El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos ha denunciado formalmente el fallecimiento bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, un ciudadano de 52 años considerado preso político en Venezuela. El deceso tuvo lugar el pasado 10 de enero de 2026 en las instalaciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Zona 7. Este suceso se reportó apenas 62 horas después de que la administración de Delcy Rodríguez anunciara oficialmente un proceso de excarcelaciones de presos políticos.
Edison José Torres Fernández, quien contaba con una trayectoria de más de veinte años de servicio como funcionario de la Policía del estado Portuguesa y estaba adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare, había sido detenido el 9 de diciembre de 2025. Su captura se produjo tras la difusión de diversos mensajes en los que expresaba críticas hacia el régimen y el gobernador de su región. Según datos obtenidos de fuentes extraoficiales, al exoficial se le imputaban los cargos de asociación para delinquir y traición a la patria.
Hasta el presente momento, las autoridades venezolanas han evitado emitir información oficial sobre las circunstancias exactas o las causas de la muerte de Edison Torres Fernández. Tampoco se han brindado detalles sobre el tipo de asistencia médica que el detenido pudo haber recibido durante su periodo de reclusión. Ante la opacidad del caso, el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos ha señalado directamente al Estado venezolano como responsable por la integridad física y la vida de los privados de libertad, exigiendo al mismo tiempo una investigación independiente y transparente, además de la liberación inmediata de todos los presos políticos que permanecen en prisión.
La problemática de la muerte de presos políticos en Venezuela ha sido objeto de documentación constante por parte de diversas organizaciones de derechos humanos. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha indicado que, durante la última década, al menos 22 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado venezolano. Estos casos son atribuidos principalmente a la negligencia, la negación de atención médica oportuna y las condiciones inhumanas de detención. El OVP ha denunciado prácticas como la falta deliberada de asistencia sanitaria, retrasos en la obtención de diagnósticos y presiones directas a los familiares para evitar que estas muertes trasciendan a la opinión pública. Asimismo, se han registrado situaciones de entierros bajo estricta custodia militar y con un alto nivel de hermetismo.
Casos de negligencia y falta de asistencia
Dentro de los casos emblemáticos registrados recientemente destaca el de Reinaldo Araujo, un dirigente de la oposición que falleció en prisión tras la negativa de las autoridades de brindarle atención médica, pese a las constantes solicitudes de sus parientes. Su muerte incrementó la cifra de muertes bajo custodia del chavismo en los últimos diez años, muchas de las cuales han sido vinculadas a la negligencia médica. Por otra parte, en diciembre de 2025, el ex gobernador Alfredo Díaz perdió la vida en condiciones similares debido al aislamiento y la carencia de cuidados de salud adecuados en la cárcel de El Helicoide. Grupos de oposición también vinculan siete fallecimientos a la ola represiva desatada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
A estos reportes se suma el caso de Lindomar Amaro Bustamante, cuya muerte fue catalogada como suicidio. Su entorno familiar denunció previamente que el detenido ya había intentado atentar contra su vida, pero no recibió las medidas de protección ni la vigilancia necesarias por parte de la institución carcelaria, lo cual agrava la presunta responsabilidad estatal en el suceso.
La crisis que atraviesan los presos políticos en Venezuela se profundiza con denuncias sobre el uso de la tortura, el aislamiento prolongado, las desapariciones forzadas y la vulneración sistemática de los derechos procesales de los detenidos. Diversos informes advierten que un gran número de reclusos padece enfermedades graves sin acceso a tratamiento, elevando el peligro de desenlaces mortales. Según estimaciones de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, cerca de 60 presos presentan cuadros de salud sumamente delicados, tales como dolencias cardíacas y cáncer avanzado, sin recibir la atención sanitaria requerida.
Diversas organizaciones y familiares han hecho un llamado urgente para que se realicen investigaciones independientes que garanticen el respeto a la integridad de quienes siguen en prisión. Tanto el Comité de Familiares como el OVP han hecho hincapié en la importancia de la rendición de cuentas para frenar la repetición de estas prácticas, las cuales, según señalan, constituyen crímenes de lesa humanidad.
Posterior a la captura del ex dictador Nicolás Maduro, el régimen anunció una serie de excarcelaciones de presos políticos. No obstante, hasta el día de hoy, solo se han confirmado menos de veinte liberaciones, mientras que los familiares de los demás detenidos permanecen apostados en las cercanías de los centros de reclusión esperando noticias sobre el paradero y estado de sus seres queridos.
Fuente: Infobae