A través de la reciente declaratoria de estado de conmoción exterior, el gobierno ha emitido una orden oficial para la búsqueda y detención inmediata de cualquier individuo que haya promovido o respaldado la incursión de las fuerzas armadas estadounidenses en territorio venezolano. Este suceso, registrado el pasado 3 de enero, tuvo como consecuencia la captura del presidente Nicolás Maduro.
El documento oficial, que fue redactado con fecha del 3 de enero y difundido este lunes, establece instrucciones claras para los cuerpos de seguridad:
«Los órganos de policía nacionales, estatales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República»
Con respecto al tratamiento legal de los sospechosos, el decreto estipula que quienes resulten aprehendidos bajo esta normativa deberán ser entregados a las autoridades del Ministerio Público. El objetivo es que se integren al sistema de justicia penal para enfrentar sus respectivos procesos judiciales, garantizando en todo momento el debido proceso y el derecho fundamental a la defensa de los implicados.
Vigencia y militarización de sectores estratégicos
Esta medida excepcional tendrá una duración inicial de 90 días, con la posibilidad de extenderse por un periodo idéntico. Además de las detenciones, el texto ordena un incremento significativo en la vigilancia y el patrullaje de los límites fronterizos, incluyendo las zonas terrestres, aéreas y marítimas. De igual manera, se ha decretado la militarización de los servicios públicos esenciales, de la industria petrolera y de todas las industrias básicas pertenecientes al Estado.
Poderes extraordinarios para la presidencia
Bajo este marco de conmoción, se han otorgado facultades especiales a la jefa de Estado, que en esta coyuntura es Delcy Rodríguez. Entre estas atribuciones destaca la potestad de suspender derechos ciudadanos como la reunión y la manifestación pública.
Asimismo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está facultada para realizar las siguientes acciones de emergencia:
- Ejecutar la requisición de bienes que se consideren indispensables para la defensa nacional.
- Imponer restricciones de ingreso al país o determinar el cierre total de las fronteras.
- Limitar el libre tránsito de ciudadanos y vehículos de cualquier tipo dentro de la nación.
- Implementar regulaciones de carácter transitorio y excepcional para neutralizar amenazas externas y restablecer el orden interno.
Finalmente, el decreto subraya la capacidad de tomar cualquier otra medida necesaria para salvaguardar la integridad territorial, la soberanía y la seguridad del pueblo venezolano. El documento deberá ser consignado ante la Asamblea Nacional en un lapso de ocho días posteriores a su firma para que el órgano legislativo proceda con su revisión y posterior aprobación.
Fuente: Infobae