La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano judicial de las Naciones Unidas con sede en La Haya, dio inicio este lunes a una etapa fundamental en el proceso contra Myanmar (Birmania). El tribunal analiza la presunta violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, fundamentada en un “patrón de conducta” sistemático contra la población rohinyá en el estado de Rakáin.
Las audiencias públicas, que incluyen sesiones reservadas, se desarrollarán hasta el próximo 29 de enero. El objetivo central de los magistrados es ratificar si las acciones de las fuerzas birmanas fueron ejecutadas con una clara “intención de destruir” a este grupo étnico y religioso, tal como se detalla en la demanda interpuesta por Gambia en el año 2019.
Acusaciones de persecución y deshumanización
Durante la sesión de apertura, el ministro de Justicia de Gambia, Dawda Jallow, expuso ante los jueces que el Estado de Myanmar ha sostenido una política de “persecución atroz”. Según la representación gambiana, esta violencia ha sido precedida por décadas de una “propaganda deshumanizante” diseñada para facilitar la exclusión y el exterminio. Jallow fue enfático al enumerar las atrocidades cometidas en Rakáin, las cuales incluyen:
- Asesinatos masivos de civiles.
- Expulsiones forzosas de sus territorios.
- Casos documentados de violencia sexual.
- Destrucción deliberada de aldeas completas.
“No se trata de cuestiones esotéricas del derecho internacional, sino de personas reales, de historias reales, de un grupo real de seres humanos: los rohinyá de Myanmar”, manifestó Jallow, quien advirtió que la población ha sido forzada a vivir “en una pesadilla”.
Antecedentes de la crisis humanitaria
El litigio se fundamenta principalmente en las ofensivas militares de los años 2016 y 2017. Estas operaciones desencadenaron un éxodo masivo de más de 700.000 personas hacia Bangladés, donde actualmente residen en campamentos de refugiados bajo condiciones críticas. Mientras el gobierno de Myanmar argumenta que se trató de acciones legítimas contra grupos terroristas, informes de la ONU de 2018 confirmaron la existencia de indicios de crímenes de lesa humanidad y actos genocidas en este país de mayoría budista.
La causa liderada por Gambia no es un esfuerzo individual; cuenta con el respaldo jurídico de once naciones adicionales y el apoyo político de los 57 países que conforman la Organización de Cooperación Islámica (OCI). Bajo los tratados internacionales, el genocidio es un crimen que afecta a la comunidad global en su conjunto, lo que permite que un Estado, aunque no sea el afectado directo, asuma la representación legal de las víctimas.
Defensa y situación actual en Myanmar
En las etapas iniciales de este proceso en 2019, la entonces líder de facto y ganadora del premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, se presentó ante la CIJ para desestimar los cargos. En aquel momento, calificó las acusaciones de “engañosas” y justificó la intervención del Ejército como parte de un conflicto “interno” y “muy complejo”.
Aunque en 2020 la CIJ dictó medidas cautelares para obligar a Myanmar a proteger a la población vulnerable, diversos organismos de derechos humanos denuncian que las agresiones han continuado. La coyuntura empeoró drásticamente tras el golpe de Estado militar de 2021. Además, el grupo insurgente conocido como el Ejército de Arakán, que hoy domina extensas zonas de Rakáin, también ha sido señalado por actos violentos contra los rohinyá.
Impacto legal y precedentes internacionales
La minoría rohinyá ha sufrido una discriminación sistemática por décadas, carece de nacionalidad reconocida y es privada de derechos fundamentales en su propio territorio. Se espera que la CIJ tome varios meses para deliberar antes de emitir un fallo definitivo sobre la responsabilidad de Myanmar.
Una resolución condenatoria marcaría un hito en la justicia universal y en la forma en que se establece la carga de la prueba para el delito de genocidio. Este caso es seguido de cerca por su similitud con otros procesos recientes, como el iniciado por Sudáfrica en 2023 contra Israel debido a las acciones bélicas en la Franja de Gaza, sentando un precedente sobre la intervención de terceros estados en la defensa de los derechos humanos.
Fuente: Infobae