Samantha Lozada, exdirectora de la Judicatura en Orellana, se encuentra exiliada del país, no porque haya cometido algún delito, sino porque todas las instituciones y el mismo Estado que debían protegerla, la abandonaron a su suerte y le quitaron la custodia, tan solo ocho días después de que un sicario le disparó varias veces.
Si bien la Judicatura, en un comunicado, aseguró que le brindaron todo el apoyo y las seguridades necesarias, Lozada detalló que el Ministerio del Interior solicitó una partida presupuestaria, carros blindados y dotación para los custodios, y aunque la entidad presidida por Mario Godoy se mostró dispuesta a facilitar todo, nunca llegó a concretarse más allá de un papel.
“No solo me persigue la mafia sino el Consejo de la Judicatura”
La exfuncionaria contó que en abril de 2024 fue amenazada por el líder de la organización criminal de “Los Choneros – Fatales”, alias Topo, quien estaba asentado en las minas del Punino.
La segunda amenaza llegó en septiembre de ese año, el hermano de Lozada fue irrumpido en un restaurante por un miembro del grupo de delincuencia organizada y le hizo escuchar un audio en el que le hacían saber que esa misma noche, en medio del apagón programado por la crisis energética, miembros de los Comandos de Frontera ingresarían a su vivienda para asesinar a la entonces directora de la Judicatura.
Samantha Lozada contó que el fiscal a cargo del caso del Topo estaba negociando su libertad por USD 30.000, pero el funcionario habría indicado que es difícil sacarlo de la cárcel porque la directora provincial de la Judicatura estaba interfiriendo.
Finalmente las amenazas se hicieron realidad pocos días después. La exfuncionaria acompañó a su padre a comprar unos materiales de ferretería; en el camino fueron interceptados por una moto, de la cual se bajó un sujeto que se puso junto a su ventana y apuntándole con una pistola en la cabeza procedió a disparar pero el arma se trabó. Mientras el delincuente continuó aplastando el gatillo, la exfuncionaria se cobijó en los pies de su padre.
Horas después, Mario Godoy llamó a la exfuncionaria para solidarizarse y asegurarle que iba a cuidar su exposición por lo que la sacaron de Orellana y la trasladaron a Quito donde le dispusieron laborar en modalidad de teletrabajo.
Ya en la capital, Lozada tuvo que asumir el costo de su custodia policial. Todo esto la llevó al límite de su psiquis y finalmente fue diagnosticada con depresión y ansiedad, lo cual lo comunicó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a la Judicatura, esta última le respondió que de existir una responsabilidad patronal la tendrá que asumir ella misma, porque era la directora de su provincia.
Para ese momento, se avecinaba un cambio en la Judicatura y Mario Godoy cumplió con su rendición de cuentas, donde aprovechó para llamarles la atención a todos los directores provinciales debido a que no se estaban cumpliendo con los tiempos de los procesos disciplinarios y por tanto les advirtió que todos serán sancionados e incluso les pidió que pongan los cargos a disposición, trámite con el que Lozada y todos sus colegas cumplieron, por ser de libre remoción.
Radio Pichincha