El Poder Judicial ha dictaminado la incorporación oficial de Fuerza Popular como persona jurídica en la investigación penal que se desarrolla contra su exsecretario general, Joaquín Ramírez, y otros implicados en la trama denominada ‘Alas Peruanas’. La resolución, emitida por la magistrada Margarita Salcedo, establece un nuevo panorama legal para la organización política, al fortalecer la hipótesis de la fiscalía sobre el uso de la plataforma partidaria para la canalización de fondos de origen ilícito.
Dicho dictamen judicial fue oficializado el 15 de diciembre de 2025, tras declarar como fundado el pedido que la Fiscalía especializada en lavado de activos presentó originalmente el 30 de abril del mismo año. En su análisis, la jueza Salcedo determinó que el Ministerio Público cumplió con los presupuestos legales necesarios para este procedimiento.
Durante la etapa de alegatos, la defensa técnica de Fuerza Popular solicitó que la petición fiscal fuera rechazada por improcedente. Los abogados argumentaron que el despacho fiscal no presentó una imputación válida ni concreta contra la institución, señalando además la existencia de hasta seis versiones defectuosas de los hechos que se les atribuyen. Otro de sus argumentos principales fue que el plazo para la investigación preparatoria concluyó el 5 de mayo de 2025, por lo que consideraban que una incorporación posterior vulneraría el derecho a la defensa y el principio de igualdad procesal.
No obstante, la jueza rechazó estos argumentos de manera categórica. La magistrada aclaró que la solicitud del Ministerio Público se realizó dentro de los tiempos procesales permitidos y que la demora en su resolución se debió a las constantes recusaciones presentadas por los propios investigados contra los jueces del caso. Salcedo enfatizó que, pese a dichas maniobras, la actuación de la fiscalía se ajustó a derecho, validando la inclusión del partido en la causa.
Como parte de las disposiciones de esta medida, la jueza otorgó un plazo de cinco días para que el órgano social de la agrupación —bajo su nombre legal de registro, Partido 2011— proceda con la designación de un apoderado judicial. Se dejó constancia de que, en caso de no cumplirse con este requerimiento, el propio juzgado designará a un representante de oficio para asegurar que el proceso siga su curso sin interrupciones.
Fiscalía ratifica tesis de ‘organización criminal’ en Fuerza Popular
La postura del Ministerio Público sostiene que en la estructura interna de Fuerza Popular habría funcionado una presunta organización criminal dedicada a captar recursos de procedencia ilegal para obtener poder político en el Ejecutivo. Según la tesis fiscal, la agrupación habría sido beneficiaria de aportaciones económicas provenientes de las empresas de Joaquín Ramírez y de transacciones comerciales irregulares ligadas a la Universidad Alas Peruanas.
Las indagaciones se centran en verificar si estos capitales fueron utilizados para el financiamiento de actividades proselitistas, con el fin de ocultar su origen y otorgar una fachada de legitimidad a dineros presuntamente ilícitos. Con la inclusión de la persona jurídica, la justicia podrá evaluar eventuales responsabilidades institucionales de Fuerza Popular bajo el actual marco normativo penal.
Fuente: Infobae