La carrera presidencial de Mario Vizcarra, líder del partido Perú Primero, enfrenta un obstáculo legal que parece insalvable. A pesar de haber cumplido una pena impuesta hace más de dos décadas, la vigencia de la Ley 30717 amenaza con excluirlo de las elecciones generales de 2026. Esta normativa prohíbe taxativamente la postulación de personas condenadas por delitos de corrupción, sin importar si ya fueron rehabilitadas.
El origen de este conflicto legal se remonta a octubre de 2005, cuando la Sala Mixta de Moquegua halló a Vizcarra responsable de delitos graves contra la administración pública. El fallo judicial lo sentenció por peculado, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Los hechos ocurrieron mientras Mario Vizcarra ejercía como presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR) de Moquegua, entidad que antecedió a lo que hoy conocemos como el Gobierno Regional. En aquel periodo, comprendido entre enero y julio de 2001, el ahora candidato incurrió en irregularidades financieras al percibir dos ingresos simultáneos provenientes del erario público.
De acuerdo con la investigación, el político cobraba su remuneración estatal al tiempo que recibía honorarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Lo cuestionable es que ambos pagos se originaban en fondos del Estado. Aunque la defensa de Vizcarra intentó justificar que se trataba de una «asignación especial», la justicia determinó que el imputado conocía perfectamente que los fondos provenían del Ministerio de la Presidencia.
Cargos y condena detallada
La justicia peruana fue enfática al señalar que Vizcarra utilizó su grado de instrucción para evadir los controles administrativos. Para facilitar el contrato con el PNUD, el exfuncionario firmó un documento donde aseguraba no tener vínculos laborales con el Estado, una afirmación que resultó ser falsa.
| Delito Imputado | Sanción Impuesta | Reparación Civil |
|---|---|---|
| Peculado y Falsedad Genérica | 3 años de prisión suspendida | 3.000 soles |
El tribunal de aquel entonces consideró atenuantes como la ausencia de antecedentes penales y su disposición a colaborar con el proceso, lo que evitó que fuera a prisión efectiva.
El misterio de la reparación civil
Uno de los puntos más controvertidos actualmente es el pago de la reparación civil de 3.000 soles. Recientemente, el Poder Judicial, bajo la resolución del juez Roger Chacón, declaró la prescripción del pago. Esto ocurrió porque pasaron más de 10 años sin que el Gobierno Regional de Moquegua ni la Fiscalía exigieran formalmente el abono.
Por su parte, el abogado de Vizcarra, Alejandro Salas, asegura que su cliente cumplió con todas sus obligaciones, aunque admite que no conservan los comprobantes físicos por el paso del tiempo.
«Yo cumplí absolutamente con todo. Puede haber algún pago que se hizo y que ya no tengo a la mano»
, habría manifestado el político según su defensa legal. Sin embargo, la sombra de la inhabilitación bajo la Ley 30717 sigue siendo el principal enemigo de sus aspiraciones presidenciales para el 2026.
Fuente: Infobae