dirigente gremial recalcó:
“Vamos en una fecha que no afecte la susceptibilidad de nadie, porque acá primero es la lucha contra la extorsión”
.
Demandas de seguridad y legislación
La crisis de seguridad que motiva el paro es alarmante. Según los datos del sector, tan solo en los primeros once días de este 2026, se han registrado un total de 10 ataques contra empresas o unidades de transporte. Los gremiales denuncian una falta de prevención efectiva por parte del Estado, especialmente en áreas y horarios donde la vigilancia policial es casi inexistente.
Entre los pliegos de reclamos, destaca la exigencia de reglamentar la ley 32490. Esta normativa es vital para el sector, ya que prevé compensaciones económicas para los deudos de transportistas asesinados y habilita procesos de investigación financiera para rastrear el dinero de las extorsiones.
Pese a que el presidente de la República, José Jerí, ha manifestado su intención de avanzar con la reglamentación de dicha ley, los transportistas consideran que la movilización es necesaria para garantizar resultados. Ojeda mencionó que
“El presidente se ha comprometido a mejorar el tema preventivo”
, pero la desconfianza en la ejecución de estas promesas persiste entre los trabajadores.
Empresas confirmadas y postura gremial
Diversas organizaciones de transporte de larga trayectoria han confirmado que se sumarán a la paralización. Entre ellas destacan: Huáscar, Nueva Perú, Salvador, Vipusa, Heriberto Ramos, Urbanito, Nueva América y El Rápido. Asimismo, se ha informado que servicios conocidos como El Chosicano y otras líneas que operan en Santa Anita también detendrán sus motores.
Los organizadores han aclarado que no buscan enfrentamientos con los colegas que decidan trabajar de forma independiente.
“Aquel que quiera trabajar es su problema. Tampoco le vamos a poner una pistola porque no somos extorsionadores tampoco”
, sentenció un dirigente, subrayando que la protesta es un clamor ante una situación que “no da para más”.
Contexto de abandono policial
Los transportistas señalan que la situación empeoró tras las modificaciones en la jefatura policial de Lima realizadas a finales del año pasado. Según su análisis, estos cambios dejaron vacíos operativos que han sido aprovechados por bandas criminales. Aunque se han llevado a cabo reuniones con el Ministerio del Interior y familiares de víctimas, los gremios decidieron proceder con el paro al considerar que su palabra con los usuarios y trabajadores es prioritaria.
La medida busca enviar un mensaje directo a las autoridades para que se asuma el control de la seguridad ciudadana con seriedad. Finalmente, Martín Ojeda hizo un llamado a la unidad:
“Invocamos a todos los empresarios del transporte, a todos los conductores que nos acompañen en este grito al cielo para una llamada de atención que cambie la posición de este país que está sufriendo esta delincuencia tan fea como la extorsión”
.
Fuente: Infobae