La situación de inestabilidad en la República Islámica ha alcanzado un punto crítico. El número de fallecidos en los disturbios derivados de las protestas en Irán ha ascendido a por lo menos 35 personas, según el reporte entregado por activistas este martes. La situación se ha tornado particularmente grave en la zona occidental, donde se ha denunciado que las fuerzas de seguridad habrían irrumpido violentamente en un centro hospitalario.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, organización con sede en Estados Unidos, la cifra de personas capturadas ya supera las 1.200 detenciones tras poco más de una semana de movilizaciones constantes.
El desglose de la mortalidad proporcionado por esta entidad detalla el fallecimiento de 29 manifestantes, cuatro niños y dos integrantes de los cuerpos de seguridad iraníes. La magnitud del descontento social ha provocado que las manifestaciones se extiendan a más de 250 localidades en 27 de las 31 provincias que conforman Irán. Esta red de activistas ha demostrado precisión en sus reportes durante conflictos internos anteriores.
Por otro lado, la agencia de noticias Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, comunicó que cerca de 250 agentes policiales y 45 miembros de la fuerza Basij (voluntarios de la Guardia) han resultado lesionados durante los enfrentamientos. No obstante, las autoridades gubernamentales centrales no han emitido un balance oficial consolidado sobre la situación de orden público.
Investigación oficial por incidentes en Ilam
Ante la gravedad de los hechos, el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, instruyó al Ministerio del Interior para la creación de una comisión especial que ejecute una “investigación exhaustiva” sobre la violencia en la provincia de Ilam. Específicamente en el condado de Malekshahi, situado a unos 515 kilómetros de Teherán, se han registrado muertes de civiles, evidenciadas en registros audiovisuales donde se observa a uniformados abriendo fuego contra la población.
La administración presidencial también admitió que ocurrió un “incidente en un hospital de la ciudad de Ilam”. Material gráfico difundido en plataformas digitales muestra a agentes con equipamiento antidisturbios entrando a las instalaciones médicas, supuestamente con el objetivo de localizar a manifestantes heridos.
Esta incursión hospitalaria generó una fuerte reacción del Departamento de Estado de EE. UU., el cual emitió un comunicado en farsi calificando el suceso como un acto criminal.
“Irrumpir en las salas, golpear al personal médico y atacar a los heridos con gas lacrimógeno y munición es un claro crimen contra la humanidad. Los hospitales no son campos de batalla”.
Simultáneamente, un reporte previo de la agencia Fars sostuvo, sin presentar evidencias físicas, que los participantes en las protestas portaban granadas y armas de fuego. Si bien la tenencia de armas es común en la zona fronteriza con Irak, el Gobierno no ha ratificado estas acusaciones con pruebas concluyentes. Cabe destacar que la provincia de Ilam es una región predominantemente rural habitada por los grupos étnicos kurdo y lur, sectores que enfrentan una profunda precariedad económica.
Advertencias internacionales y contexto geopolítico
El incremento en la cifra de víctimas mortales ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una reacción externa. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, advirtió el pasado viernes que si la teocracia de Teherán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, la nación estadounidense “acudirá en su rescate”.
Estas declaraciones de Trump han generado respuestas hostiles por parte de funcionarios iraníes, quienes amenazaron con represalias contra objetivos militares de EE. UU. en Oriente Medio. La tensión regional se ha agudizado tras la reciente captura por parte del ejército estadounidense del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien es un aliado estratégico histórico de Irán.
Este estallido social se posiciona como el más relevante en el país desde el año 2022, cuando la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial generó una ola de indignación nacional. A pesar de la gravedad actual, los analistas consideran que las movilizaciones presentes aún no alcanzan la intensidad de aquellas ocurridas tras el arresto de Amini por el uso incorrecto del hiyab.
Irán ha atravesado diversos ciclos de protestas en tiempos recientes, exacerbados por el endurecimiento de sanciones internacionales y las consecuencias de un conflicto de 12 días con Israel. En este contexto, la moneda nacional sufrió un colapso en diciembre, situando al rial en un valor de 1,4 millones por cada dólar estadounidense.
Las manifestaciones actuales se originaron el 28 de diciembre, caracterizadas por consignas directas contra la cúpula teocrática del país. Para este martes, la cotización del dólar alcanzó los 1,46 millones de riales.
Dificultades en la cobertura informativa
Determinar la magnitud exacta de la crisis ha sido una tarea compleja. Los canales estatales de comunicación han filtrado escasa información, mientras que los videos ciudadanos suelen ser difusos o limitarse a sonidos de detonaciones. Los comunicadores en el territorio iraní enfrentan severas restricciones, que incluyen la necesidad de permisos especiales para desplazarse y el riesgo latente de ser detenidos o acosados.
Pese a las presiones y a las declaraciones del líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei, quien el sábado ordenó que “los alborotadores deben ser puestos en su lugar”, la ola de protestas parece no perder fuerza en las calles iraníes.
Fuente: Infobae