Una coalición conformada por España y diversos gobiernos de la izquierda latinoamericana —específicamente Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay— han manifestado su firme rechazo ante cualquier intento de «apropiación externa» de las riquezas naturales o activos estratégicos de Venezuela. Este pronunciamiento surge como respuesta directa a las recientes acciones militares ejecutadas por Estados Unidos durante la jornada del sábado.
A través de un manifiesto conjunto, las seis naciones expresaron su alarma frente a las pretensiones de injerencia en el destino del país sudamericano.
«Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos»
, señalaron los firmantes, argumentando que este tipo de maniobras resultan «incompatibles con el derecho internacional» y representan una amenaza directa para la estabilidad política, económica y social en toda la región.
Captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores
La tensión diplomática escaló luego de que el Ejército de EE. UU. capturara al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, la primera dama Cilia Flores, en una incursión armada realizada durante la madrugada del sábado. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró públicamente que su administración
«se hará cargo»
de la coyuntura venezolana hasta que se establezca un sucesor que resulte aceptable.
Desde el Gobierno de Venezuela se han reportado múltiples bombardeos aéreos perpetrados por las fuerzas norteamericanas. Según las denuncias, los ataques impactaron tanto zonas civiles como guarniciones militares en la capital, Caracas, así como en las regiones de Miranda, Aragua y La Guaira. Las autoridades locales han condenado estos hechos como una «gravísima agresión militar» contra la integridad de la población y el territorio nacional.
Exigencia de una solución pacífica
Ante el escenario de conflicto, el bloque de seis países condenó la ofensiva militar subrayando que estos actos
«contravienen principios fundamentales del derecho internacional»
, tales como el respeto a la soberanía estatal, la integridad territorial y la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza. Adicionalmente, advirtieron que este suceso constituye un «precedente sumamente peligroso» para la paz y la seguridad regional, poniendo en grave riesgo a la población civil.
Los gobiernos firmantes recalcaron que la crisis en Venezuela
«debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas»
. Enfatizaron que la salida solo es posible mediante el diálogo institucional, la negociación y el acatamiento de la voluntad ciudadana en todas sus formas, sin presiones externas. «Reafirmamos que sólo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana», indicaron en el texto.
Asimismo, los países destacaron que América Latina y el Caribe deben prevalecer como una «zona de paz» cimentada en el respeto mutuo y la resolución diplomática de controversias. Hicieron un llamado urgente a la unidad regional, instando a dejar de lado las diferencias ideológicas frente a cualquier acción que vulnere la estabilidad del continente.
Para concluir, el comunicado oficial hace una solicitud directa a la comunidad internacional:
«Exhortamos al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional»
.
Fuente: Infobae