Una reciente desclasificación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha revelado una contundente acta de acusación contra el exmandatario venezolano, Nicolás Maduro. En el documento legal, se le señala por liderar un “gobierno corrupto e ilegítimo” que se sostuvo gracias a una masiva red de tráfico de drogas, la cual fue responsable del ingreso de miles de toneladas de cocaína a territorio estadounidense.
La captura de Maduro y su cónyuge, Cilia Flores, se produjo tras una impactante maniobra militar ejecutada durante la madrugada del pasado sábado en Venezuela. Este suceso marca el inicio de un proceso judicial histórico en el que los fiscales de Estados Unidos buscarán una sentencia condenatoria en un tribunal de Manhattan contra el exlíder venezolano.
A través de su cuenta en la red social X, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, afirmó de manera tajante que tanto Maduro como Flores
“pronto enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.
Cargos criminales por narcotráfico y armamento pesado
La justicia estadounidense no solo ha imputado a Maduro, sino que la acusación se extiende a Cilia Flores, a su hijo y a otros tres individuos. El exmandatario encara actualmente cuatro cargos graves: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para la tenencia de este tipo de armamento bélico.
Es importante destacar que estos delitos coinciden con una acusación previa presentada en 2020 en el tribunal federal de Manhattan, durante la primera gestión de Donald Trump. No obstante, el nuevo documento desclasificado este sábado —que fue radicado bajo sello en el Distrito Sur de Nueva York poco antes de Navidad— incorpora formalmente los cargos contra Flores.
Se ha confirmado que Maduro debe tener su primera comparecencia el lunes en el tribunal federal de Manhattan. Durante la noche del sábado, circuló un video difundido por una cuenta oficial de la Casa Blanca donde se observa a Maduro escoltado por agentes federales de la DEA en una sede de Nueva York. Las proyecciones judiciales sugieren que el acusado permanecerá bajo custodia en una prisión federal de Brooklyn mientras se desarrolla el juicio.
Vínculos con cárteles y corrupción sistémica
Las autoridades norteamericanas sostienen que Maduro estableció alianzas con
“algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo”
con el objetivo de facilitar el traslado de ingentes cantidades de estupefacientes hacia el norte.
La investigación detalla que organizaciones criminales de alta peligrosidad, entre las que se mencionan el Cártel de Sinaloa y la banda transnacional Tren de Aragua, operaron en coordinación directa con la administración venezolana. A cambio de protección y logística proporcionada por altos cargos del régimen, estas mafias entregaban cuantiosas ganancias económicas.
La fiscalía argumenta que Maduro permitió que “la corrupción alimentada por cocaína floreciera para su propio beneficio, para el beneficio de los miembros de su régimen gobernante y para el beneficio de los miembros de su familia”.
Según el expediente, para el año 2020, esta red criminal lograba traficar hasta 250 toneladas de cocaína anuales a través de Venezuela, contando con el respaldo de la fuerza pública y soporte logístico estatal. 
El transporte de los narcóticos se realizaba mediante diversas modalidades que incluían lanchas rápidas, embarcaciones pesqueras, buques de carga y aeronaves que despegaban desde pistas no autorizadas.
El texto judicial es enfático al señalar:
“Este ciclo de corrupción basada en narcóticos llena los bolsillos de los funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que beneficia a los narcoterroristas violentos que operan con impunidad en suelo venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.
A pesar de que históricamente se reconoce a Colombia y Ecuador como los principales puntos de salida de droga hacia el Pacífico, Washington ha reiterado por años que Venezuela se transformó en un centro de acopio y tránsito estratégico para guerrillas colombianas y otros grupos terroristas.
Señalamientos por crímenes violentos y sobornos
Adicionalmente a los delitos de narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos responsabiliza a la pareja de haber ordenado acciones violentas como secuestros, agresiones físicas y homicidios contra personas que mantenían deudas por drogas o que interfirieron en sus negocios ilícitos. Entre estos hechos se menciona el asesinato de un líder del narcotráfico en la ciudad de Caracas.
Sobre Cilia Flores, las acusaciones indican que en 2007 habría recibido cientos de miles de dólares en sobornos para facilitar un encuentro entre un importante narcotraficante y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas venezolana. Este acuerdo corrupto implicaba pagos mensuales y una cuota de 100.000 dólares por cada vuelo con cocaína para garantizar su paso libre. La acusación sostiene que una parte de esos fondos fue entregada directamente a Flores.
El historial familiar también incluye a los sobrinos de Flores, quienes en 2015 fueron grabados por informantes de EE. UU. mientras coordinaban el envío de cargamentos de droga desde el denominado “hangar presidencial” en un aeropuerto de Venezuela. En dichas grabaciones, los familiares manifestaron “que estaban en ‘guerra’ con Estados Unidos”. Cabe recordar que ambos fueron condenados a 18 años de cárcel en 2017 y posteriormente liberados en 2022 tras un canje de prisioneros.
La legitimidad de la operación militar
En una reciente rueda de prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, junto a Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, defendieron la legalidad de la captura. Caine precisó que la intervención militar fue ejecutada tras una solicitud formal del Departamento de Justicia.
Ante las interrogantes sobre la notificación al Congreso, Rubio aclaró que la acción se trató primordialmente de una “función de aplicación de la ley”, describiéndola como un escenario donde el “Departamento de Guerra apoyó al Departamento de Justicia”. Finalmente, recordó que sobre Maduro pesaba la condición de prófugo internacional con una recompensa vigente de 50 millones de dólares por su captura.
Fuente: Infobae