En una jornada marcada por la tensión política en Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha emitido una alerta tras la detención de 14 periodistas y empleados de diversos medios de comunicación. Estos hechos ocurrieron el pasado lunes 5 de enero, coincidiendo estrictamente con la sesión de instalación de la nueva Asamblea Nacional venezolana.
A través de un reporte oficial difundido en sus plataformas digitales, la organización gremial detalló el balance de los trabajadores afectados durante el despliegue informativo:
«Sube a 14 el número de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos este 5 de enero: Once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales»
En cuanto al estatus legal de los involucrados, el SNTP informó que cuatro de los comunicadores ya han sido puestos en libertad. Sin embargo, los diez restantes continúan bajo arresto, y la organización ha manifestado su preocupación debido a que algunos se encuentran en «situación de desaparición forzosa».
Restricciones y vulneración de la privacidad
Durante el desarrollo de los actos en el Palacio Legislativo, se denunció la prohibición de realizar capturas fotográficas, grabaciones o transmisiones en directo por parte de la prensa. En medio de estas limitaciones, al menos tres reporteros fueron abordados por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Los trabajadores fueron trasladados hasta el comando de la Guardia que opera en la sede parlamentaria. El sindicato denunció que, como parte de un procedimiento irregular, los agentes procedieron a intervenir las herramientas de trabajo de los detenidos:
- Se les obligó a entregar sus claves de acceso personales.
- Hubo una revisión exhaustiva de fotografías, agendas de contactos y conversaciones privadas.
- Se reportó el ingreso a notas de voz, perfiles de Instagram, bandejas de correo electrónico y archivos respaldados en la nube.
Uno de los casos específicos mencionados es el de Daniel Álvarez, reportero del canal Televen, quien sufrió la incautación temporal de su equipo telefónico. Para el sindicato, estas maniobras de las fuerzas de seguridad representan una amenaza directa al derecho a la información:
«Este tipo de actuaciones no solo vulnera la privacidad y el secreto de las fuentes, sino que configura un patrón de criminalización del ejercicio periodístico»
Fuente: Infobae