La evaluación de servidores judiciales, el concurso para llenar vacantes de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la puesta en marcha de las judicaturas especializadas en materia constitucional o el concurso para conformar el banco de elegibles para llenar vacantes en la carrera judicial son temas que aún siguen pendientes en un Consejo de la Judicatura (CJ) que el 24 de diciembre pasado cumplió tres meses de haber sido posesionado formalmente.
El órgano de gobierno, administración, disciplina y vigilancia de la Función Judicial atraviesa nuevamente un proceso de críticas, denuncias de injerencia en el ámbito jurisdiccional y cercanías políticas que afectan la independencia del sector de la justicia. En septiembre, la Asamblea Nacional posesionó para cumplir funciones entre 2025 y el 2031 a Mario Godoy Naranjo, Magaly Ruiz Cajas, Alfredo Cuadros Añazco, Damián Larco Guamán y Fabián Fabara Gallardo.
Mario Godoy, quien repite como presidente del CJ, es señalado de realizar supuestas presiones a jueces mediante terceros para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Además, se le ha recordado el conflicto de intereses que existiría al dirigir el CJ y, por un lado, haber defendido a procesados por narcotráfico, mientras que, por otro, su esposa ha figurado como abogada del serbio en un caso por lavado de activos, en el que fue sentenciado a diez años de cárcel por un Tribunal Anticorrupción del que formaba parte el juez Carlos Serrano, quien ha denunciado haber sido presionado y amenazado para resolver a favor de Srdan.
A corto plazo se prevé que el presidente Godoy comparezca a la Asamblea Nacional para que informe al pleno sobre las denuncias de corrupción e injerencia que se han hecho, pero a largo plazo existen amenazas de juicios políticos contra él y el Consejo de Participación Ciudadana que aprobó su selección y la de los restantes vocales del CJ. También se suma la recomendación hecha por el presidente Daniel Noboa a Godoy para que luego de su comparecencia al Legislativo renuncie al cargo y se defienda de cualquier acusación fuera de la Judicatura.
La tarea disciplinaria del pleno del CJ
En estos primeros tres meses, el pleno del CJ puso principal interés en la tarea disciplinaria que mantiene, es decir, suspendió y destituyó a jueces, fiscales, notarios públicos, asistentes de la Fiscalía, defensores públicos y abogados en libre ejercicio a nivel nacional. Aunque también decidió la prórroga de jueces en Manabí, designó como nuevo fiscal general encargado a Carlos Leonardo Alarcón, estableció que priorizará en 2026 el presupuesto para mantenimiento de edificios, vehículos y tecnología, puso en marcha el plan operativo para reducir audiencias fallidas y empezó en Azuay la entrega de computadoras portátiles a servidores judiciales.
Inicialmente, se esperaba que la declaratoria de emergencia en el sistema de justicia sea el hecho que marque el trabajo del nuevamente designado presidente del CJ y los recientes vocales. Pero el escenario cambió cuando la Corte Constitucional (CC), el 26 de septiembre pasado, un día después de la posesión de los integrantes de la Judicatura, declaró la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Integridad Pública, en la que estaba incluido un nuevo artículo al Código Orgánico de la Función Judicial, el 269.1, en el que se señalaba la posibilidad de la declaratoria de emergencia en el área de justicia.
El articulado aprobado en paquete por la mayoría oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados en el Legislativo, y dado de baja por la CC, señalaba que, en caso de que, previo análisis del presidente del CJ, la Función Judicial requiera acciones inmediatas y urgentes para abordar problemas del servicio público de administración de justicia y realizar mejoras esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, se resolverá la declaratoria de emergencia en la Función Judicial.
Según esa normativa, la declaratoria definida permitiría de forma temporal y excepcional establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial, en la que no se generará estabilidad a los servidores judiciales; reasignar y requerir recursos presupuestarios para atender la emergencia; realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales; y efectuar las contrataciones por emergencia que se requieran.
Las vacantes de jueces y conjueces por llenar en la Corte Nacional de Justicia
El concurso para llenar las vacantes existentes en la CNJ es uno de los temas en los que aún no existen avances concretos. La exvocal del CJ Yolanda Yupangui reconoció que ellos trataron que el concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional salga perfecto; sin embargo, faltando un paso para concluir, alguien encontró una falla, que podía haber sido corregida, pero se decidió declarar la nulidad del proceso.
El 21 de noviembre de 2024, los entonces vocales Solanda Goyes y Merck Benavides y el presidente Godoy declararon la “nulidad total insanable” del concurso público para seleccionar y designar jueces y conjueces de la CNJ, proceso que se inició el 21 marzo de ese año. Solo la vocal Yupangui decidió votar en contra de la nulidad, pues para ella era necesario que el concurso continúe ante la necesidad de que la CNJ funcione teniendo a sus jueces y conjueces titulares completos.
Esa fue la segunda nulidad total declarada en 2024 respecto de un concurso público para cumplir con la renovación parcial en el órgano de justicia ordinaria más alto del país. La primera nulidad de este tipo fue decidida el 18 de enero de 2024 por los vocales Yolanda Yupangui, Fausto Murillo y Álvaro Román, entonces presidente temporal del CJ.
Se dio paso a la nulidad total insanable del concurso de noviembre de 2024 ante informes en los que se realizó un análisis aleatorio de 35 casos, de los cuales al menos 17 revelaron irregularidades en la verificación de documentos y en la entrega de puntajes, lo que significó que ciertos aspirantes suban sin razón sus calificaciones y, en vía contraria, se afecte a otros postulantes con la baja de sus puntajes.
Según el presidente encargado de la CNJ, José Suing, él ha entregado información sobre la situación actual de la infraestructura, el represamiento de causas y la integración de jueces y conjueces, este último es el punto más sensible que atravesaría la CNJ. “Necesitamos 21 jueces titulares, solo tenemos diez. Necesitamos 21 conjueces titulares, (…) hoy tenemos 18. (…) Pese a ello, la Corte Nacional sigue funcionando normalmente”, aclaró Suing.
El 7 de octubre pasado, el pleno del Consejo de la Judicatura mantuvo una reunión con los jueces de la Corte Nacional. El objetivo era establecer canales de coordinación interinstitucional entre los máximos órganos jurisdiccional y administrativo de la Función Judicial y avanzar hacia la definición de una hoja de ruta que permita solventar las necesidades más urgentes del sistema de justicia.
Durante la cita, desde el CJ se explicó que entre las prioridades de la nueva administración del CJ están el concurso para la designación de los jueces de la CNJ, el proceso de selección y designación de jueces constitucionales y el proceso de evaluación de la Función Judicial.
Las autoridades de la CNJ coincidieron en la importancia de promover un trabajo conjunto que permita cubrir las necesidades más urgentes de la Función Judicial, como la conformación completa de las salas especializadas de ese organismo, los concursos de bancos de elegibles y la modernización del sistema de justicia.
En la última declaratoria de nulidad total insanable, la de noviembre de 2024, bajo la primera administración de Mario Godoy, se dispuso que en tres meses se tenía que emitir un nuevo reglamento para el desarrollo del concurso para llenar vacantes en el máximo órgano de justicia ordinaria del país. Ya ha pasado un año y el proceso no avanza.
A decir de la exvocal de la Judicatura Solanda Goyes, quien en su momento aceptó que la justicia en Ecuador está en emergencia, pero aclaró que no necesariamente se debe declarar en emergencia para resolver los problemas del sistema de justicia, el presidente Godoy no avanzó con el concurso para jueces y conjueces de la CNJ porque tenía los ojos puestos en la declaratoria de la emergencia judicial.
“El bloqueo que Mario Godoy, desde la presidencia (del CJ), ejerció para impedir que se haga el concurso de jueces de la Corte Nacional (…) estaba orientado a eso, a tener una oportunidad en la cual puedan hacer designaciones a dedo”, sostuvo.
Al concurso público para llenar vacantes en la CNJ se suma que debe existir un concurso para conformar un banco de elegibles para así llenar cerca de 350 vacantes de la carrera judicial, proceso de selección que fue suspendido hace un año y no tiene una fecha en la que se retomará.
Otra tarea que sigue pendiente es la evaluación a notarios, fiscales, defensores y jueces, actividad que lleva un retraso de varios años.
La radiografía del sistema de justicia
En junio pasado, como presidente del CJ, Mario Godoy, en una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para graficar la “grave situación” que atraviesa la Función Judicial refirió datos sobre la falta de jueces y fiscales, la infraestructura en mal estado, la falta de tecnología, el déficit presupuestario y la carencia de insumos que habían dejado a más del 50 % de las unidades judiciales del país en estado “crítico” o en “alerta”.
El titular de la Judicatura informó que —a la fecha— hay un déficit de 753 jueces en todas las materias, estando la mayor afectación en los juzgados de lo civil, donde se requieren 232 juzgadores, mientras que en lo penal se necesitarán 175 jueces más. Dijo que el 38 % de las judicaturas se encuentran sin personal, con sobrecarga procesal y con altos riesgos por el crimen organizado.
El 2 de octubre pasado, las autoridades de la Judicatura aprobaron la Proforma Presupuestaria 2026 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2026-2029 de la institución, las cuales tienen como objetivo trazar una planificación operativa para el próximo año. Desde el CJ se indicó que se cuenta con un presupuesto de $ 348’024.180,72, cifra de la que se priorizará para el mantenimiento de edificios judiciales, vehículos y tecnología.
“La infraestructura física judicial se encuentra en un estado alarmante: el 65 % de los edificios presenta condiciones críticas, situación que se agrava con la asignación limitada de recursos presupuestarios. De las 437 dependencias existentes, solo el 63,5 % funciona en inmuebles propios, mientras que el resto opera en espacios arrendados o en comodato, generando gastos adicionales y limitando la inversión”, refirió en un comunicado el CJ.
Según el CJ, a escala nacional existen 437 judicaturas, de las cuales 166 se encontrarían en estado crítico, sin personal suficiente, con sobrecarga procesal y riesgos por el crimen organizado. Cerca de 69 dependencias estarían en alerta, pues mantienen retrasos alarmantes en procesos e infraestructura tecnológica obsoleta; 94 tendrían un funcionamiento aceptable, pero también presentan vulnerabilidad; y 108 están con riesgo bajo y todavía no cumplen las condiciones óptimas.
Unidades y jueces especializados en materia constitucional
A todos los pendientes anteriores se deben agregar concluir el proceso de selección para jueces constitucionales y la creación de judicaturas especializadas. Pese a que los resultados de la consulta popular del 21 de abril de 2024 generaban la obligación de que el CJ cree unidades especializadas en materia constitucional y que a partir de mayo de 2025 ya estén en operación, el nuevo pleno de la Judicatura, por unanimidad, aprobó recién el 28 de octubre pasado la creación de 167 dependencias judiciales especializadas en esta materia a escala nacional.
Según el Consejo de la Judicatura, para poner en marcha dichas dependencias se requieren 259 jueces constitucionales, quienes estarán habilitados a escala nacional: 184 jueces de primera instancia y 75 jueces de segunda instancia. Las vacantes de jueces constitucionales se llenarán mediante un concurso público para seleccionarlos y la capacitación de jueces multicompetentes. El 28 de noviembre último se aprobaron los perfiles técnicos para jueces de primer nivel y de cortes provinciales especializados en esa área.
Se planifica que, para alcanzar el número de 259 jueces necesarios, 37 jueces especializados para primera instancia serán seleccionados en concurso público, cuya ejecución se iniciará inmediatamente; 147 jueces multicompetentes para primera instancia serán capacitados en materia constitucional; y 75 jueces especializados para segunda instancia serán seleccionados en concurso público.
Los 259 jueces especializados, repartidos en las 167 dependencias judiciales, estarán en 23 salas ubicadas en 23 capitales de provincia, excepto Galápagos, que será cubierto por Guayas. (I)
Fuente: El Universo