En una intervención de alto impacto ante las Naciones Unidas, el embajador argentino Francisco Tropepi manifestó el respaldo total de su país a la reciente operación militar ejecutada por Estados Unidos. Dicha acción tuvo como objetivo la extracción y posterior entrega a las autoridades judiciales del exgobernante venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta graves acusaciones por terrorismo transnacional y tráfico de estupefacientes. Asimismo, el diplomático aprovechó el foro para demandar que se otorgue libertad inmediata a Nahuel Gallo, un gendarme de origen argentino que permanece secuestrado desde el pasado 8 de diciembre de 2024 en centros de detención irregulares controlados por la estructura estatal venezolana.
Estas declaraciones se emitieron en el marco de una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, organismo convocado de urgencia para analizar la crisis en Venezuela tras el arresto de Maduro. Durante el encuentro, se debatió el complejo panorama institucional, político y de seguridad que atraviesa la región tras la captura del exlíder, quien ya ha sido trasladado a suelo estadounidense para enfrentar cargos ante la Justicia federal de dicha nación.
El embajador Tropepi fue enfático al establecer la postura de la administración de Javier Milei desde el inicio de su intervención. En uno de los momentos más destacados de su alocución, el representante argentino señaló:
“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los EEUU y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”.
Con este pronunciamiento, Argentina ratificó su apoyo político a la intervención armada, calificó formalmente a Maduro como dictador y enmarcó a su régimen bajo la categoría de narcoterrorismo.
Lejos de presentar la detención como un hecho fortuito, el diplomático trazó una línea histórica sobre el ejercicio del poder en la nación caribeña. Recordó que este sistema, calificado por Argentina como una narcodictadura, se instauró en el año 1999 bajo el mando de Hugo Chávez y tuvo continuidad con Nicolás Maduro tras el deceso del primero. Según la visión oficial argentina, el régimen ha operado por más de un cuarto de siglo fusionando el autoritarismo estatal con redes delictivas dedicadas al comercio de drogas, utilizando el aparato del Estado para asegurar su expansión y protegerse con impunidad.
En este contexto, se describió a Maduro como la cabeza operativa de una red criminal. Al mencionar al Cartel de los Soles, el embajador resaltó que la inclusión de este grupo en la lista de terroristas en 2025 fue parte de una maniobra política y legal para evidenciar la degradación del sistema venezolano. La referencia al Tren de Aragua sirvió para ilustrar el vínculo entre las cúpulas políticas y bandas delictivas con alcance en todo el continente.
De acuerdo con el testimonio del embajador, el régimen de Venezuela no solo ha sido un flagelo para sus propios ciudadanos, sino una amenaza para la estabilidad internacional. Tropepi subrayó que la violación sistemática de derechos fundamentales, el desmantelamiento de la democracia y el saqueo de los bienes nacionales son pilares de esta estructura que ha comprometido la seguridad de otros países de la región al amparar redes de crimen organizado.
El representante argentino también conectó estas acciones con la crisis humanitaria que se arrastra desde hace más de dos décadas. Mencionó que el modelo iniciado en 1999 sumió a la población en la indigencia, forzando a millones de venezolanos a un desplazamiento masivo fuera de sus fronteras. Este fenómeno fue citado como la prueba irrefutable del fracaso estructural y el colapso de las instituciones bajo el mando chavista.
Un punto clave de la sesión fue la explicación de la política exterior implementada por Argentina desde que Javier Milei asumió la presidencia. Tropepi citó textualmente para reforzar la coherencia de su gestión:
“Desde la asunción del Presidente Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela”.
Además, se mencionaron acciones diplomáticas previas, como el otorgamiento de asilo a seis figuras de la oposición venezolana en marzo de 2024. Dicha medida fue destacada como una acción valiente frente a la cautela o neutralidad de otros estados, implicando riesgos considerables para la misión argentina en Caracas.
Posteriormente, el embajador relató que tras rechazar los resultados de los comicios del 28 de julio de 2024 —considerados fraudulentos— y reconocer a Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador, la delegación argentina fue forzada a salir del país. Recordó que la sede diplomática, que resguardaba a los asilados, sufrió un hostigamiento constante por parte de las fuerzas del régimen. Aun así, Buenos Aires persistió en su labor de denuncia en todas las plataformas globales.
También se trajo a colación que el 23 de diciembre pasado, la Argentina ya había advertido ante el Consejo de Seguridad sobre el declive institucional de Venezuela, señalando que la crisis representaba un peligro real para la paz del hemisferio.
Con Maduro ya detenido, el diplomático analizó el proceso legal que se desarrolla en Estados Unidos. Informó que el exmandatario ya compareció en una corte federal de Nueva York, donde nombró a su defensa y se declaró inocente de los cargos de terrorismo y narcotráfico. Tropepi utilizó este punto para marcar el contraste entre un sistema legal garantista y los métodos de tortura y represión que imperaron en Venezuela durante 25 años.
De cara al futuro, Argentina identificó dos prioridades: facilitar una transición hacia la democracia real y restaurar la seguridad regional. El embajador reiteró que su país está plenamente dispuesto a colaborar para que el pueblo venezolano recupere el Estado de derecho y el respeto a sus derechos humanos.
La parte final del discurso se centró exclusivamente en la situación del gendarme Nahuel Gallo. El reclamo formal quedó registrado en las actas del Consejo de Seguridad con la siguiente declaración:
“La República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela, contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”.
Se hizo hincapié en que Gallo es víctima de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, tras ser capturado por grupos vinculados al régimen y enviado a centros clandestinos. El pedido se realizó bajo estrictos parámetros del derecho internacional, evitando cualquier ambigüedad diplomática.
Para el Gobierno argentino, la libertad del gendarme debe ser una prioridad para quienes gestionen la etapa de transición en Venezuela. Este acto sería visto como un gesto de ruptura con las políticas represivas instauradas desde 1999.
El argumento de Tropepi concluyó de forma contundente al unir el respaldo a la captura de Maduro con la exigencia de justicia y la defensa de la soberanía nacional a través del caso Gallo. La posición de Argentina es inamovible: el fin de la era de Maduro debe dar paso a responsabilidades legales claras y acciones humanitarias inmediatas, comenzando con la devolución de Nahuel Gallo a su país de origen.
Fuente: Infobae