Portavoces gubernamentales de Estados Unidos han confirmado que el Departamento de Justicia se encuentra analizando aproximadamente dos millones de documentos vinculados a las investigaciones del caso Jeffrey Epstein. Según las autoridades, todavía queda un remanente de más de un millón de archivos pendientes de revisión. Este proceso masivo de escrutinio documental se rige por la Ley de Transparencia para los Archivos de Epstein, legislación aprobada en noviembre pasado con el fin de satisfacer la demanda pública de esclarecer esta red de influencia y sus implicaciones en las altas esferas.
Avances y obstáculos en la desclasificación
La administración estadounidense ha ratificado la existencia de miles de registros adicionales vinculados al financista, lo que evidencia la complejidad técnica y la magnitud de la investigación. El análisis se desarrolla por etapas y se prevé que, en las próximas semanas, los fiscales intensifiquen sus esfuerzos para agilizar el proceso y cumplir con los plazos de la ley federal. Hasta el momento, solo se han hecho públicos unos 12.000 documentos (que comprenden más de 125.000 páginas), una cifra que representa menos del 1% del total de la evidencia que debe ser clasificada antes de su difusión.
A través de un reporte oficial emitido el 24 de diciembre, el Departamento de Justicia admitió que más de un millón de folios permanecen fuera de la fase inicial de revisión. Esta demora ha provocado fuertes reacciones en el ámbito político, especialmente entre miembros del Partido Demócrata y legisladores de la oposición. Estos sectores acusan a la gestión de Donald Trump de ralentizar deliberadamente la transparencia para, presuntamente, evitar que salga a la luz información sensible sobre figuras de gran relevancia pública.
Vínculos con figuras de alto perfil
Las críticas se han agudizado tras la publicación de archivos donde aparecen menciones directas al actual presidente Donald Trump. En estos registros también figuran nombres de impacto global, como el príncipe Andrés de Inglaterra (hermano del rey Carlos III) y el expresidente Bill Clinton. Frente a estos señalamientos, el Gobierno ha defendido el ritmo del análisis, argumentando que la prioridad es salvaguardar la confidencialidad y los derechos de las víctimas. Sostienen que no hay una voluntad de ocultar datos, sino una necesidad de actuar con cautela ante información personal extremadamente delicada.
Cabe recordar que esta investigación judicial se profundizó tras el arresto de Jeffrey Epstein en julio de 2019, bajo cargos de tráfico de menores y abuso sexual ocurridos a inicios de los años 2000. El estatus de millonario de Epstein y sus conexiones con el mundo empresarial, la monarquía y la política han mantenido este caso bajo un constante foco mediático y social.
En la actualidad, la presión sobre las autoridades judiciales para que faciliten el acceso total a los expedientes sigue en aumento. Los equipos jurídicos encargados de la revisión deben cotejar exhaustivamente cada archivo para decidir su relevancia pública sin vulnerar la protección de quienes fueron afectados. A pesar de las justificaciones oficiales sobre la prudencia necesaria, la disputa política continúa escalando, centrando los cuestionamientos en la administración de Trump y la urgencia de una apertura documental completa sobre uno de los mayores escándalos de las últimas décadas en Estados Unidos.
Fuente: Infobae