La situación de derechos humanos en Irán ha alcanzado niveles críticos tras cumplirse 15 días de intensas manifestaciones. Según el balance más reciente emitido por la organización no gubernamental HRANA, con sede en Estados Unidos, la cifra de víctimas fatales ha ascendido a, al menos, 544 personas en las principales urbes del país.
Balance de víctimas y detenciones masivas
La organización ha alertado que el número de decesos podría incrementarse, ya que existen «docenas» de casos adicionales bajo un proceso riguroso de investigación. En paralelo a la pérdida de vidas, la represión estatal ha resultado en la captura de 10.681 ciudadanos, quienes han sido enviados a prisión tras su arresto. La recopilación de estos datos se ha visto severamente entorpecida debido a que el servicio de internet permanece suspendido desde hace tres días.
El notable incremento en las estadísticas de fallecidos, que apenas el sábado se situaban en 116, se justifica por el acceso a nuevos documentos gráficos obtenidos recientemente. Según explica HRANA, la recepción de archivos provenientes de diversos depósitos de cadáveres en la región de Teherán permitió confirmar este salto cuantitativo en la cifra de víctimas mortales.
Contradicciones en las cifras oficiales y de ONGs
Es importante señalar que los datos ofrecidos por las organizaciones civiles no han sido ratificados por las autoridades gubernamentales. De hecho, otras entidades como el Centro para los Derechos Humanos en Irán (IHRNGO), ubicado en Noruega, reportan oficialmente 192 fallecidos. No obstante, este mismo organismo admite que diversas fuentes sugieren que la cifra real podría superar los 2.000 muertos, advirtiendo con preocupación que al menos nueve de las víctimas eran menores de edad.
La situación se ve agravada por el aislamiento informativo. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que este domingo marca la cuarta jornada consecutiva de bloqueo al acceso a internet, una táctica implementada por las autoridades iraníes con el objetivo estratégico de desarticular las movilizaciones sociales.
Consecuencias legales y cargos de ‘mohareb’
Por otro lado, el panorama judicial para los capturados es desalentador. La Fiscalía General de Irán ha manifestado su postura de calificar a todos los participantes de las protestas como ‘mohareb’, término que se traduce como «enemigos de Alá». Este delito está tipificado bajo una normativa que contempla la pena de muerte como sanción principal. Mientras tanto, el aparato mediático estatal ha validado los arrestos masivos de quienes califican como «alborotadores».
Declaraciones internacionales sobre el conflicto
El director de IHRNGO, Mahmud Amiri-Moghaddam, ha expresado su profunda preocupación por la opacidad generada por el apagón digital:
«Las muertes de manifestantes en los últimos días, en particular desde el corte a nivel nacional de internet, podría ser incluso mayor de lo que nos imaginamos ahora mismo. La República Islámica está cometiendo un crimen internacional contra el pueblo de Irán y la comunidad internacional está obligada según el derecho internacional a emplear todos los medios para detener este crimen».
El origen de este estallido social se remonta al pasado 27 de diciembre, cuando se registraron los primeros disturbios en el Gran Bazar de Teherán. Aunque inicialmente el descontento fue motivado por el desplome del rial (la moneda nacional), las exigencias han evolucionado hacia una protesta general contra la clase política que se ha extendido por toda la nación.
Fuente: Infobae