Una investigación por lavado de activos —que movilizó alrededor de $ 11’193.647 en el sistema financiero de Ecuador—, en la que está procesado un criminal requerido en otros tres países, reveló posibles irregularidades en el sistema judicial. Estas alcanzaron al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, contra quien la Asamblea Nacional analiza eventuales acciones de fiscalización.
Esta investigación, a la que la Fiscalía General llamó Caso Euro 2024, se relaciona con un ciudadano de 46 años nacido en Bania Luka (Bosnia-Herzegovina), Jezdimir Srdan, de profesión economista y con pasaporte de Serbia, que está detenido en la Cárcel del Encuentro y es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
En enero de 2025, la Fiscalía de Viena (Austria), a través de la embajada de ese país en Colombia, solicitó a Ecuador apoyo para la extradición de Srdan por ser sospechoso en un delito de tentativa de asesinato en el 2019.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, giró boleta de encarcelamiento en su contra en junio pasado del año anterior para que permanezca en la cárcel de Latacunga hasta definir su situación legal.
También tiene notificación roja en Croacia por sospecha del delito de fraude y falsificación; y, por el delito de delincuencia organizada, es requerido por Serbia.
Según el expediente judicial, Srdan —que además tiene el alias Seatovic Milenko, nacido el 5 de marzo de 1976 en Nova Gradiska (Croacia)— habría sido llamado por la mafia de los Balcanes, Skaljari Clan, para planear un crimen en contra de un miembro del grupo criminal contrario, el Kacav Clan.
Lo buscaron por su habilidad para hablar español, pues en el hecho habría participado también un ciudadano colombiano.
Su estado judicial en Ecuador podría definirse este jueves 8 de enero, en una audiencia virtual.
Serbobosnio se benefició de la prelibertad y lo enviaron a leer libros
En Ecuador, Jezdimir Srdan ha sido procesado por narcotráfico y delincuencia organizada; y recientemente, por el delito de lavado de activos, por el que fue sentenciado a diez años de prisión.
Fue detenido el 20 de noviembre de 2024. Un año después, el 20 de noviembre de 2025, se dio la sentencia oral y, con el voto de mayoría de un Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, los jueces Christian Fierro y Carlos Serrano lo sentenciaron a diez años de prisión, a él y a otras tres personas.
Justamente el exjuez Serrano denunció amenazas a su vida por este caso y renunció. Además, reveló que recibió aparentes insinuaciones de un excolaborador de Mario Godoy, Henry Gaibor, para que tomara en cuenta los argumentos de la defensa de Srdan antes de emitir su fallo.
Esto permitió que se conozca que la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, fue parte de la defensa técnica de Srdan en la fase preprocesal, lo que complicó su situación política.
En cambio, la jueza Gabriela Lara Tello dio un voto de minoría y argumentó —según el acta de la audiencia oral— que tenía dudas respecto de la responsabilidad y participación de Srdan y otros procesados en este caso, por lo que ratificó el estado de inocencia de los investigados.
La sentencia escrita, tanto la de mayoría como la de minoría, no se ha notificado a las partes procesales, por lo que se advierte de la posibilidad de que no se ejecute la pena.
Según la investigación del agente fiscal del caso Euro 2024, Srdan llegó a Ecuador en el 2013 y en 2015 se lo investigó por un delito de tráfico de drogas.
En su poder se encontraron 150 kilogramos de cocaína, por lo que recibió una sentencia, en abril de ese año, de 17 años y 4 meses de cárcel; pero solo completó cuatro años.
En el 2018 interpuso un “recurso de reducción de la pena y aplicación de la ley posterior más benigna”, ya que había sido condenado con la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas que estaba vigente en el momento de su detención.
En 2014 se derogó esa ley y se puso en vigor el Código Penal, con una sanción de ocho años de prisión.
El caso recayó en el despacho del exjuez Christian Roca Yagual de Guayas, que un 5 de diciembre de 2018 le concedió el recurso porque acreditó méritos, como participar en talleres cristianos, de origami y manualidades, porque aportó al cuidado del medioambiente y por otras habilidades manuales.
Con la aceptación del recurso, se le redujo la pena de 17 años a 10 años y se le concedió el beneficio de la prelibertad. Pero, para controlarlo, se le ordenó que tenga su domicilio en Guayaquil, comparezca a una casa de confianza de manera periódica, que lea un libro educativo por mes, haga una tesis sobre el perjuicio de la droga a la salud pública con tema libre, entre otras responsabilidades educativas.
En ese entonces, el extinto Ministerio de Justicia, que absorbía las funciones del sistema de rehabilitación social, acreditó que Srdan mostró avances en su rehabilitación y en junio de 2019 declaró la extinción de la pena por cumplimiento y se levantaron las medidas cautelares que se dictaron en su contra.
No obstante, al exjuez Roca la Fiscalía lo investigó por el delito de prevaricato por esta sentencia y, en febrero de 2023, fue condenado a tres años de prisión y el pago de una reparación integral por $ 10.000, por la liberación de Srdan.
Con apoyo de Alemania se construyó el caso por lavado de activos
En tanto, el ciudadano serbobosnio estaba libre. Pero la Fiscalía investigaba otros hechos y, con el apoyo de una asistencia penal de Alemania, se detectaron conversaciones entre un hombre identificado como Andrés Bauke y una compañía llamada RHB, en la que apareció Srdan.
De esos chats se extrajo información que daría cuenta de que, entre marzo de 2020 y febrero de 2021, Srdan se dedicó a “contaminar contenedores” que salían de los puertos de Ecuador con cocaína hacia Europa y el puerto de Amberes en Bélgica.
Se presume que se contaminaron veinte contenedores, según Fiscalía, de los que se incautaron tres en los que se habría confirmado que llevaban droga.
De esta actividad ilícita se desprende el delito de lavado de activos, pues mientras el extranjero cumplía su pena por tráfico de sustancias estupefacientes se construía una estructura para movilizar el dinero en el sistema financiero ecuatoriano.
En la cárcel, Srdan conoció a Alexandra Dominga F. O., su abogada, con quien formó una unión de hecho y crearon la empresa Jezdimir Fernández S. A., a la que luego le cambian el nombre a Vivo Pro Vobis, que se dedicaba al tema inmobiliario y más adelante renovó su razón social para la crianza de camarones.
Esta compañía, entre el 2019 y 2020, empezó a recibir recursos de RHB y de Andrés Bauke desde Alemania por $ 778.000.
Con ese dinero compraron una propiedad por $ 90.000; luego compraron la compañía Servis Seguridad y compartió acciones con su pareja, quien a su vez constituyó otra empresa: San Gregorio Equipo Caminero.
Compraron seis inmuebles en Guayaquil, Santa Elena y Cuenca por aproximadamente $ 1,3 millones en efectivo.
En Alemania, Bauke era investigado por sospecha de tráfico de drogas y lavado de activos, ya que RHB se dedicaba al alquiler de vehículos y en ellos se encontraron sustancias sujetas a fiscalización.
Estas actividades dieron cuenta de que Vivo Pro Vobis se constituyó con un capital de $ 800, pero las inversiones que recibieron ascendían a los 2′040.000 euros.
El fiscal a cargo del caso pidió al juez, en la audiencia de formulación de cargos, que se dictara prisión preventiva para Srdan y asegurar así su presencia en el proceso, pues en los últimos años transitó por varios países de Europa en una estructura que se “dedica al narcotráfico”.
Advirtió de la peligrosidad de Srdan porque al allanar su domicilio encontraron bases de radio que tenían las frecuencias de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) y de otras unidades policiales. Es decir, “el señor podía escuchar las comunicaciones que existían entre estas unidades de la Policía Nacional sumamente delicadas”.
Se le encontraron casi “dos docenas de armas de fuego y no solamente pistolas: encontraron fusiles, armas”, relató el fiscal.
El abogado de Srdan, Diego Chimbo, pidió al juez que se dicten medidas alternativas a la prisión preventiva, pero no se aceptó.
Finalmente, en noviembre pasado, en segunda instancia, un tribunal penal condenó a diez años de prisión a Srdan, su pareja Alexandra Dominga F. O., Wilson Andrés M. F. y Karen Nathaly A. H., como autores directos del delito de lavado de activos.
Se dispuso la disolución de Vivo Pro Vobis S. A., Servi Seguridad Serviseg Cía. Ltda. y Bomcamarao S. A., que fueron creadas y utilizadas para “canalizar, ocultar o aparentar el origen lícito del dinero ilícito”.
La utilidad de las compañías
De las investigaciones se desprendió que Vivo Pro Vobis permitió comprar 89 hectáres de predios y maquinaria pesada para la construcción de una camaronera; se compraron vehículos blindados, bienes de lujo y otros activos sin sustento económico.
Boncamarao S. A., que la representó Wilson M. F., servía para simular transacciones de compraventa de terrenos y justificar ingresos inexistentes.
En cambio, Servi Seguridad permitió que Jezdimir Srdan pueda acceder a armas, frecuencias radiales y permisos de funcionamiento. (I)
Fuente: El Universo