La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia tiene en sus manos la responsabilidad de determinar la viabilidad de la propuesta impulsada por un comité promotor para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta decisión se produce en un clima de intensa tensión política, especialmente por los señalamientos contra el primer mandatario, Gustavo Petro, quien en procesos electorales anteriores había asegurado que no recurriría a este mecanismo para modificar la Constitución Política de 1991.
Bajo el liderazgo de Hernán Penagos, la autoridad electoral deberá presentar un informe decisivo sobre el trámite durante el transcurso de la presente semana. Este proceso ha generado una polarización significativa, dado que cuenta con el aval explícito del Gobierno Nacional y ha sido respaldado de cerca por figuras como Antonio Sanguino, quien se desempeña como ministro de Trabajo y estuvo presente en el momento de radicar la intención de recolectar las rúbricas.
El registro formal de esta iniciativa ciudadana se llevó a cabo el pasado 26 de diciembre de 2025, contando con la participación activa de diversas organizaciones sindicales y sociales. En aquel acto, Sanguino representó al Ejecutivo en un procedimiento que demanda la verificación de requisitos legales antes de la entrega de los formularios oficiales. La Registraduría dispone de un plazo de 15 días hábiles para emitir su pronunciamiento técnico y administrativo sobre el particular.
En cuanto a las metas de respaldo popular, la administración de Gustavo Petro proyecta alcanzar una cifra de 10 millones de firmas, a pesar de que la legislación colombiana vigente exige un mínimo de 2,5 millones para que la propuesta siga su curso. Al respecto, Sanguino manifestó lo siguiente:
«Esperamos que este comité promotor cumpla con el reto de recoger, mínimo, tres millones de firmas, pero hemos querido que sean 10 millones de colombianos y colombianas que le den la fuerza suficiente para que el próximo Congreso de la República examine esta iniciativa popular legislativa».
El objetivo declarado por los funcionarios es dotar de una legitimidad indiscutible al proceso. Sin embargo, sectores de la oposición recuerdan que el hoy presidente había comprometido su palabra, incluso bajo actos simbólicos en campañas pasadas, de no alterar la Carta Magna. Tales críticas sugieren que la intención real detrás de la Asamblea Constituyente sería facilitar la permanencia del mandatario en la Casa de Nariño.
Debates y rechazo político en torno a la convocatoria
La participación de altos cargos del Ejecutivo en el trámite inicial ha sido el foco de múltiples cuestionamientos desde diversos sectores políticos. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que el Gobierno no puede intervenir de forma directa en la captación de apoyos. Según Benedetti, una vez se entreguen los formularios, se abrirá un periodo de tres meses para la recolección, lo que evitaría que el proceso interfiera con el calendario de los comicios electorales.
Bajo este cronograma, la presentación formal ante el Congreso de la República quedaría programada para después del 20 de julio, coincidiendo con la instalación de la nueva legislatura y tras haberse efectuado las elecciones presidenciales. Esta hoja de ruta ha provocado reacciones contundentes de líderes como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien sostiene que la maniobra es meramente electoral y busca desmantelar la institucionalidad actual.
Uribe Vélez cuestionó la coherencia de la propuesta señalando:
«Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral. La Constitución que ellos, como guerrilla del M-19, pidieron, ayudaron a escribir y a aprobar».
A estas voces de oposición se sumó la Defensora del Pueblo, Iris Marín, quien a través de un extenso mensaje en sus redes sociales enfatizó la importancia de proteger la institucionalidad y los valores democráticos establecidos desde la promulgación de la constitución vigente en 1991.
Fuente: Infobae