En un movimiento que redefine la seguridad nacional en el Cono Sur, el Gobierno de Argentina ha oficializado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo de reformar integralmente el sistema de espionaje. Esta medida, impulsada por el presidente Javier Milei, otorga a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) una autoridad centralizada para controlar todos los flujos de información estratégica del país.
Uno de los puntos que genera mayor impacto es la nueva facultad del personal de inteligencia para aprehender personas. Según el decreto, los agentes podrán realizar detenciones en situaciones de flagrancia o bajo requerimiento judicial, debiendo notificar de inmediato a las fuerzas policiales tradicionales. Esta ampliación de poderes busca, según el texto oficial, dar una respuesta más ágil ante amenazas críticas.
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Nueva estructura y agencias especializadas
El plan de reordenamiento no solo incrementa el poder de supervisión, sino que también rediseña el organigrama del espionaje argentino. El documento, que lleva la firma de todo el Gabinete de Ministros, establece la disolución de antiguas áreas para dar paso a organismos con enfoques tecnológicos y operativos modernos:
| Organismo Anterior | Nueva Denominación | Función Clave |
|---|---|---|
| Agencia de Seguridad Nacional | Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) | Prevención de infiltración y sabotaje |
| Agencia Federal de Ciberseguridad | Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) | Operaciones en el ámbito digital |
| División de Asuntos Internos | Inspectoría General de Inteligencia (IGI) | Fiscalización del sistema |
Asimismo, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC). Este ente funcionará de forma descentralizada bajo la Jefatura de Gabinete y tendrá la responsabilidad crítica de proteger la infraestructura tecnológica esencial y los servicios públicos ante ciberataques de escala nacional.
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Blindaje de información y redes de inteligencia
La normativa es enfática en el carácter reservado y encubierto de todas las operaciones. El objetivo es blindar las acciones estatales para minimizar el Riesgo Estratégico Nacional. El decreto define de manera estricta que:
“Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad”
Para fortalecer la obtención de datos, se han conformado dos grandes redes de cooperación. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional integrará a las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad bajo la conducción de la SIDE. Por otro, la Comunidad Informativa Nacional obligará a organismos como Migraciones, Aduanas y entes del área nuclear a suministrar información clave para el análisis del Estado.
Finalmente, el nuevo marco legal permite que los organismos de inteligencia gestionen sus propios sistemas de seguridad para repeler agresiones contra sus bienes o personal, marcando un endurecimiento en la protección de los activos de defensa nacional en Argentina.
Fuente: Infobae