Una resolución judicial emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha revelado el hallazgo de múltiples citas atribuidas al Tribunal Supremo que no existen en los registros oficiales. Este hallazgo ha puesto bajo sospecha la autenticidad de los documentos presentados en un recurso de apelación. El órgano judicial canario ha procedido a la apertura de un expediente con el fin de indagar sobre la posible utilización de jurisprudencia e informes inexistentes en un proceso recientemente concluido.
Las investigaciones se centran específicamente en las acciones de un profesional del derecho que interpuso un recurso contra una sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Dicho caso involucraba a un ciudadano de la isla procesado en julio de 2025 por un presunto delito de agresión sexual. Tras ratificar la absolución, el tribunal analizó los argumentos de la acusación particular y detectó que el abogado incluyó referencias a informes y jurisprudencia que no son reales, los cuales habrían sido generados mediante herramientas de inteligencia artificial.
Hallazgos de jurisprudencia ficticia
La revisión detallada realizada por la Sala del TSJC determinó la existencia de al menos siete sentencias supuestamente dictadas por el Tribunal Supremo que no figuran en ninguna base de datos verificada. Adicionalmente, los magistrados señalaron la presencia de otros fragmentos redactados bajo una
“libérrima creatividad jurídica”
y de similar naturaleza técnica. Según el tribunal,
“el abogado las desgrana a lo largo de su escrito con soltura y desparpajo”
, un hecho que incrementó las alarmas sobre la legitimidad del documento.
A estos datos se suma la mención de un informe ficticio atribuido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la credibilidad en testimonios infantiles, supuestamente fechado en 2019. A pesar de que el escrito del abogado citaba pasajes con una precisión aparente, la Sala confirmó que no existe constancia alguna de dicho documento en los archivos oficiales del sistema judicial.
Negligencia profesional y ética
Para los magistrados, este comportamiento evidencia una
“palmaria negligencia en quien, como profesional experto en normas procesales y sujeto a los principios deontológicos de su profesión, confió su trabajo sin mayor revisión a lo que el algoritmo le propuso”
. El tribunal subrayó que el jurista actuó de la siguiente manera:
- Omitió la obligación de verificar la veracidad de sus fuentes.
- Confió en que el volumen de citas pasaría inadvertido para la Sala.
- Intentó dotar de una falsa autoridad a sus argumentos mediante referencias inventadas.
Debido a estos hechos, se ha ordenado la creación de una pieza separada para evaluar las responsabilidades legales pertinentes, amparándose en el artículo 247 (apartados 3 y 4) de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, así como en los artículos 552 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El objetivo es determinar si se vulneró el principio de buena fe procesal.
Consecuencias legales y medidas disciplinarias
La normativa vigente permite la imposición de sanciones económicas cuando se demuestra que un profesional ha actuado con mala fe o falta de respeto hacia el tribunal. Asimismo, el TSJC contempla informar al colegio profesional correspondiente para el inicio de un expediente disciplinario. La resolución destaca que este modo de proceder
“lejos de consistir en un mero desliz o error venial, por su reiteración, merece ser depurada”
, considerando que la gravedad del incidente supera cualquier equivocación involuntaria.
El proceso original, que trataba sobre delitos contra la libertad sexual, concluyó con la ratificación del fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que absolvía al acusado. No obstante, la atención se desplaza ahora hacia el abogado implicado. Este caso reabre el debate sobre el control de las nuevas tecnologías en el ámbito legal, en un contexto donde el uso de inteligencia artificial para redactar escritos judiciales obliga a los tribunales a extremar la vigilancia sobre la autenticidad y veracidad de la información presentada.
Fuente: Infobae