El experimentado abogado y antiguo fiscal Martín Salas ha manifestado una grave denuncia pública al asegurar que la reciente desarticulación de grupos de élite en el Ministerio Público responde a un intercambio de beneficios entre el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, y el Congreso de la República. El también aspirante al Senado enfatizó que el Parlamento previamente archivó procesos que involucraban al actual titular de la Fiscalía.
“Esto responde a una devolución de favores del fiscal interino Tomás Gálvez hacia el poder político cuestionado por gran corrupción en el Perú. El Congreso de la República le archiva uno de los casos que tenía Tomás Gálvez, proveniente del equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto, […] y hay que devolver el ‘favorcito’”, declaró.
Salas argumentó que la eliminación de unidades investigativas como Lava Jato y Cuellos Blancos obedece a una estrategia para restar fuerza a indagaciones de alto impacto que afectan a grupos políticos con gran poder. Para el exmagistrado, estas decisiones no son fortuitas, sino que forman parte de un esquema diseñado para garantizar la impunidad y proteger a investigados de alto perfil. “Este equipo tiene investigaciones emblemáticas contra este gran poder político cuestionado por corrupción y por lavado de activos. No le queda otra que debilitar estas investigaciones”, puntualizó.
Resultados del equipo Lava Jato frente a las críticas
Respecto a los cuestionamientos de Tomás Gálvez sobre la supuesta inoperancia de los fiscales, Salas presentó cifras concretas que desmienten dicha versión. Destacó que el grupo especializado Lava Jato cuenta con logros significativos en el sistema judicial:
- 62 sentencias logradas bajo la modalidad de colaboración eficaz.
- 6 sentencias por procesos de terminación anticipada.
- 7 sentencias obtenidas en juicios comunes.
- 32 casos que ya cuentan con acusación formal y se encuentran en fase de juicio oral.
Asimismo, el exfiscal advirtió que la remoción de Rafael Vela y José Domingo Pérez debe ser interpretada como una persecución directa y una “venganza política”. Según su análisis, se busca el blindaje de sectores específicos, mencionando como ejemplo el caso Cócteles, en el cual está implicada la líder de una organización política mayoritaria que ejerce dominio en el Legislativo. Salas reiteró que estas acciones tienen el objetivo final de generar impunidad mediante el desmantelamiento de toda la estructura de trabajo del equipo especial.
Impunidad en investigaciones sobre muertes en protestas
El jurista expresó una alarma particular por la desaparición del equipo fiscal encargado de investigar los decesos ocurridos en las recientes manifestaciones sociales. “La corrupción podemos seguir combatiéndola, pero los muertos no podemos resucitarlos”, sentenció. Según Salas, esta desactivación condena los casos al olvido, beneficiando a figuras como la presidenta Dina Boluarte.
En su declaración, recordó que existen expedientes formales por más de 60 fallecidos en diversas regiones del sur peruano como Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Huancavelica y Puno. Para el exfiscal, el cese de estas labores favorece directamente al entorno político vinculado a las muertes, incluyendo a exministros de Interior y de Defensa. “Silenciar al pueblo peruano era la consigna”, agregó, sugiriendo que las pesquisas apuntan a directrices emanadas desde la cúpula estatal.
La inacción de la Junta de Fiscales Supremos
Al ser consultado sobre por qué la Junta de Fiscales Supremos no ha emitido una postura institucional firme, Salas sugirió que el silencio se debe a que varios de sus miembros están comprometidos legalmente. Esta falta de autonomía se debería a que importantes figuras del organismo enfrentan procesos por presunta corrupción.
El exfiscal detalló la composición actual de la Junta para ilustrar su punto: mencionó que entre los cinco integrantes se encuentra Patricia Benavides, investigada como presunta líder de una red criminal; Luis Arce Córdova, relacionado con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto; y el propio fiscal de la Nación interino, quien también es objeto de investigaciones. Esta situación, concluyó, impide una fiscalización real interna ante la crisis institucional.
Fuente: Infobae