El panorama legal del expresidente Pedro Castillo y otros exintegrantes de su gabinete, como la ex premier Betssy Chávez —quien se encuentra asilada en la embajada de México en la capital peruana—, enfrenta un nuevo capítulo de incertidumbre. Recientemente, el Poder Judicial peruano determinó admitir a trámite los recursos de apelación interpuestos por las defensas técnicas de los sentenciados.
El objetivo principal de los implicados es conseguir la anulación definitiva de las penas de cárcel dictadas en su contra por su participación en el fallido golpe de Estado ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2022. Este suceso, que marcó un quiebre institucional irreversible, continúa siendo el eje central de la crisis política en el país vecino.
Fundamentos de la defensa del exmandatario
A través de una resolución oficial con fecha del 29 de diciembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema validó el derecho de Pedro Castillo a impugnar la sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días de privación de libertad que le fue impuesta por el delito de conspiración para rebelión. Los abogados de Castillo sostienen con firmeza que el comportamiento del exmandatario no encaja en los elementos que definen dicho delito y subrayan que
«no existen pruebas suficientes sobre la existencia de una conspiración.»
Como estrategia secundaria, la defensa ha solicitado la nulidad total del juicio oral. Argumentan que la sentencia original presenta «vicios insubsanables en la motivación», contradicciones de carácter lógico y una clara vulneración al principio de congruencia. Asimismo, denuncian fallas graves en el debido proceso, señalando la ausencia de un juez natural y la falta de una acusación constitucional previa.
Alegatos de exministros y la Fiscalía
Por su parte, la defensa de Betssy Chávez ha manifestado que la sentencia vulnera el principio de motivación de las resoluciones judiciales, además de ignorar la presunción de inocencia, el principio de lesividad y el de legalidad penal. En la misma línea, el exministro del Interior, Willy Huerta, y el antiguo asesor de la presidencia, Aníbal Torres, fundamentaron sus apelaciones en la supuesta falta de pruebas y en el irrespeto a las garantías del debido proceso.
No obstante, el Ministerio Público también ha tomado acciones legales. La Fiscal Suprema Titular, Zoraida Ávalos, presentó un recurso con el fin de revertir la absolución del jefe policial Manuel Lozada. La intención de la Fiscalía es que Lozada reciba una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, junto con una inhabilitación de dos años para la función pública, bajo el cargo de coautor en la conspiración para la rebelión, al considerar que existen nexos probatorios con los hechos.
Próximos pasos en la Corte Suprema
Tras la admisión formal de estos recursos, la Sala Penal Especial ha ordenado el traslado de todos los expedientes hacia la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Esta entidad jerárquica tendrá la responsabilidad inicial de calificar si las apelaciones son «bien concedidos».
De ser aceptadas, se procederá a fijar una fecha para una audiencia virtual donde comparecerán todas las partes procesales involucradas. Durante este acto, tanto los fiscales como los abogados defensores podrán ratificar sus argumentos ante el tribunal. El destino final de las condenas —ya sea su ratificación definitiva o su anulación— quedará en manos de los magistrados de la Sala Penal Permanente.
Fuente: Infobae