Este día se dio inicio a la audiencia de formalización de cargos contra los 49 integrantes de una peligrosa organización criminal de origen asiático asentada en la ciudad de Iquique, situada a unos 1.760 kilómetros al norte de Santiago. El grupo está acusado de ejecutar una estafa masiva que afectó a aproximadamente 400 jubilados estadounidenses, logrando sustraer una cifra superior a los USD 200 millones en criptomonedas.
La red delictiva, que fue desmantelada el pasado viernes durante un operativo de gran escala tras una alerta emitida por el FBI, era liderada por ciudadanos chinos pertenecientes al denominado “Clan Cheng”, facción vinculada a la Banda de Fujian. En la estructura también participaban ciudadanos de nacionalidad chilena, peruana, venezolana y boliviana. Esta organización operaba principalmente desde la Zofri (Zona Franca) de Iquique, empleando la táctica conocida como “pig slaughtering” (matanza de los cerdos), que consiste en engañar a inversores extranjeros mediante el uso de falsas plataformas de inversión.
Los capitales obtenidos de forma ilícita eran enviados a Chile, donde se procedía a su blanqueo a través de un complejo entramado compuesto por 119 sociedades comerciales, la mayoría de ellas constituidas dentro de la Zofri. Para estas operaciones, contaron con la colaboración de un ejecutivo de un banco privado en Iquique, quien presuntamente facilitó giros millonarios de dinero en efectivo y transacciones internacionales, evadiendo los controles de seguridad correspondientes.
Investigación por fraude informático y lavado
De acuerdo con lo informado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien se trasladó a la zona para supervisar el caso, todos los implicados enfrentarán procesos por los delitos de estafa y lavado de activos. El máximo persecutor explicó que las indagaciones comenzaron luego de detectar que
“un conjunto de ciudadanos norteamericanos -sin perjuicio de que también hay personas de otros países-, fueron víctimas de fraudes cometidos por vías informáticas”
, hecho que activó los protocolos de cooperación con las autoridades estadounidenses.
Según detalló Ángel Valencia, los beneficios económicos de la estafa eran introducidos en una “red de empresas, algunas genuinas, otras de fachada, y al sistema financiero chileno (…) valiéndose de las estructuras y de las ventajas de la Zofri”. El objetivo era ocultar el origen del dinero mediante la opacidad de estas entidades corporativas.
Por su parte, la fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, profundizó en el modus operandi, señalando que el fraude afectó mayoritariamente a residentes de Estados Unidos que creían invertir fondos en Chile a través de diversos canales bancarios, especialmente mediante el Banco Santander. La fiscal Steinert precisó que el engaño radicaba en que “esos dineros eran traspasados de una empresa a otra para, finalmente, no concretar las inversiones que las víctimas entendían estaban haciendo”.
En este contexto, el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, enfatizó la gravedad de los movimientos financieros detectados, mencionando que se identificaron cobros de cheques por montos de USD 400 mil y USD 500 mil. Según Cerna, una situación sumamente irregular fue que “una misma persona, representando a varias otras, pudo haber cobrado más de USD 1 millón en la misma sucursal bancaria el mismo día”.
Respuesta de la entidad bancaria
Finalmente, representantes del Banco Santander aclararon que fue la propia institución la que generó la alerta inicial en el país tras detectar flujos de dinero sospechosos en sus cuentas. La entidad financiera buscó deslindar responsabilidades sobre el ejecutivo implicado y subrayó su disposición a colaborar con la justicia.
A través de un comunicado oficial, la institución financiera manifestó lo siguiente:
“A raíz de esto, con fecha 10 de julio de 2025, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público -que dio origen a la investigación- con el fin de facilitar las indagatorias y diligencias probatorias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, y con ello, se puedan aplicar las sanciones contempladas por la ley a todos quienes resulten responsables”
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Fuente: Infobae