La ambiciosa estrategia del presidente Donald Trump para que Estados Unidos encabece la restauración de la golpeada industria petrolera de Venezuela se enfrenta a una realidad financiera contundente: el proceso podría extenderse por años y demandar una inversión superior a los USD 100.000 millones.
El sistema energético venezolano ha quedado reducido a escombros tras un largo periodo marcado por la corrupción estatal, la carencia de inversiones, incidentes de incendios y saqueos constantes. Según Francisco Monaldi, quien lidera la política energética de América Latina en el Instituto Baker de la Universidad Rice, elevar la producción hasta los picos registrados en la década de 1970 exigiría que las compañías inyecten aproximadamente USD 10.000 millones anuales durante los próximos diez años.
Dicha cifra es monumental, pues representa más de una tercera parte de todo el presupuesto que Exxon Mobil, el gigante petrolero estadounidense, destinó para sus inversiones de capital a nivel global durante el presente año.
“Una recuperación más rápida requeriría aún más inversión”, agregó Francisco Monaldi.
A pesar de que Venezuela posee las reservas de crudo más grandes del planeta, su capacidad productiva se hundió durante los 12 años de gestión de Nicolás Maduro, quien fue capturado recientemente por fuerzas militares de Estados Unidos. En la actualidad, la nación apenas genera cerca de un millón de barriles diarios, una cifra drásticamente inferior a los casi cuatro millones que producía en el año 1974.
El interés de las corporaciones estadounidenses
El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló el pasado domingo en una conversación con la cadena ABC que confía en el interés de las petroleras norteamericanas por extraer el crudo pesado venezolano, un recurso vital para el funcionamiento de las refinerías ubicadas en la costa del Golfo estadounidense.
“No he hablado con las petroleras en los últimos días, pero estamos bastante seguros de que habrá un gran interés”, manifestó Rubio. “Creo que habrá una enorme demanda e interés por parte de la industria privada si se le da el espacio para hacerlo”.
No obstante, la cautela persiste entre los inversionistas. Lino Carrillo, antiguo gerente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y quien reside fuera del país desde hace dos décadas, advirtió que la estabilidad política es un requisito indispensable previo a cualquier desembolso de capital.
“Para que cualquier empresa petrolera se plantee seriamente invertir en Venezuela, sería necesario que hubiera un nuevo Congreso o Asamblea Nacional”, indicó Carrillo. “No es lo que está ocurriendo ahora. Definitivamente no”.
Una infraestructura en estado crítico
La magnitud de los daños en la red petrolera es abrumadora. En los terminales portuarios, el deterioro tecnológico es tal que el llenado de un superpetrolero con destino a China puede tomar hasta cinco días, cuando hace apenas siete años esa misma operación se realizaba en tan solo 24 horas.
En la zona de la cuenca del Orinoco, una región que se estima alberga cerca de 500.000 millones de barriles de crudo recuperable, el panorama es desolador: plataformas abandonadas, derrames descontrolados y torres de perforación desvalijadas por delincuentes para vender sus componentes en el mercado informal. De igual forma, los oleoductos presentan filtraciones graves o han sido desmantelados por la propia estatal para ser comercializados como chatarra.
Por otro lado, el complejo de refinación de Paraguaná opera de forma deficiente y con interrupciones constantes. De sus cuatro plantas mejoradoras, diseñadas para el tratamiento de crudo extrapesado, varias permanecen fuera de servicio.
Actores actuales y desafíos futuros
Hoy en día, la limitada producción venezolana se sostiene principalmente gracias a Chevron. Esta compañía, con sede en Houston, es la única gran petrolera estadounidense que mantiene operaciones activas, aportando el 25% de la producción nacional bajo licencias especiales que la exceptúan de las sanciones impuestas por Washington.
Expertos del sector consideran que Exxon y ConocoPhillips son las empresas con mayor capacidad técnica y financiera para liderar la reconstrucción. Ambas salieron de Venezuela hace años, después de que sus bienes fueran expropiados por Hugo Chávez. Aunque no han emitido comentarios recientes, Exxon ha condicionado anteriormente su retorno a la existencia de un entorno adecuado.
Por su parte, Chevron enfatizó en un comunicado que su enfoque principal es la protección de sus trabajadores y bienes, asegurando:
“Seguimos operando en pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones pertinentes”.
La transición política en el país caribeño sigue siendo incierta. Las sanciones y el bloqueo naval persisten, mientras Trump ha identificado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como la figura al mando actualmente. Ante esto, Clayton Seigle, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, recomendó prudencia a las empresas:
“Espero que las empresas petroleras comiencen a actualizar sus planes y propuestas de participación, pero que no se comprometan hasta que exista una estabilidad política básica”.
La coordinación de este esfuerzo por parte del gobierno estadounidense recae en Doug Burgum (secretario del Interior) y Chris Wright (secretario de Energía), quienes lideran el Consejo Nacional de Dominio Energético. Wright tiene previsto reunirse esta semana en Miami con directivos de Chevron y ConocoPhillips durante un foro organizado por Goldman Sachs para discutir el futuro energético de la región.
Finalmente, factores externos como los bajos precios globales del crudo y las deudas pendientes por las nacionalizaciones de la era chavista complican el panorama. No obstante, Kevin Book de ClearView Energy Partners sugiere que el potencial de las reservas podría ser suficiente para atraer de nuevo a los inversores si se garantizan condiciones legales favorables.
“Se necesitarán buenas condiciones para sortear la enorme incertidumbre”, concluyó Book.
Fuente: Infobae