La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) se refirió a la declaratoria de inconstitucional del numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), emitida por la Corte Constitucional, que elimina la causal que permitía delegar servicios eléctricos al sector privado bajo un criterio amplio de interés público.
El gremio advirtió que la decisión reduce la claridad normativa necesaria para incentivar la participación privada en el sector energético, aunque precisó que esta no queda prohibida. La Corte Constitucional aclaró posteriormente que la mayoría de las reformas a la LOSPEE siguen vigentes y que únicamente se declaró inconstitucional la causal considerada excesivamente amplia y contraria al principio de excepcionalidad previsto en la Constitución.
Ante este escenario, la CCG consideró necesario impulsar una reforma legal que defina de manera precisa los criterios de excepcionalidad para la delegación de actividades al sector privado, con el fin de garantizar seguridad jurídica y asegurar el abastecimiento eléctrico. Esta posición coincide con el anuncio del Ministerio de Ambiente y Energía, que anticipó la presentación de una propuesta de reforma a la LOSPEE con parámetros técnicos y verificables.
El gremio también recomendó continuar aplicando el artículo 316 de la Constitución, que permite la delegación excepcional de servicios estratégicos, y avanzar con los proyectos que la normativa vigente aún autoriza. Entre ellos, aquellos destinados a cubrir demanda no atendida por empresas públicas o mixtas y los relacionados con energías renovables no convencionales que no consten en el Plan Maestro de Electricidad.
Finalmente, la Cámara planteó la posibilidad de una enmienda constitucional, a través de la Asamblea Nacional, para clarificar y facilitar la participación privada en sectores estratégicos, como una vía para responder al crecimiento de la demanda energética y fortalecer la competitividad del país.
KG