La reciente detención de Nicolás Maduro a manos de efectivos militares de Estados Unidos durante una incursión bélica sin precedentes marca el cierre de un ciclo de 12 años de gestión. Este periodo convirtió a Venezuela, anteriormente una de las naciones democráticas más sólidas de la región, en un Estado fallido. Las estadísticas, contundentes y devastadoras, reflejan una de las crisis humanas, financieras y sociales más agudas documentadas en el continente fuera de un conflicto bélico formal. Entidades de prestigio global como la ONU, el FMI y múltiples defensores de derechos fundamentales han registrado meticulosamente lo que significó la era Maduro para los 28 millones de venezolanos.
Al asumir el mando tras el deceso de Hugo Chávez en marzo de 2013, Maduro recibió un país con síntomas de agotamiento. No obstante, la caída posterior superó cualquier vaticinio negativo. Este balance se sostiene en datos auditados por organismos internacionales y colectivos civiles. Ante la opacidad estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ocultó indicadores de pobreza entre 2014 y 2018, instituciones como el ACNUR, el Foro Penal y Provea se vieron obligadas a generar sus propias mediciones para revelar la realidad del país.
El costo en vidas: represión y protestas sociales
La violencia estatal fue una constante durante la última década. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) documentó que, entre 2013 y 2018, al menos 215 personas fallecieron en el marco de movilizaciones sociales. La cifra creció en 2019 con 67 asesinatos adicionales, y se recrudeció en 2024, cuando solo en cuatro días tras los comicios, 25 ciudadanos más perdieron la vida.
En total, se estima que más de 300 víctimas mortales se acumularon en manifestaciones a lo largo de los 12 años de mandato. El periodo más crítico fue 2017, con registros de entre 127 y 157 muertes en apenas tres meses. Sobre estos hechos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue tajante al señalar a las fuerzas de seguridad como culpables de al menos 73 de esos decesos debido a un uso sistemático de fuerza letal.
«Existen fundamentos razonables para determinar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela»
Esta fue la conclusión de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2018, responsabilizando a grupos policiales y a civiles armados conocidos como «colectivos» por 131 muertes ocurridas entre 2014 y 2017. El patrón se repitió con la irrupción de Juan Guaidó en 2019, sumando 61 fallecidos más, y alcanzó niveles de letalidad alarmantes en 2024, donde la represión postelectoral concentró en 96 horas casi la mitad de la violencia vista en años anteriores.
Para comprender la magnitud de este fenómeno, basta comparar: durante los 21 años que sumaron los periodos de Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y Hugo Chávez, se registraron 77 muertes en protestas. Bajo el mando de Maduro, ese número se triplicó en apenas seis años.
La persecución política y el sistema penitenciario
El control social se ejerció con mano de hierro a través de las cárceles. La ONG Foro Penal reporta que, al cierre de diciembre de 2024, permanecían detenidos 863 presos políticos. El perfil de estos detenidos incluye a 755 hombres, 106 mujeres, un adolescente, 176 militares y 687 civiles.
Históricamente, desde 2014 se han efectuado 18.612 arrestos por causas políticas. La oleada represiva de 2024 fue especialmente veloz, con 2.400 detenciones entre finales de julio y principios de agosto, superando la intensidad de cualquier año previo. Además de los encarcelados, existen más de 9.000 ciudadanos con libertades restringidas, enfrentando prohibiciones de salida del país o presentaciones judiciales constantes.
Un dato desgarrador es la muerte de 17 presos políticos bajo custodia del Estado desde 2014, ya sea por negligencia médica o causas no aclaradas. Mientras tanto, el discurso oficial se mantuvo firme en calificar a estos ciudadanos como «terroristas» o «mercenarios».
La gran diáspora: el abandono del hogar
La cifra que mejor define la debacle es la de los 7.9 millones de venezolanos que han emigrado, según el ACNUR. Esto representa cerca del 30% de la población nacional. En términos comparativos, es como si Argentina perdiera a 12 millones de personas o España a 14 millones en el mismo lapso.
Se trata de la segunda mayor crisis de desplazados del planeta, comparable solo con Siria, con la diferencia de que Venezuela no ha atravesado una guerra civil formal. Cerca de 6.7 millones de estos migrantes residen en América Latina: Colombia ha recibido a 2.8 millones y Perú a 1.5 millones. Se proyecta que para 2026, el total de refugiados en la región ascienda a 7.32 millones.
Esta migración ha dispersado a una generación de profesionales, desde médicos hasta ingenieros, que hoy desempeñan oficios no calificados en ciudades como Buenos Aires, Miami o Madrid, configurando la mayor diáspora en la historia latinoamericana.
El desmantelamiento de la libertad de expresión
El entorno para el periodismo se volvió hostil, situando a Venezuela en el puesto 160 de 180 en la clasificación de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para 2025. En la región, solo es superada en censura por Cuba y Nicaragua.
- Desaparición de más de 100 periódicos impresos por control de papel.
- Clausura de al menos 300 estaciones de radio desde 2003, siendo el 71% de estos cierres ocurridos bajo Maduro.
- Bloqueo de 79 sitios web informativos y servicios de VPN entre 2024 y 2025.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que para mayo de 2025, 15 periodistas seguían tras las rejas bajo cargos de «terrorismo» o «conspiración». Como consecuencia, más de 300 comunicadores ejercen hoy desde el exilio.
Colapso económico y la era de la hiperinflación
En términos financieros, el país se redujo a cenizas. Para 2024, la economía venezolana era apenas el 28% de lo que fue en 2013. Una pérdida de riqueza del 72%, superando con creces la caída de la Gran Depresión estadounidense de los años 30. Solo naciones en guerra total han registrado colapsos de esta escala.
La hiperinflación pulverizó el ahorro nacional entre 2017 y 2021. En 2018, el índice de precios subió un 130.060%. Durante el periodo 2013-2019, la inflación acumulada alcanzó la cifra astronómica de 5.395 millones por ciento. Esto obligó a una dolarización de facto, desplazando al bolívar a un rol secundario.
La decadencia de la potencia petrolera
A pesar de poseer las mayores reservas de crudo del mundo, la industria petrolera bajo Maduro se desplomó. Los ingresos por exportación pasaron de 85.603 millones de dólares en 2013 a solo 29.810 millones en 2018.
La producción de crudo, que en los años 90 rozaba los 3.5 millones de barriles diarios (mb/d), cerró 2025 en 1.14 millones según el gobierno, mientras que fuentes externas la sitúan en 934.000 bpd. PDVSA sufrió los efectos de la corrupción y la falta de inversión, sumado a las sanciones internacionales que han endurecido la vigilancia naval sobre sus buques a inicios de 2026.
Realidad social: una nación sumida en la pobreza
El impacto en la población es crítico. La Encuesta ENCOVI señala que el 86.9% de los venezolanos vive en pobreza. En los centros de salud, el desabastecimiento de insumos básicos en emergencias promedia el 70%, lo que ha provocado el resurgimiento de enfermedades como la malaria y la difteria.
Organizaciones como Cáritas y Convite AC alertan sobre la desnutrición infantil y la vulnerabilidad de los ancianos, cuyas pensiones apenas cubren el 2% de sus necesidades alimentarias. Asimismo, la educación superior está al borde de la parálisis con sueldos docentes que no superaban los 15 dólares a fines de 2025.
El legado de Nicolás Maduro tras 12 años es el de una nación fracturada que, ante su salida del poder, enfrenta el inmenso reto de una reconstrucción que podría durar generaciones.
Fuente: Infobae