Este lunes marcó el inicio de la primera audiencia judicial en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) relacionada con la demanda interpuesta por Gambia contra Birmania. El país africano sostiene que la nación asiática ha incumplido sus responsabilidades bajo la Convención sobre el Genocidio de 1948, tratado del cual ambos son signatarios, tras los episodios de violencia extrema ejecutados contra la comunidad rohingya.
Durante la sesión de apertura, el ministro de Justicia de Gambia, Dawda A. Jallow, enfatizó la gravedad de la situación ante el tribunal internacional:
«No hemos presentado este caso a la ligera. Lo hemos hecho tras revisar informes creíbles sobre las violaciones más brutales imaginables infligidas a un grupo vulnerable que ha sido deshumanizado y perseguido durante muchos años»
Jallow argumentó que la decisión de elevar este caso en 2019 nació de un profundo sentido de responsabilidad ética. El funcionario vinculó esta postura a la propia historia de Gambia, que sufrió las consecuencias de un régimen militar tras el golpe de Estado liderado por el general Yahya Jamé contra el gobierno del presidente Dawda Jawara en 1994.
El ministro destacó que haber vivido bajo una dictadura brutal por más de dos décadas les enseñó la importancia de alzar la voz frente a la opresión y los crímenes contra la humanidad. «De lo contrario la impunidad garantizará que tales crímenes se repitan una y otra vez», advirtió durante su comparecencia.
Cronología y medidas cautelares
Está previsto que las vistas actuales se extiendan hasta el 29 de enero. Es importante recordar que en enero de 2020, la CIJ ya había dictaminado medidas cautelares, ordenando a Birmania implementar todas las acciones necesarias para prevenir un genocidio contra los rohingya, mientras se aguarda por una sentencia final sobre el fondo del asunto.
La base de este litigio se remonta al 11 de noviembre de 2019, cuando Gambia formalizó su denuncia. En dicho documento, se expone que el Ejército y diversas fuerzas de seguridad de Birmania llevaron a cabo «operaciones de limpieza generalizadas y sistemáticas» a partir de octubre de 2016.
De acuerdo con la acusación, el propósito de estas acciones era la eliminación total o parcial del grupo étnico a través de métodos atroces:
- Asesinatos masivos y ejecuciones extrajudiciales.
- Uso de violaciones y otras formas de violencia sexual sistemática.
- Destrucción de aldeas mediante incendios provocados, frecuentemente con los habitantes atrapados en el interior de las estructuras.
- Privación de alimentos y necesidades básicas para la subsistencia.
- Destrucción de ganado y tierras de cultivo.
Escalada de la violencia desde 2017
El documento enviado a la corte subraya que, a partir de agosto de 2017, las operaciones militares se intensificaron a una escala geográfica mucho mayor. Estos actos, según el demandante, constituyen violaciones flagrantes de la Convención contra el Genocidio, asegurando que Birmania «ha incumplido y sigue incumpliendo sus obligaciones» internacionales.
Además de detener la violencia, Gambia exige que los responsables de estos actos sean juzgados por tribunales competentes. También demanda que se garantice una reparación integral para las víctimas, lo cual incluye facilitar un retorno digno y seguro para los desplazados, así como el reconocimiento de su ciudadanía plena y el respeto a sus Derechos Humanos.
Un punto crítico de la demanda es la preservación de evidencias. Gambia ha solicitado formalmente que Birmania no destruya ni oculte pruebas, incluidos los restos mortales de las víctimas o la alteración de los sitios físicos donde ocurrieron los presuntos crímenes.
Contexto internacional y figuras clave
La iniciativa judicial fue impulsada por la determinación de Tambadou, quien tras visitar los campos de refugiados en Cox’s Bazar y basándose en su experiencia en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), movilizó el apoyo de 57 estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).
En el centro de la polémica internacional se encuentra Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y antigua líder de facto de Birmania. Quien fuera un símbolo global de la democracia ha sido blanco de duras críticas por no detener la represión militar en el estado de Rajine. Como consecuencia de estos ataques, más de 700.000 musulmanes rohingya se vieron obligados a buscar refugio en Bangladesh.
Finalmente, cabe destacar que una comisión de investigación de la ONU concluyó que las tropas birmanas actuaron con «intención genocida» al responder a los ataques del Ejército de Salvación del Arakán Rohingya (ARSA). Aunque Suu Kyi admitió que hubo excesos por parte de las fuerzas estatales, calificó la acusación de genocidio como «engañosa». No obstante, según el Artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas, todos los países miembros están obligados a cumplir las resoluciones emanadas de la CIJ.
Fuente: Infobae