A partir del mes de febrero de 2025, las instalaciones del Comando Nacional Antidrogas (CNA) de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicadas en el sector de Las Acacias en Caracas, experimentaron un cambio radical en sus funciones. Lo que originalmente era una base operativa contra el narcotráfico ha pasado a ser un centro de reclusión para figuras de alto perfil que resultan de interés para Diosdado Cabello.
Entre las personas privadas de su libertad en este recinto se encuentra el ciudadano de origen venezolano-estadounidense Andrés Ibarz, así como el empresario David Pita, vinculado a la polémica de los 104 lingotes de oro que involucra a Delcy Rodríguez y Víctor Aldama en territorio español. La lista de detenidos también incluye a más de 30 efectivos militares y cinco alcaldes.
Previo a la ejecución de la Operación Resolución Absoluta —mediante la cual fuerzas armadas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Adela Flores—, los captores obligaron a Andrés Ibarz a filmar una pieza de video sosteniendo su pasaporte norteamericano para remarcar su segunda nacionalidad. Se conoce que sus familiares establecieron contacto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Simultáneamente, las bodegas de la empresa de logística de Ibarz fueron allanadas, resultando en la desaparición de cargamentos tras la intervención de agentes del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) de la PNB, organismo bajo el mando del ministro Diosdado Cabello Rondón.
Durante el último año se ha observado una intensificación de las aprehensiones ejecutadas por el GOES y el aparato antidrogas de la GNB mediante la aplicación de la denominada “Operación Tun Tun”. En este procedimiento, las víctimas son trasladadas encapuchadas, sin órdenes de captura legales y presentadas directamente en tribunales de terrorismo. Según el testimonio de un custodio del recinto,
“Diosdado Cabello es quien da las órdenes de todo lo que se hace en el CNA”
.
En la actualidad, el Comando Nacional Antidrogas de Las Acacias mantiene en custodia a un aproximado de 72 detenidos. Este grupo está conformado por 35 militares en servicio activo, 5 alcaldes, 20 empresarios (incluyendo a un estadounidense y dos ciudadanos mexicanos) y 12 civiles.
En el caso específico de los empresarios y oficiales detenidos, se les informó de sus supuestos derechos el 1 de noviembre de 2025, para luego ser confinados en una celda de castigo conocida como El Tigrito, la cual se describe como un espacio “sin luz y en condiciones infrahumanas”.
El 4 de noviembre se llevaron a cabo las audiencias de presentación de manera telemática ante el Tribunal Cuarto de Terrorismo. Durante este proceso, se les ha negado la posibilidad de contar con una defensa técnica privada. Una fuente vinculada al expediente señaló que
“Han violentado todos sus derechos constitucionales y las leyes que amparan el debido proceso”
.
Dentro de la estructura de mando señalada por presuntos actos de tortura y tratos crueles, figuran nombres como el mayor Joel Eduardo Suárez Gutiérrez, el mayor Rodríguez Aldana (perteneciente al grupo EMI) y el sargento Pedro Luis Montoya León, conocido bajo el alias de “El Munrra”.
Análisis del caso Ibarz y las detenciones militares
El expediente que rodea a Andrés Ibarz, quien ejerce como vicepresidente de la firma The J&J Tech Import Corp, es considerado por los familiares de los implicados como “emblemático de violaciones graves a los derechos humanos, por detención arbitraria, tortura y fabricación de cargos”.
En la lista de militares bajo arresto se encuentran el coronel Eduardo Elías Mata Villarroel (quien fuera jefe del GAES 23 en Trujillo), el coronel retirado Tomás Gómez Machuca y el capitán retirado Rodolfo Berríos. En el ámbito empresarial destacan Ismael del Valle y David Manuel Pita Bracho, este último vinculado a la empresa Bancasa AG y a la controvertida transacción de 104 lingotes de oro desde Rusia, una operación que habría sido gestionada en Suiza con la participación de Manuel João Gonçalves Pita y el español Víctor Aldama.
Respecto a los extranjeros involucrados, además de Ibarz, se encuentran los mexicanos Diego Gómez Toral y Gustavo Orellana. También figura Gladys Orellana, quien en diciembre de 2025 fue enviada al centro penitenciario para mujeres “La Crisálida”.
Prácticas de tortura y crisis de salud de los detenidos
Denuncias de familiares indican que tanto el GOES como el Estado Mayor de Inteligencia (EMI) han intentado vincular a los sospechosos con delitos de narcotráfico basándose en confesiones obtenidas “mediante torturas y vejaciones”. Los arrestos de los ciudadanos mexicanos ocurrieron inicialmente en la isla de Margarita el 1 de octubre de 2025.
Por su parte, el teniente coronel Tomás Gómez Machuca fue arrestado el 7 de octubre de 2025. Tras ser sometido a apremios ilegales, se obtuvo una delación que sirvió de base para las detenciones posteriores. El 10 de octubre fue acusado formalmente de asociación para delinquir y tráfico de drogas.
Debido a la severidad de los maltratos físicos recibidos en la URIA 43, el 11 de octubre de 2025, Machuca intentó quitarse la vida provocándose cortes en el cuello y tórax. Tras ser atendido de urgencia en el Hospital Militar, fue devuelto a las celdas del CNA.
La situación de los oficiales Mata Villarroel y Berríos
El coronel Eduardo Elías Mata Villarroel, subdirector de Telecomunicaciones de la GNB, fue detenido el 8 de octubre de 2025 tras una reunión con el General Frank Alonzo Osuna Díaz. Paralelamente, el capitán retirado Rodolfo Berríos fue arrestado en su domicilio sin orden judicial. Fuentes directas afirman que los agentes del GOES alegaron que las instrucciones de captura provenían de Diosdado Cabello.
Tanto Mata como Berríos habrían sido atados a estructuras metálicas en los pasillos de Las Acacias. Según relatos de sus allegados, sufrieron torturas que incluyeron descargas de electricidad en genitales, uso de collares eléctricos para perros, golpizas sistemáticas y asfixia por agua. Durante 23 días permanecieron incomunicados y esposados en áreas administrativas frente al despacho del jefe de Estado Mayor.
El estado crítico del Teniente Coronel Coronado
En octubre de 2025, el teniente coronel Sinecio de Jesús Coronado Rodríguez fue detenido en Trujillo durante una videoconferencia oficial. Tras ser trasladado a Caracas, fue recibido por el coronel Jusehp Jesús Barrios Oliveros, quien lo remitió al Comando Antidrogas.
Coronado denunció haber sido víctima de un grupo de oficiales que
“le causaron torturas, incluyendo corriente eléctrica en los testículos y cuello, asfixia con bolsa y toalla, golpizas, insultos e improperios”
. La gravedad de su estado físico provocó que vomitara sangre, por lo que fue llevado a una clínica en Chacao presentando un cuadro de deshidratación severa. Informes médicos revelaron la presencia de sangre en su pulmón izquierdo y múltiples hematomas. Pese a esto, fue obligado a ratificar las actas de imputación y continúa bajo custodia en condiciones precarias.
Fuente: Infobae