La administración liderada por el presidente Rodrigo Paz alcanzó este domingo un consenso determinante con la Central Obrera Boliviana (COB) y diversas organizaciones campesinas. Este pacto pone fin a una semana de bloqueos y manifestaciones que mantuvieron en vilo la economía y la transitabilidad en el territorio boliviano.
El entendimiento se concretó tras una extensa jornada de negociación en la que participaron seis ministros de Estado. El punto central del acuerdo es la derogación del polémico Decreto 5503, además del compromiso de redactar una nueva normativa que garantice la continuidad del subsidio a los combustibles y refuerce otras protecciones sociales.
Consenso alcanzado en El Alto
La firma del documento tuvo lugar en El Alto, ciudad que se convirtió en el punto neurálgico de las protestas recientes. El acta oficial estipula de forma clara que
“el decreto 5503 se abrogará en su totalidad”
y añade que se conformará una comisión técnica para elaborar un nuevo decreto que
“mantendrá de manera exclusiva los artículos referidos a la subvención de combustibles”
.
Asimismo, el Gobierno ratificó que seguirán vigentes medidas como la reprogramación de deudas bancarias, el fortalecimiento de los bonos sociales y la actualización de las políticas salariales, elementos que la gestión de Paz considera fundamentales para el amparo de los grupos más vulnerables.
Tras el anuncio, la Central Obrera Boliviana y las federaciones sindicales instruyeron el cese inmediato de todas las medidas de presión y el levantamiento de los cortes de carreteras que iniciaron el pasado martes. Pese a esto, las organizaciones sociales advirtieron que permanecerán en estado de emergencia hasta que la nueva norma sea promulgada oficialmente por el Ejecutivo.
El fin de las movilizaciones permite que el país recupere la normalidad operativa, luego de que diversos sectores productivos reportaran pérdidas económicas de gran magnitud durante el conflicto. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, destacó que la apertura al diálogo fue clave para procesar las demandas sociales sin renunciar a la búsqueda de estabilidad.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la COB, el dirigente minero Mario Argollo, reconoció el cambio de postura oficial al señalar:
“Las autoridades de Gobierno han reflexionado y cuando las autoridades trabajan con su pueblo también hay que aplaudir”
. Argollo también extendió un agradecimiento a las bases sociales por su capacidad de movilización.
Antecedentes de la crisis energética
Cabe recordar que el Decreto 5503, que entró en vigencia el 17 de diciembre, establecía una actualización de precios para los carburantes con incrementos que llegaban hasta el 162% en comparación con los valores que se mantuvieron estables por más de dos décadas. La norma también incluía beneficios como el incremento del salario básico, un bono para estudiantes y rentas de vejez para ciudadanos no jubilados.
Si bien los sindicatos alertaron sobre un posible trasfondo de privatización de empresas y recursos naturales, el Ejecutivo desmintió tales versiones, defendiendo la reforma como un paso necesario para el abastecimiento de energía y el saneamiento de las cuentas públicas.
Las protestas, que se agudizaron desde el 22 de diciembre con bloqueos en rutas estratégicas, afectaron severamente al turismo y al suministro de productos básicos. Debido a esto, el Gobierno de Rodrigo Paz tuvo que activar operativos de rescate por aire y agua para asistir a viajeros varados en destinos como el lago Titicaca y el salar de Uyuni, además de organizar puentes aéreos de abastecimiento.
Con el restablecimiento del tránsito, el Estado busca retomar la senda del crecimiento y la confianza ciudadana, bajo un compromiso de mantener políticas responsables en un entorno regional de alta volatilidad energética.
Fuente: Infobae