La difusión de un material audiovisual protagonizado por Néstor Gregorio Vera, conocido bajo el alias de Iván Mordisco y líder de las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha encendido las alarmas sobre una nueva fase de inestabilidad para los países limítrofes con Venezuela, con especial énfasis en Brasil. En dicha grabación, el cabecilla —por quien el Estado colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (aproximadamente 1,35 millones de dólares)— plantea un cese de hostilidades entre grupos internos. Su propuesta incluye una cumbre con liderazgos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para consolidar un bloque armado unificado contra lo que denominan el imperialismo estadounidense.
La unificación de las facciones criminales
Durante su pronunciamiento, el jefe de las disidencias manifestó de forma textual:
“Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias; ya habrá momento para sentarnos en camaradería a discutir estos desencuentros. Simón Bolívar nos unió varias décadas atrás; es necesario que su espada vuelva a brillar en nuestras manos unidas. El destino nos grita que es hora de juntarnos”
. El fortalecimiento de esta coalición tendría repercusiones críticas para el territorio brasileño, no solo por el incremento de la violencia en las zonas fronterizas, sino por una reconfiguración total de las estructuras delictivas transnacionales.
Según reportes de inteligencia vinculados al ejército del mandatario Gustavo Petro, elementos guerrilleros estarían retornando a suelo colombiano desde Venezuela. Estos grupos, que actualmente dominan el mercado del oro ilegal y la cocaína, podrían movilizarse hacia la Amazonía brasileña. Esta zona ya cuenta con antecedentes de cooperación criminal desde la década de 2000, cuando se establecieron nexos entre Fernandinho Beira-Mar, figura central del Comando Vermelho (CV), y las FARC para la gestión de laboratorios y canales de distribución. En la actualidad, el CV mantiene presencia operativa en diez estados de Brasil y es un actor determinante en las disputas territoriales del gigante sudamericano.
La expansión en la triple frontera
Un análisis detallado del International Crisis Group sobre la intersección fronteriza entre Perú, Colombia y Brasil, firmado por el investigador Bram Ebus en 2024, advierte sobre la consolidación del vínculo entre el Comando Vermelho y el Frente Carolina Ramírez. Esta facción disidente ha extendido su control sobre el río Caquetá. Si bien antes se dedicaban a delitos menores contra funcionarios ambientales, desde el año 2020 la violencia escaló, restringiendo el acceso de trabajadores al Parque Nacional Río Puré.
La estructura delictiva evolucionó con la creación del Frente Amazonas en septiembre de 2023, bajo el mando de alias El Tigre, enfocándose en la extorsión a mineros y el tráfico de estupefacientes. Un factor preocupante para las autoridades brasileñas es que gran parte de los integrantes de este frente son ciudadanos de Brasil y ya operan en el municipio de Japurá. Esta zona es neurálgica debido a su conexión con el río Solimões, facilitando el procesamiento de hoja de coca y el transporte de cargamentos hacia Manaos.
Disputas territoriales y vulnerabilidad social
La región del Alto Solimões se ha convertido en un campo de batalla entre el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC). Un estudio del Foro Brasileño de Seguridad Pública titulado “Cartografías de la Violencia en la Amazonía” señala que en esta área residen cerca de 281.000 personas (54% de origen indígena) en condiciones de alta precariedad social. Esta situación económica facilita que las redes de narcotráfico recluten mano de obra local con facilidad.
Este escenario se agravó tras el desmembramiento de la Família do Norte (FDN) en 2018. Actualmente, mientras el CV domina las rutas fluviales, el PCC gestiona pistas de aterrizaje en enclaves de minería ilegal dentro de reservas protegidas. Además del tráfico de drogas, estas organizaciones controlan la tala ilícita, la extracción de oro y la pesca depredadora en la frontera entre Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia), una zona que carece de controles migratorios sólidos.
El papel de Venezuela y el Cartel de los Soles
La crisis política en Venezuela amenaza con desplazar aún más las operaciones del narcotráfico hacia Brasil. Históricamente, en el estado de Apure, el Cartel de los Soles —conformado por militares afectos al chavismo— ha gestionado centros de acopio y pistas de vuelo. En este esquema han participado figuras como el empresario brasileño Paulo Jones da Cruz Flores, quien fue capturado en la Operación Veraneio de 2014 y purga una condena de 82 años de prisión por delitos relacionados con el crimen organizado y lavado de activos.
Desde el inicio de 2024, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha incrementado las intercepciones de vuelos ilegales provenientes de Venezuela en los estados de Roraima y Amazonas, específicamente en territorio Yanomami. El pasado 19 de diciembre se detectó una aeronave Cessna 182P sin plan de vuelo; el piloto huyó tras un aterrizaje forzoso. Previamente, en septiembre, se decomisaron 300 kilos de cocaína en un bimotor interceptado, y en febrero otra operación similar resultó en la muerte de dos pilotos.
La amenaza del fentanilo y el tráfico de oro
Existe una creciente preocupación por la incursión de la Segunda Marquetalia en el tráfico de fentanilo. En septiembre de 2025, el Ejército Nacional de Colombia incautó ampollas de este opioide sintético en Puerto Rondón (Arauca). Aunque estos insumos contaban con el registro del INVIMA y debían llegar a centros hospitalarios, fueron desviados por la guerrilla. En 2023, ya se habían interceptado 180 pastillas de esta sustancia en Manaos, con destino final hacia Italia.
Finalmente, la explotación de oro ilegal en Roraima muestra una conexión directa con el grupo venezolano Tren de Aragua. Las investigaciones FLYGOLD I y II de la Policía Federal en 2024 revelaron una red que traficó metal por un valor de 800 millones de dólares entre 2023 y 2024. El esquema utilizaba a la empresa Alibaba Gold Center C.A., con sede en el Arco Minero del Orinoco, para lavar el oro extraído en Brasil y enviarlo a mercados internacionales como Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
A pesar de que las autoridades brasileñas buscan a once prófugos de esta red en ciudades como Itaituba, Boa Vista, Manaos y San Pablo, la estructura sigue activa. En medio de esta crisis de seguridad, Ricardo Lewandowski presentó su renuncia como ministro de Justicia y Seguridad Pública citando motivos personales, dejando el cargo de forma interina a Manoel Carlos de Almeida.
Fuente: Infobae