La reciente intervención militar ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano el pasado 3 de enero de 2026, la cual terminó con la detención de Nicolás Maduro, ha provocado una ola de reacciones políticas en el continente. Colombia, bajo el mandato de Gustavo Petro, ha mantenido una posición oscilante entre el apoyo y el cuestionamiento hacia la administración venezolana durante esta coyuntura.
El exministro de Relaciones Exteriores y actual precandidato a la presidencia, Luis Gilberto Murillo, es una de las figuras políticas que ha fijado una postura clara sobre el escenario que atraviesa la población de Venezuela. A través de su cuenta oficial en la red social X, el exfuncionario sostuvo que en el país vecino imperaba un sistema alejado de los principios democráticos, el cual fue interrumpido por la acción estadounidense sin que mediara un proceso de concertación.
Murillo coincidió con las advertencias de diversos sectores de la oposición colombiana al señalar que el gobierno de Nicolás Maduro perdió su validez democrática tras obstaculizar la realización de comicios transparentes en julio de 2024. En dicho proceso electoral, marcado por denuncias de un presunto fraude, se le acusó de impedir la libre expresión de la voluntad popular, lo que llevó al político colombiano a calificarlo abiertamente como un dictador.
“Nicolás Maduro lideró una dictadura sin elecciones libres, sin actas verificables, sin transparencia ni una auditoría internacional creíble, no existió legitimidad democrática”
El precandidato presidencial enfatizó que la carencia de garantías institucionales en las votaciones —donde se presume que el opositor Edmundo González fue el ganador real— transformó el conflicto interno venezolano en un problema de escala regional. Según su análisis, esta situación compromete seriamente la seguridad y el equilibrio de todas las naciones del área.
Asimismo, Luis Gilberto Murillo se refirió al futuro de la nación vecina ante la posibilidad de que Estados Unidos asuma el control territorial temporal. En este sentido, instó a una coordinación internacional que priorice la protección de la vida. Para Murillo, es imperativo establecer una transición política que sea pacífica, con plenas garantías para las instituciones y que evite cualquier tipo de exclusión o revanchismo político. Subrayó que ni Colombia ni el resto de la región pueden quedar expuestos a la incertidumbre o a riesgos de mayor magnitud para sus ciudadanos.
“El futuro le pertenece al pueblo venezolano. Y es deber de Colombia y los países del hemisferio contribuir a que la salida sea democrática, digna y en paz”
Respuesta oficial del Gobierno de Colombia y medidas fronterizas
Frente a este complejo panorama internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia difundió un comunicado oficial donde manifestó el rechazo del Ejecutivo a las operaciones militares que vulneraron la soberanía y la autonomía política de la República Bolivariana de Venezuela. La Cancillería reafirmó que la nación mantiene una postura inamovible en favor de la paz, la estabilidad del hemisferio y el respeto a la prohibición del uso de la fuerza armada.
La administración colombiana ha propuesto una resolución por la vía diplomática y se ha ofrecido formalmente para actuar como mediadora en el conflicto. Además, el Gobierno hizo un llamado a los países de América Latina para mantener la unidad y la solidaridad frente a lo que han descrito como una intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela.
Por su parte, el jefe de Estado, Gustavo Petro, exhortó a los ciudadanos venezolanos a buscar una solución fundamentada en el diálogo. El mandatario hizo énfasis en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe tomar conocimiento formal de los hechos, cumpliendo con su función de salvaguardar la seguridad y la paz en el ámbito internacional.
En el ámbito operativo, el Gobierno de Colombia ha tomado determinaciones inmediatas, tales como el refuerzo de la Fuerza Pública en las zonas limítrofes con Venezuela. Esta medida busca gestionar un potencial incremento en los movimientos migratorios derivados de la crisis. Adicionalmente, se instruyó la activación de la embajada y la red de consulados en el territorio venezolano para brindar asistencia y protección a los ciudadanos colombianos residentes allí.
Para concluir, el Estado colombiano reiteró su postura oficial mediante un mensaje de respeto a la normativa internacional:
- Defensa de la cooperación multilateral.
- Protección estricta de la dignidad humana y la vida.
- Búsqueda de soluciones que eviten una escalada de violencia con efectos devastadores para América Latina y el Caribe.
Fuente: Infobae